Por: Yulibelys Wandelpool | La Ley n\u00fam. 47-25 sobre Compras y Contrataciones P\u00fablicas, recientemente promulgada en la Rep\u00fablica Dominicana, representa un paso importante en la modernizaci\u00f3n del r\u00e9gimen de contrataciones del Estado. Incorpora herramientas de trazabilidad, planificaci\u00f3n anual y criterios de sostenibilidad. Sin embargo, una revisi\u00f3n detallada de su contenido revela una modificaci\u00f3n normativa que podr\u00eda debilitar el blindaje \u00e9tico en los procesos de contrataci\u00f3n: la exclusi\u00f3n de los familiares en tercer grado de consanguinidad, como t\u00edos y sobrinos, del r\u00e9gimen de inhabilidades.<\/p>\n
Esta omisi\u00f3n marca un cambio respecto a la derogada Ley n\u00fam. 340-06, que s\u00ed contemplaba la prohibici\u00f3n hasta el tercer grado. Su impacto jur\u00eddico merece atenci\u00f3n, especialmente a la luz de lo dispuesto por el art\u00edculo 38 de la nueva ley.<\/p>\n
Inhabilidades absolutas y relativas: \u00bfqu\u00e9 proh\u00edbe la Ley 47-25?<\/p>\n
El art\u00edculo 38 de la Ley 47-25 establece dos categor\u00edas de prohibiciones para contratar con el Estado: inhabilidades absolutas y relativas.<\/p>\n
En cuanto a las inhabilidades absolutas, quedan completamente impedidos de participar en cualquier procedimiento de contrataci\u00f3n p\u00fablica: Los parientes del presidente ni del vicepresidente de la Rep\u00fablica, sean por consanguinidad o por afinidad, hasta el segundo grado, as\u00ed como los c\u00f3nyuges o parejas en uni\u00f3n libre; esto incluye las empresas en las que dichos parientes tengan participaci\u00f3n, sin importar el porcentaje o mantengan funciones de direcci\u00f3n, gerencia o participaci\u00f3n en consejos de administraci\u00f3n, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria;<\/p>\n
Este tipo de inhabilidad tiene efecto general: impide contratar con cualquier instituci\u00f3n del Estado, sin excepci\u00f3n.<\/p>\n
Nos permitimos citar el listado de servidores p\u00fablicos que incluye el Art. 38, ordinal 1 literal A, referente a las inhabilidades absolutas para contratar: El presidente y vicepresidente de la Rep\u00fablica, los ministros viceministros, el consultor jur\u00eddico del Poder Ejecutivo y los subconsultores, Abogado General de la Administraci\u00f3n P\u00fablica y sus abogados adjuntos, los senadores y diputados del Congreso Nacional, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de los dem\u00e1s tribunales del orden judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Superior Electoral, los miembros de la C\u00e1mara de Cuentas y de la Junta Central Electoral, el Defensor del Pueblo, los alcaldes y regidores de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional y los directores y vocales de los distritos municipales, el Contralor General de la Rep\u00fablica y el Subcontralor, los directores y subdirectores generales de los y entes y \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, incluyendo aquellos desconcentrados y descentralizados, el Procurador General de la Rep\u00fablica y los dem\u00e1s miembros del Ministerio P\u00fablico, los jefes y subjefes comandantes generales y subcomandantes generales de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, as\u00ed como el director y el subdirector de la Polic\u00eda Nacional, el Tesorero Nacional y el subtesorero;<\/p>\n
En cuanto a las Inhabilidades relativas, la ley tambi\u00e9n establece impedimentos m\u00e1s limitados, aplicables solo a la instituci\u00f3n donde trabaja el funcionario con el que se guarda el v\u00ednculo. En este caso, est\u00e1n inhabilitados:<\/p>\n
