Los procesos de democratizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, as\u00ed como de reforma y modernizaci\u00f3n del Estado, impulsados por las crecientes demandas de una ciudadan\u00eda m\u00e1s exigente, obligan a la construcci\u00f3n de nuevos escenarios para el dise\u00f1o, formulaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas.
\nDurante las \u00faltimas d\u00e9cadas, ha surgido la necesidad por parte de la ciudadan\u00eda de ser part\u00edcipe de las decisiones relevantes de alcance nacional, as\u00ed tambi\u00e9n como de aquellas cotidianas de sus espacios locales, tales como provincia, municipios.
\nEllo implica demandas de cambios fundamentales no solo en las estructuras pol\u00edticas, econ\u00f3micas y sociales de la sociedad, sino que tambi\u00e9n en una mayor representaci\u00f3n y participaci\u00f3n en la gesti\u00f3n de la cosa p\u00fablica.
\nEl seguimiento al accionar del Estado por parte de la ciudadan\u00eda es cada vez m\u00e1s asiduo, influenciada, en cierto modo, tanto por los diferentes medios de comunicaci\u00f3n, incluyendo las redes, como por las mismas personas quienes muestran un mayor inter\u00e9s por los distintos asuntos que conlleva la gesti\u00f3n estatal.
\nA pesar de ese inter\u00e9s manifiesto, la sociedad intenta a\u00fan de ejercer control a la gesti\u00f3n p\u00fablica a trav\u00e9s de formas no institucionalizadas y acciones informales, mediante las cuales se expresan necesidades y se manifiesta inconformidad frente a decisiones y acciones de las autoridades.
\nComo forma de ir superando esa falta de institucionalidad, las personas creativamente acuden a una gran variedad de instrumentos para el control de lo p\u00fablico como los foros, los planes de acci\u00f3n compartidos, las alianzas con \u00f3rganos de control estatal, los medios de comunicaci\u00f3n, las redes, entre otros.
\nAnte este escenario el Estado debe llevar a cabo acciones encaminadas a formalizar estas pr\u00e1cticas, con motivo de alcanzar mejores condiciones de gobernabilidad y legitimidad.
\nLas formas institucionalizadas de control social a la gesti\u00f3n p\u00fablica deben quedar establecidas como derecho y deber de las personas para vigilar, revisar, monitorear, evaluar y orientar la gesti\u00f3n estatal, sus resultados, servicios y transparencia.
\nEn la Rep\u00fablica Dominicana, pese a que han existido avances en la creaci\u00f3n de mecanismos de control social en la administraci\u00f3n p\u00fablica, estos tienen relaci\u00f3n principalmente con acceso a la informaci\u00f3n, control financiero, compras y contrataciones, reconociendo, m\u00e1s bien, un rol pasivo a la ciudadan\u00eda, \u00fanicamente como receptora de informaci\u00f3n.
\nNo existe en nuestro pa\u00eds una institucionalizaci\u00f3n profunda del control social a trav\u00e9s de espacios estatales exclusivamente dedicados a este rol, que posibiliten el establecimiento de instancias de observaci\u00f3n ciudadana que sean realmente convocantes, tal como s\u00ed ha ocurrido en otros pa\u00edses de la regi\u00f3n.
\nEntre los t\u00edmidos avances que se pudieran mostrar en la Rep\u00fablica Dominicana en materia de control social cabe se\u00f1alar el contenido del art\u00edculo 246 de la Constituci\u00f3n del 2010, cuando establece que
\n\u201cel control y fiscalizaci\u00f3n sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos p\u00fablicos se llevar\u00e1 a cabo por el Congreso Nacional, la C\u00e1mara de Cuentas, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a trav\u00e9s de los mecanismos establecidos en las leyes\u201d.
\nDe igual manera, la Ley 10-04 dispone en su art\u00edculo 7, ac\u00e1pite 4 que: \u201cla sociedad dominicana a trav\u00e9s de sus entes aut\u00e9nticamente conformados y con representaci\u00f3n leg\u00edtima, tiene el derecho y la obligaci\u00f3n de contribuir con los organismos de control externo e interno y con los especializados en la prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n de la corrupci\u00f3n, para que los recursos p\u00fablicos sean utilizados dentro del marco de la ley, con transparencia, eficiencia y econom\u00eda. Para tal efecto, los organismos p\u00fablicos deber\u00e1n facilitarle la informaci\u00f3n pertinente y la asesor\u00eda y mecanismos de coordinaci\u00f3n, dentro del marco de su competencia\u201d. \u201cP\u00e1rrafo. – A los fines indicados en el ac\u00e1pite anterior, las organizaciones de la sociedad civil tendr\u00e1n acceso a la C\u00e1mara de Cuentas para canalizar sus observaciones y sugerencias\u201d.
\nEn igual sentido, mediante Decreto 188-14 del 4 de junio de 2014 se crearon las Comisiones de Veedur\u00eda Ciudadana, \u201cpara observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones que se realicen las instituciones donde fueron integradas\u201d
\nCabe resaltar que en la actualidad reposa en el Congreso Nacional, un proyecto de ley Org\u00e1nica sobre Derechos de Participaci\u00f3n Ciudadana y Mecanismos de Control Social, con el objetivo \u201cRegular y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participaci\u00f3n ciudadana y los mecanismos de control social establecidos por la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica\u201d.
\nSe hace necesario que los legisladores aprueben dicho proyecto de Ley, ya que con tal acci\u00f3n se contribuir\u00e1 de manera significativa a mejorar y fortalecer los mecanismos de control social que existen en la Rep\u00fablica Dominicana. Adem\u00e1s, brindar\u00e1 a las personas, la oportunidad de contribuir con su accionar al fortalecimiento de la institucionalidad y la calidad de la democracia
\nDesde esta perspectiva, el control social se constituye en un mecanismo esencial para el bienestar de la sociedad y la actuaci\u00f3n de la gesti\u00f3n p\u00fablica, al permitir el ejercicio de pr\u00e1cticas y actividades direccionadas hacia la defensa de intereses colectivos, por parte de ciudadanos organizados y activados para participar en decisiones promovidas por el Estado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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