{"id":15051,"date":"2018-04-02T13:46:41","date_gmt":"2018-04-02T13:46:41","guid":{"rendered":"http:\/\/pldaldia.com\/portada\/?p=15051"},"modified":"2018-04-10T13:47:39","modified_gmt":"2018-04-10T13:47:39","slug":"primarias-internas-y-post-verdad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/primarias-internas-y-post-verdad\/","title":{"rendered":"Primarias Internas y Post-verdad"},"content":{"rendered":"<p>Cuando se dicta una sentencia, en materia constitucional, con car\u00e1cter de lo irrevocablemente juzgado, se considera que el proceso judicial ha concluido; y que esa decisi\u00f3n, por consiguiente, tiene car\u00e1cter obligatorio y resulta vinculante para todos los \u00f3rganos del Estado.<\/p>\n<p>Eso es as\u00ed en cualquier lugar del mundo, salvo, al parecer, en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n<p>En nuestro pa\u00eds puede haberse dictado una sentencia, como efectivamente ocurri\u00f3, por parte de la Suprema Corte de Justicia, en funciones constitucionales, y estimarse que la misma no resulta obligatoria en su cumplimiento para otras instituciones del Estado.<\/p>\n<p>Por ejemplo, la sentencia de fecha 16 de marzo de 2005 consider\u00f3 que la ley n\u00famero 286-54, que impon\u00eda a los partidos pol\u00edticos la celebraci\u00f3n de elecciones primarias para la escogencia de candidatos a cargos de elecci\u00f3n popular, de manera abierta y simult\u00e1nea, era nula por ser contraria a la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica.<\/p>\n<p>En una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 277 de nuestra Carga Magna, hay quienes han argumentado que a lo \u00fanico que se est\u00e1 obligado en virtud de esa sentencia es a que ning\u00fan otro tribunal pueda realizar una revisi\u00f3n de la misma.<\/p>\n<p>Eso significar\u00eda que como lo que se procura no es una nueva revisi\u00f3n judicial del tema, sino la introducci\u00f3n de un nuevo proyecto de ley que establezca lo mismo que ya hab\u00eda sido previamente anulado, no habr\u00eda inconveniente en que pudiese ser conocido por las c\u00e1maras legislativas.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed, como puede observarse, no se niega la existencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declar\u00f3 la nulidad de la medida de ordenar a los partidos la celebraci\u00f3n de primarias internas abiertas y simult\u00e1neas. Se intenta, m\u00e1s bien, mediante un mecanismo de interpretaci\u00f3n equ\u00edvoca, limitar el alcance de la referida decisi\u00f3n judicial a que no pueda someterse a una nueva revisi\u00f3n por parte de otro \u00f3rgano jurisdiccional.<\/p>\n<p>Se procura establecer que la misma no sea vinculante a los dem\u00e1s \u00f3rganos del Estado; y se estima, que lo que fue considerado nulo por inconstitucional, puede ser obviado y reintroducido por ante las c\u00e1maras legislativas, porque, al fin y al cabo, no se le est\u00e1 pidiendo la revisi\u00f3n a un nuevo tribunal, sino, simplemente, conociendo de nuevo lo que ya hab\u00eda sido anulado.<\/p>\n<p>A esa desnaturalizaci\u00f3n o subversi\u00f3n de la realidad, es a lo que los especialistas de la teor\u00eda de la comunicaci\u00f3n y de los estudios de semi\u00f3tica consideran como un acto de post-verdad.<\/p>\n<p><strong>Naturaleza jur\u00eddica de los partidos<\/strong><\/p>\n<p>Hay quienes resultan m\u00e1s sofisticados en la argumentaci\u00f3n. Reconocen, efectivamente, que la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia, en funciones constitucionales, que anul\u00f3 la ley 286-04 del 2004 sobre las primarias abiertas y simult\u00e1neas en los partidos pol\u00edticos, no solo impide que pueda ser objeto de revisi\u00f3n por otro tribunal, sino que tambi\u00e9n aceptan el car\u00e1cter vinculante de la misma a todas las instituciones del Estado dominicano.