a) Los parientes de los dem\u00e1s funcionarios indicados en el numeral 1), literal a) de este art\u00edculo, distintos al presidente y al vicepresidente de la Rep\u00fablica, y dem\u00e1s funcionarios de primer y segundo nivel de jerarqu\u00eda de las instituciones incluidas en el art\u00edculo 2 de la presente ley, por s\u00ed o por interpuesta persona o en representaci\u00f3n de otra; sea por consanguinidad o por afinidad, hasta el segundo grado, as\u00ed como los c\u00f3nyuges, parejas en uni\u00f3n libre, con relaci\u00f3n a los procedimientos de contrataci\u00f3n desarrollados por las instituciones en las que dichos funcionarios ejerzan sus funciones;<\/p>\n
b) Las personas jur\u00eddicas en las cuales los parientes de los dem\u00e1s funcionarios distintos al presidente y al vicepresidente de la Rep\u00fablica, indicados en el numeral 1), literal a) de este art\u00edculo, sea por consanguinidad o por afinidad, hasta el segundo grado, los c\u00f3nyuges, parejas en uni\u00f3n libre tengan participaci\u00f3n societaria, sin importar el porcentaje de dicha participaci\u00f3n, o mantengan funciones de direcci\u00f3n, gerencia o participaci\u00f3n en consejos de (12) meses anteriores a la administraci\u00f3n, dentro de los doce convocatoria, con relaci\u00f3n a los procedimientos de contrataci\u00f3n desarrollados por las instituciones en las que dichos funcionarios ejerzan sus funciones;<\/p>\n
c) Los parientes de los servidores p\u00fablicos pertenecientes a cualquiera de las instituciones incluidas en el art\u00edculo 2 de la presente ley, sea por consanguinidad o por afinidad, hasta el segundo grado, as\u00ed como los c\u00f3nyuges, parejas en uni\u00f3n libre, con relaci\u00f3n a los procedimientos de contrataci\u00f3n desarrollados por las instituciones en las que dichos servidores ejerzan sus funciones;<\/p>\n
Estas inhabilidades aplican \u00fanicamente dentro del \u00e1mbito institucional del funcionario involucrado, no en todo el sistema de contrataciones.<\/p>\n
\u00bfY el tercer grado de consanguinidad?<\/p>\n
Seg\u00fan los art\u00edculos 737 y 738 del C\u00f3digo Civil dominicano:<\/p>\n
\u2022 El segundo grado incluye a: abuelos, nietos, y hermanos.
\n\u2022 El tercer grado incluye a: t\u00edos y sobrinos.<\/p>\n
En virtud de ello, la Ley 47-25 no impide que un sobrino de un director general, miembro del comit\u00e9 de compras o encargado de adquisiciones, pueda ser adjudicatario en un procedimiento convocado por esa misma instituci\u00f3n. Esa posibilidad, que antes estaba bloqueada por la Ley 340-06, ha quedado habilitada en el nuevo marco normativo.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 implica esto para la \u00e9tica p\u00fablica?<\/p>\n
Aunque la nueva ley fortalece aspectos t\u00e9cnicos, relaja el componente \u00e9tico al permitir contrataciones con familiares cercanos que no est\u00e1n incluidos en el segundo grado. En una administraci\u00f3n p\u00fablica donde los lazos familiares y pol\u00edticos frecuentemente se cruzan, esto representa un riesgo real para la transparencia, la imparcialidad y la confianza ciudadana.<\/p>\n
La contrataci\u00f3n p\u00fablica no puede ser evaluada solo desde la legalidad formal. Requiere tambi\u00e9n garant\u00edas de integridad estructural y ausencia de privilegios. La inclusi\u00f3n del tercer grado de consanguinidad, como antes contemplaba el sistema, proteg\u00eda al Estado de conflictos de inter\u00e9s menos evidentes, pero igualmente perjudiciales.<\/p>\n
La exclusi\u00f3n de t\u00edos y sobrinos del r\u00e9gimen de inhabilidades constituye una grieta normativa que debilita el marco de prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n. Frente a este vac\u00edo, se impone el debate legislativo y t\u00e9cnico sobre la necesidad de restablecer l\u00edmites m\u00e1s estrictos, en coherencia con los principios de objetividad, igualdad y buen uso de los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n
Porque en materia de contrataci\u00f3n estatal, la confianza no solo se gana con tecnolog\u00eda, sino tambi\u00e9n con normas claras y firmes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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