Por: Carlos McCoy | Judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica o politizaci\u00f3n de la justicia<\/p>\n
El t\u00e9rmino \u00ablawfare\u00bb se refiere al uso de procedimientos legales para la persecuci\u00f3n pol\u00edtica, buscando desacreditar o inhabilitar a adversarios mediante el sistema judicial. En Am\u00e9rica Latina, varios l\u00edderes progresistas han denunciado ser v\u00edctimas de esta estrategia.<\/p>\n
Casos relevantes<\/p>\n
El proceso de Luiz In\u00e1cio Lula da Silva representa uno de los ejemplos m\u00e1s notorios de lawfare en la regi\u00f3n. En 2018, fue encarcelado tras ser condenado por supuestos actos de corrupci\u00f3n en el caso \u00abLava Jato\u00bb. Sin embargo, la filtraci\u00f3n de comunicaciones entre los fiscales y el entonces juez Sergio Moro \u2014reveladas por The Intercept Brasil en 2019\u2014 evidenci\u00f3 una clara parcialidad en el proceso judicial. Estas revelaciones condujeron a la anulaci\u00f3n de sus condenas por el Supremo Tribunal Federal en 2021, permitiendo su posterior retorno al poder en 2023.<\/p>\n
La destituci\u00f3n de Dilma Rousseff en 2016 constituye otro caso paradigm\u00e1tico. El proceso, basado en supuestos desv\u00edos fiscales \u2014maniobras presupuestarias comunes en la administraci\u00f3n p\u00fablica brasile\u00f1a\u2014, careci\u00f3 de pruebas contundentes sobre delitos personales, lo que llev\u00f3 a muchos analistas a calificarlo como un \u00abgolpe parlamentario\u00bb.<\/p>\n
En Argentina,<\/p>\n
La expresidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner ha enfrentado m\u00e1s de doce causas judiciales por presunta corrupci\u00f3n. En diciembre de 2022, fue condenada a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos en la causa \u00abVialidad\u00bb. La sentencia, criticada por juristas internacionales por inconsistencias procesales, coincidi\u00f3 con un momento de alta tensi\u00f3n pol\u00edtica en el pa\u00eds.<\/p>\n
En Ecuador,<\/p>\n
Rafael Correa fue condenado en ausencia por supuesta corrupci\u00f3n en el caso \u00abSobornos 2012-2016\u00bb, recibiendo una sentencia de ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n en 2020. Esta condena, que le impidi\u00f3 participar en procesos electorales, ha sido cuestionada por observadores internacionales debido a irregularidades procedimentales y la celeridad inusual del proceso.<\/p>\n
En Bolivia,<\/p>\n
Evo Morales enfrent\u00f3 acusaciones de terrorismo y sedici\u00f3n tras su controvertida renuncia en 2019. El papel cuestionado de la OEA en las denuncias de fraude electoral, posteriormente refutadas por estudios independientes del MIT y otros centros acad\u00e9micos, a\u00f1adi\u00f3 una dimensi\u00f3n internacional al caso<\/p>\n
.<\/p>\n
En Paraguay<\/p>\n
La destituci\u00f3n de Fernando Lugo mediante un juicio pol\u00edtico sumar\u00edsimo de 24 horas en 2012 estableci\u00f3 un precedente preocupante en la regi\u00f3n. El caso, que viol\u00f3 garant\u00edas b\u00e1sicas del debido proceso, fue condenado por diversos organismos internacionales.<\/p>\n
En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha denunciado ser v\u00edctima de \u00ablawfare\u00bb debido a las constantes investigaciones y acusaciones en su contra, que seg\u00fan \u00e9l buscan desestabilizar su gobierno e impedir reformas importantes sobre distribuci\u00f3n de tierras y justicia social.<\/p>\n
En Per\u00fa, el caso de Pedro Castillo muestra otro ejemplo del uso de herramientas legales para fines pol\u00edticos. Desde su elecci\u00f3n, el Congreso, controlado por la oposici\u00f3n, lo destituy\u00f3 por \u00abincapacidad moral permanente\u00bb.<\/p>\n
En Honduras, Manuel Zelaya fue derrocado y expulsado del pa\u00eds en 2009 por \u00f3rdenes de la Corte Suprema, acusado de traici\u00f3n a la patria. Actualmente, Zelaya es el primer caballero de Honduras, ya que su esposa, Xiomara Castro, es la presidenta de la naci\u00f3n.<\/p>\n
En Rep\u00fablica Dominicana se lleg\u00f3 al extremo de implementar el \u00ablawfare preventivo\u00bb para limitar la participaci\u00f3n de importantes l\u00edderes en la vida pol\u00edtica del pa\u00eds.<\/p>\n
El caso de Estados Unidos<\/p>\n
El ejemplo m\u00e1s reciente de \u00ablawfare\u00bb es el del expresidente Donald Trump en Estados Unidos, pa\u00eds de origen del t\u00e9rmino. El magnate fue acusado de 34 delitos con el objetivo de inhabilitarlo como candidato en los comicios de 2024. Sin embargo, lejos de perjudicarlo, el proceso lo impuls\u00f3 a ganar las elecciones presidenciales con una de las victorias de mayor contundencia en la historia electoral de USA.<\/p>\n
Trump logr\u00f3 la mayor\u00eda del voto popular, los colegios electorales, el Senado, la C\u00e1mara de Representantes y varias gobernaciones estatales. Esto le otorga un control casi absoluto del gobierno, un escenario pocas veces visto en la historia contempor\u00e1nea de esta Naci\u00f3n.<\/p>\n
Conclusi\u00f3n<\/p>\n
El \u00ablawfare\u00bb parece haber fracasado en su propia cuna, dejando en evidencia sus limitaciones como herramienta de persecuci\u00f3n pol\u00edtica y subrayando la capacidad de ciertos actores de sobreponerse a estos intentos de marginaci\u00f3n. Este patr\u00f3n plantea interrogantes fundamentales sobre la efectividad del lawfare en su funci\u00f3n de instrumento pol\u00edtico y subraya la necesidad de fortalecer la independencia judicial en las democracias contempor\u00e1neas. La creciente conciencia p\u00fablica sobre estas pr\u00e1cticas podr\u00eda estar contribuyendo a su p\u00e9rdida de eficacia como mecanismo de control pol\u00edtico y pudiera convertirse en un bumer\u00e1n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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