<\/p>\n<p>Admiten, como debe ser, que ese car\u00e1cter vinculante se deriva, primero, de la resoluci\u00f3n n\u00famero 1920-03, dictada por el m\u00e1s alto tribunal del pa\u00eds, que incorpor\u00f3 el concepto de bloque de constitucionalidad a nuestro orden jur\u00eddico, en virtud del cual tienen fuerza de ley para el Estado dominicano, las decisiones constitucionales emanadas de nuestros \u00f3rganos jurisdiccionales.<\/p>\n<p>Reconocen, en segundo lugar, que luego de la proclamaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n del 2010, ese car\u00e1cter vinculante de las decisiones, en materia constitucional, de nuestros tribunales, se encuentra establecido en el art\u00edculo 184 de nuestro texto sustantivo.<\/p>\n<p>En adici\u00f3n a admitir la argumentaci\u00f3n previamente presentada, han sostenido que los partidos pol\u00edticos son instituciones de derecho privado, protegidos por el art\u00edculo 216 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, que les confiere el derecho al ejercicio de la democracia interna.<\/p>\n<p>En virtud de esas consideraciones, alegan que, en efecto, ninguna ley puede obligar a los partidos o movimientos pol\u00edticos a crear un m\u00e9todo \u00fanico, abierto o cerrado, simult\u00e1neo o independiente, para la escogencia de sus candidatos a cargos de elecci\u00f3n popular. Que eso es de la incumbencia exclusiva y libertad de cada organizaci\u00f3n o movimiento pol\u00edtico.<\/p>\n<p>Hasta ah\u00ed, impecable. Pero, seg\u00fan esa l\u00ednea de razonamiento, ha sido el Tribunal Constitucional, el cual en su sentencia 192\/15, consider\u00f3 que los partidos pol\u00edticos no son instituciones de derecho privado, sino \u201cinstituciones p\u00fablicas, de naturaleza no estatal, con base asociativa\u201d.<\/p>\n<p>Y, por supuesto, como ha sido el Tribunal Constitucional el que ha considerado que los partidos son instituciones p\u00fablicas, aunque en sus tesis originales consideraban que ninguna ley pod\u00eda obligar a los partidos a tener primarias abiertas y simult\u00e1neas, ahora, debido a esa decisi\u00f3n adoptada por el \u00f3rgano constitucional, no les quedaba otra alternativa que no fuese aceptar esa nueva realidad, aunque estuviese en conflicto con sus argumentos iniciales.<\/p>\n<p>No cabe dudas de que quienes esgrimen esos planteamientos tienen un gran sentido del humor. Ante la imposibilidad de ocultar sus puntos de vista originales, los modifican, realizando una interpretaci\u00f3n antojadiza de lo considerado por el Tribunal Constitucional.<\/p>\n<p>Nuestra jurisdicci\u00f3n constitucional, al tiempo de decir que los partidos pol\u00edticos son instituciones p\u00fablicas, aclara inmediatamente, que lo son de naturaleza asociativa, no estatal.<\/p>\n<p>Al decir que eran de naturaleza asociativa, no estatal, \u00bfno estaba se\u00f1alando el Tribunal Constitucional que los partidos pol\u00edticos son, por v\u00eda de consecuencia, de naturaleza privada? \u00bfConocemos en la Rep\u00fablica Dominicana instituciones p\u00fablicas, que al mismo tiempo no sean instituciones del Estado? \u00bfEs posible que haya algo p\u00fablico que tenga un car\u00e1cter no estatal? Por el contrario, \u00bfpuede haber, a su vez, alguna instituci\u00f3n del Estado que al mismo tiempo tenga car\u00e1cter asociativo?<\/p>\n<p>Es evidente que por esa v\u00eda de razonamiento no se llega m\u00e1s que al desvar\u00edo intelectual, al dislate, y nuevamente, a una adulteraci\u00f3n de la realidad, que al perseguir fines pol\u00edticos, constituye parte de eso que se ha denominado como la post-verdad.