Por: WELKIN CUEVAS | En el ordenamiento dominicano, varias disposiciones convergen con la finalidad de que la transparencia prevalezca en la consecuci\u00f3n de los bienes y servicios p\u00fablicos de inter\u00e9s general.<\/p>\n
Desde la Constituci\u00f3n, que el art\u00edculo 138 sit\u00faa -la transparencia- en los principios a los que debe sujetase la Administraci\u00f3n P\u00fablica en su actuaci\u00f3n; y en el art\u00edculo 147 la recalca como una garant\u00eda que el Estado debe prever en todos los procedimientos con los que brinde los servicios p\u00fablicos, tanto si lo hace directamente; o por delegaci\u00f3n de concesi\u00f3n, asociaci\u00f3n, transferencia de propiedad accionaria u otras modalidades contractuales; en todos debe instruir garant\u00eda de transparencia.<\/p>\n
A su vez, la Ley n\u00fam. 340-06, enfatiza que las contrataciones p\u00fablicas se desarrollar\u00e1n en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basar\u00e1 en la publicidad mediante la gesti\u00f3n de los procesos a trav\u00e9s de tecnolog\u00edas que apoyen la eficiencia y faciliten la difusi\u00f3n y el libre acceso de la sociedad a las informaciones y actuaciones inherentes.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Ley 200-04, profundiza la transparencia, consignando la obligaci\u00f3n de que los poderes p\u00fablicos hagan de libre acceso p\u00fablico las actividades administrativas referidas a presupuestos, proyectos, licitaciones, etc., ampliando sus est\u00e1ndares con las leyes 247-12 Org\u00e1nica de la Administraci\u00f3n P\u00fablica y 107-13 de Derechos de las Personas en Relaci\u00f3n con la Administraci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, las conclusiones en investigaciones hist\u00f3ricas sobre contrataciones en los sectores de la construcci\u00f3n de obras, concesiones y permisos, consolidadas en el Informe: \u201cLa Corrupci\u00f3n: Caracter\u00edsticas y Consecuencias en Rep\u00fablica Dominicana\u201d, de Participaci\u00f3n Ciudadana, marzo de 2013; identifican potenciales irregularidades en la adjudicaci\u00f3n sin licitaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
En la actualidad, igual observamos en los medios de comunicaci\u00f3n, las opiniones de la ciudadan\u00eda sobre los contratos por procesos de excepci\u00f3n para arrendamientos de inmuebles que alojan dependencias estatales; entre ellas, para escenario concreto referimos las que con m\u00e1s vehemencia se mencionan, la Oficina Gubernamental de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y la Direcci\u00f3n de Pasaportes.<\/p>\n
En nuestra opini\u00f3n, estos hechos son s\u00edntomas de que no obstante existen dichas normas sobre transparencia, en la pr\u00e1ctica parece que su cumplimiento efectivo no se concretiza, generando la duda de que procesos similares pudieran ocurrir tambi\u00e9n en otras entidades del Estado Dominicano, siendo esto una problem\u00e1tica latente y amplia, cuyo reclamo de soluciones son un anhelo de inter\u00e9s social.<\/p>\n
Las causas de la desconfianza que genera ese controvertido esquema contractual apuntan, entre otras, a la exorbitante, y por tanto irracional suma de dinero p\u00fablico que gastan dichos contratos; adem\u00e1s que se generan sin la implementaci\u00f3n de licitaci\u00f3n p\u00fablica -cuyo procedimiento se asocia m\u00e1s con la transparencia, porque el mismo s\u00ed requiere convocatorias abiertas para que todos los interesados puedan ser oferentes en libre competencia. Mientras con los procesos de excepci\u00f3n, en cambio, se selecciona con exclusividad de proveedor \u00fanico o un reducido n\u00famero de oferentes, preconcebidos.<\/p>\n
Desde luego tambi\u00e9n hay opiniones que concuerdan con las perspectivas de transparencia que ofrecen las autoridades responsables de las instituciones que prefieren ese tipo de procesos, de los que alegan que son reconocidos por la citada ley 340-06, soslayando de ella en cambio, que sus aludidas excepciones son condicionadas no solo a la transparencia en su sentido cl\u00e1sico de la publicad y el libre acceso, sino que misma ley adem\u00e1s insta a no utilizar las excepciones para pr\u00e1cticas corruptas.<\/p>\n
En fin, la algidez del tema infiere que, en la percepci\u00f3n colectiva no se despeja la duda de las malas pr\u00e1cticas proh\u00edbidas en el art\u00edculo 11 de dicha ley contractual, sino que, la versi\u00f3n oficial queda en contexto ambiguo, incompatible con la diafanidad y claridad que caracterizan a la transparencia.<\/p>\n
En resumen, interpretamos que el imaginario colectivo ya no se conforma con la transparencia dise\u00f1ada para su concreci\u00f3n a trav\u00e9s de la publicidad y el libre acceso en portales web; sino que la misma sociedad est\u00e1 construyendo nuevos paradigmas de la transparencia p\u00fablica real, no aparente; y, en consecuencia, es razonable que en esa direcci\u00f3n tambi\u00e9n act\u00faen los poderes p\u00fablicos.<\/p>\n
De ese modo concluimos recomendando aunar las normas de contrataci\u00f3n p\u00fablica con el esp\u00edritu de Ley de Funci\u00f3n P\u00fablica 41-08, en los valores y principios de \u00e9tica, moral y disciplina con los que esta \u00faltima enfoca a los funcionarios y empleados p\u00fablicos, destacando sobre ellos la necesidad de iniciativas que les inculquen la cultura de transparencia para su concreci\u00f3n en la conducta humana, reflejada en integridad, probidad, honestidad, honradez y entereza: integrales en sus decisiones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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