Por: Luis Garc\u00eda | No tengo la menor duda de que las redes sociales y otras plataformas digitales se han convertido en el vertedero de la comunicaci\u00f3n y, por lo tanto, algo hay que hacer para que prevalezcan sin afectaci\u00f3n los derechos de libertad de expresi\u00f3n y del honor de las personas.<\/p>\n
El problema reside en el qu\u00e9 hacer, porque la soluci\u00f3n no s\u00f3lo radica en la aprobaci\u00f3n de nuevos marcos regulatorios de los pa\u00edses democr\u00e1ticos, sino en que las grandes transnacionales que gobiernan el ciberespacio comunicacional global no tienen en sus esquemas de negocio las sanciones a los delitos de palabra.<\/p>\n
A prop\u00f3sito de delitos de palabra, como la difamaci\u00f3n, la injuria y la ofensa, en Rep\u00fablica Dominicana funcionarios p\u00fablicos tienen sometidos ante la justicia a \u201cinfluencers\u201d, bajo el alegato de que han lesionado sus derechos al honor, a la intimidad, la dignidad o la moral.<\/p>\n
En vista de que los referidos derechos, emanados de la personalidad, entran en la categor\u00eda de irrenunciables, inalienables e imprescriptibles, a nadie se le puede negar que los ejerza en una sociedad democr\u00e1tica.<\/p>\n
La cuesti\u00f3n no resulta tan sencilla cuando se trate de funcionarios p\u00fablicos, debido a que, por la naturaleza de las labores que realizan, se encuentran m\u00e1s expuestos al escrutinio social. Y en este sentido, la doctrina y la jurisprudencia han venido posicionando el criterio de mayor tolerancia y amplitud.<\/p>\n
Estos, entonces, se mueven frente a la situaci\u00f3n de exponer m\u00e1s en su intimidad o el honor que quienes se encuentran fuera de la esfera p\u00fablica. Indudablemente que el precio a pagar ser\u00e1 m\u00e1s alto y que, t\u00e1citamente, viene incluido en los decretos y otras medidas administrativas del Poder Ejecutivo o de elecci\u00f3n popular.<\/p>\n
El car\u00e1cter de inter\u00e9s p\u00fablico habr\u00e1 de prevalecer motivado a que la protecci\u00f3n a la libertad de expresi\u00f3n respecto de las opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un leg\u00edtimo inter\u00e9s de mantenerse informada.<\/p>\n
Nuestro Tribunal Constitucional, en la Sentencia TC\/0011\/12, estableci\u00f3 las bases para la delimitaci\u00f3n del inter\u00e9s relevante de las informaciones vinculadas a las personalidades p\u00fablicas.<\/p>\n
En ese sentido, considera que las personas p\u00fablicas o que voluntariamente adoptan tal condici\u00f3n ante un hecho, deben tolerar un cierto mayor grado de injerencia en sus derechos de la personalidad. Mientras que en TC\/0084\/13, del 4 de junio de 2013, indic\u00f3 lo siguiente: \u201cRespecto de las limitaciones de la protecci\u00f3n de la vida privada de los funcionarios p\u00fablicos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha se\u00f1alado mediante jurisprudencia que nos vincula y respecto de la cual este tribunal expresa su conformidad que en una sociedad democr\u00e1tica los funcionarios p\u00fablicos est\u00e1n m\u00e1s expuestos al escrutinio y a la cr\u00edtica del p\u00fablico. Este diferente umbral de protecci\u00f3n se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio m\u00e1s exigente\u201d.<\/p>\n
Sin que se pretenda limitar sus derechos al honor, a la intimidad, la dignidad y la moral, los funcionarios p\u00fablicos deben reflexionar bien si los ejercen por delitos de palabra, en la raz\u00f3n de que muchas veces hasta ganando, pierden.<\/p>\n
Esto as\u00ed, en virtud de que se trata de procesos largos y tediosos, hay que pagar costosos abogados, distraen tiempo de sus funciones y se ven obligados a escuchar cosas que no quieren o\u00edr.
\nTodo el que se mueva en la esfera p\u00fablica debe comprender que las libertades de informaci\u00f3n y la de expresi\u00f3n, se ejercen sobre temas que tienen la condici\u00f3n de ser de inter\u00e9s p\u00fablico, y estos hechos, regularmente, arrastran consigo a sus actores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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