<\/p>\n<p><strong>Precedentes vinculantes<\/strong><\/p>\n<p>Una tercera forma de abordar la sentencia de la Suprema Corte que anul\u00f3 la ley 286-04, sobre elecciones primarias abiertas y simult\u00e1neas en los partidos pol\u00edticos, parte del reconocimiento de que, en realidad, primero, la referida sentencia tiene car\u00e1cter vinculante a todos los \u00f3rganos del Estado; y segundo, de que, en efecto, los partidos pol\u00edticos son instituciones de derecho privado.<\/p>\n<p>Eso dejar\u00eda sin mucha fuerza las dos corrientes de opini\u00f3n previamente esbozadas. En esencia, si la decisi\u00f3n de la Suprema Corte se impone a las c\u00e1maras legislativas y los partidos no son instituciones del Estado, entonces es evidente que no puede introducirse un nuevo proyecto de ley a los mismos fines de la ley que ya hab\u00eda sido objeto de nulidad.<\/p>\n<p>Sin embargo, lo que se plantea en esta nueva l\u00ednea de argumentaci\u00f3n, es que las decisiones definitivas e irrevocables que establecen precedentes vinculantes a todos los \u00f3rganos del Estado no tienen, sin embargo, la categor\u00eda de cl\u00e1usulas p\u00e9treas, esto es, de algo indefinidamente invariable, sino que podr\u00edan ser objeto de modificaciones en el futuro.<\/p>\n<p>El razonamiento resulta v\u00e1lido. Es verdad, los precedentes vinculantes no tienen naturaleza infinita; no tienen que ser decisiones invariables en el tiempo. Pero tampoco pueden ser modificados en forma caprichosa o arbitraria, sujetos a la voluntad subjetiva de quien habr\u00eda de dirimir el conflicto.<\/p>\n<p>Por el contrario, para modificar una decisi\u00f3n constitucional que tiene car\u00e1cter vinculante para todas las instituciones p\u00fablicas, se requiere que surjan situaciones o circunstancias, de hecho y de derecho, diferentes a las que dieron lugar a la primera decisi\u00f3n.<\/p>\n<p>M\u00e1s a\u00fan, los jueces que conocen de esa instancia tendr\u00edan que motivar, de manera rigurosa, los fundamentos de su decisi\u00f3n, ya que estar\u00edan variando un precedente constitucional, que se estima fue debidamente sustanciado por magistrados con la probidad y autoridad judicial competente para hacerlo.<\/p>\n<p>Por consiguiente, si bien es cierto que un precedente constitucional vinculante puede ser modificado en el tiempo, por la ocurrencia de acontecimientos distintos a los que precedieron la decisi\u00f3n anterior, no es menos cierto que hasta que esa modificaci\u00f3n pudiese tener lugar, lo que predomina en el ordenamiento jur\u00eddico y prevalece como parte del bloque de constitucionalidad, es la sentencia que declar\u00f3 la nulidad de la ley objeto de consideraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Hasta ahora, lo que resulta como verdad irrefutable es que la ley 286-04, que consagraba las elecciones primarias de los partidos pol\u00edticos, como abiertas y simult\u00e1neas, fue considerada como contraria a la Constituci\u00f3n, y por v\u00eda de consecuencia, nula.<\/p>\n<p>Todos los argumentos esgrimidos con la finalidad de desconocer esa realidad, desvirtuarla, distorsionarla o subvertirla, ocupan un lugar especial en el reino de la post-verdad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando se dicta una sentencia, en materia constitucional, con car\u00e1cter de lo irrevocablemente juzgado, se considera que el proceso judicial ha concluido; y que esa decisi\u00f3n, por consiguiente, tiene car\u00e1cter obligatorio y resulta vinculante para todos los \u00f3rganos del Estado. 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