Por: Domingo Jim\u00e9nez Reyes | La emisi\u00f3n del Decreto 517-25, por parte del presidente Luis Abinader, que declara en emergencia nacional las contrataciones en el sector el\u00e9ctrico, constituye una distorsi\u00f3n de la figura de emergencia en contrataciones p\u00fablicas y una maniobra para desviar responsabilidades por la falta de planificaci\u00f3n. En el fondo, se est\u00e1 institucionalizando la ineficiencia y legalizando la improvisaci\u00f3n de quienes no planificaron a tiempo, permitiendo que los mismos actores que han conducido al sector a este profundo agujero sean ahora los protagonistas de la gesti\u00f3n de estas compras.<\/p>\n
Ninguno de los considerandos del decreto justifica un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n tan amplio: no hubo desastre natural ni calamidad imprevista, sino problemas acumulados por mala gesti\u00f3n, p\u00e9rdidas crecientes y el incumplimiento de los compromisos del Pacto El\u00e9ctrico. Todo ello ha provocado apagones que afectan la calidad de vida de las familias, golpean la productividad de los peque\u00f1os negocios y representan un golpe bajo a las finanzas p\u00fablicas, donde las transferencias para cubrir el d\u00e9ficit el\u00e9ctrico se han triplicado en proporci\u00f3n al PIB en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o 2019, en la gesti\u00f3n de Danilo Medina.
\nA continuaci\u00f3n, pongo a disposici\u00f3n de ustedes un an\u00e1lisis de los considerandos que justifican esta declaraci\u00f3n de emergencia para las compras y contrataciones en el sector el\u00e9ctrico:
\nConsiderando 1: El deber estatal de garantizar la electricidad
\nEl decreto inicia invocando el deber del Estado de garantizar el acceso universal a la energ\u00eda el\u00e9ctrica en condiciones adecuadas, dada su naturaleza de servicio p\u00fablico esencial.<\/p>\n
Es un mandato constitucional permanente, que debe cumplirse con planificaci\u00f3n, inversi\u00f3n sostenida y regulaci\u00f3n responsable. En ausencia de una calamidad concreta o una causa de fuerza mayor, apelar a este principio general resulta un fundamento insuficiente para una declaraci\u00f3n de emergencia.
\nConsiderando 2: Declaratoria previa de \u201calto inter\u00e9s nacional\u201d (Decreto 3-24)
\nEn enero de 2024, el Ejecutivo declar\u00f3 de alto inter\u00e9s nacional la promoci\u00f3n y desarrollo de proyectos de generaci\u00f3n el\u00e9ctrica, tanto convencionales como de fuentes renovables. Esa decisi\u00f3n reconoc\u00eda ya la necesidad de incorporar nueva capacidad de generaci\u00f3n.
\nRecurrir 20 meses despu\u00e9s a un estado de excepci\u00f3n en contrataciones sugiere improvisaci\u00f3n. En consecuencia, este considerando, lejos de justificar una emergencia, evidencia falta de seguimiento y planificaci\u00f3n efectiva.
\nConsiderando 3: Crecimiento de la demanda.<\/p>\n
La demanda el\u00e9ctrica crece de manera constante por factores previsibles como el crecimiento econ\u00f3mico, la reducci\u00f3n de la pobreza y el aumento poblacional, tal como documentan el otrora MEPyD y la ONE. Presentar este fen\u00f3meno como sorpresa es reconocer que se ignoraron las propias proyecciones oficiales.
\nAcudir a la emergencia despu\u00e9s de alcanzado un \u201cpico\u201d, que, de todas formas, cada a\u00f1o ser\u00e1 superado, refleja una reacci\u00f3n tard\u00eda producto de la falta de previsi\u00f3n, no una justificaci\u00f3n leg\u00edtima para saltar los controles de la contrataci\u00f3n p\u00fablica.
\nConsiderando 4: Deficiencia en planificaci\u00f3n.<\/p>\n
El decreto admite que el riesgo de desabastecimiento proviene de no planificar adecuadamente. Pero la Ley 340-06 y la Ley 47-25 son claras: la falta de previsi\u00f3n de los funcionarios nunca puede usarse como excusa para justificar una emergencia. Este punto convierte el decreto en una confesi\u00f3n de incapacidad.
\nConsiderando 5: D\u00e9ficit por retrasos en proyectos
\nLos atrasos en nuevas plantas responden a problemas de gesti\u00f3n y ejecuci\u00f3n, no a hechos de fuerza mayor. La respuesta adecuada era procesos puntuales de urgencia para capacidad temporal, no liberalizar todas las contrataciones del sector por un a\u00f1o, el cual incluso, seg\u00fan el propio decreto, deja abierta la posibilidad de mantener el estado de emergencia m\u00e1s all\u00e1 de ese plazo.<\/p>\n
Considerando 6: Clima y sargazo
\nEl calor extremo en los meses de verano es un fen\u00f3meno estacional conocido. Usar adem\u00e1s el sargazo como justificaci\u00f3n es enga\u00f1oso, pues los apagones recientes tienen m\u00e1s relaci\u00f3n con p\u00e9rdidas en redes, deficiencias en distribuci\u00f3n y la falta de previsi\u00f3n a la creciente demanda vegetativa. El Ejecutivo debi\u00f3 prever medidas de contingencia y no escudarse en fen\u00f3menos recurrentes.<\/p>\n
Considerando 7: Capacidad de respuesta r\u00e1pida (15%)
\nLa Ley 125-01 ya contempla que las EDE puedan instalar hasta un 15% de generaci\u00f3n r\u00e1pida. Bastaba con activar esa herramienta mediante procesos competitivos con declaraci\u00f3n de excepci\u00f3n por urgencia en cada empresa distribuidora. Presentarlo como emergencia es distorsionar lo que ya estaba previsto legalmente.
\nConsiderando 8: Almacenamiento de energ\u00eda a gran escala<\/p>\n
El decreto plantea integrar sistemas de almacenamiento masivo, como bancos de bater\u00edas, para dar estabilidad al SENI y optimizar costos. Es cierto que esta infraestructura es necesaria por la volatilidad de las renovables. Sin embargo, son proyectos de desarrollo estructural que requieren estudios y plazos largos de instalaci\u00f3n, no medidas pasajeras. Usar un decreto de excepci\u00f3n para este tema se presta a evadir la planificaci\u00f3n y la competencia que exige la ley, la cual proh\u00edbe aplicar la figura de emergencia a obras permanentes o de ejecuci\u00f3n prolongada.
\nConsiderando 9: Rezago por COVID-19 y guerra en Ucrania<\/p>\n
Apelar a la pandemia y al conflicto en Ucrania para justificar una emergencia en 2025 es anacr\u00f3nico. Han pasado a\u00f1os con margen para ejecutar inversiones en redes o desarrollar proyectos de generaci\u00f3n de corto plazo. Si no se avanz\u00f3, fue por fallas de gesti\u00f3n interna y por ignorar recomendaciones t\u00e9cnicas, como las advertencias hechas por Jaime Aristy Escuder.<\/p>\n
Considerando 10: Redes el\u00e9ctricas y p\u00e9rdidas<\/p>\n
El pa\u00eds registra p\u00e9rdidas el\u00e9ctricas superiores al 40%, cuando este gobierno recibi\u00f3 el sistema por debajo del 30%. Se trata de un retroceso de m\u00e1s de una d\u00e9cada. La rehabilitaci\u00f3n de redes de distribuci\u00f3n exige planificaci\u00f3n detallada e inversi\u00f3n constante. Con un decreto de emergencia no se resuelve mucho en esta \u00e1rea.<\/p>\n
Considerandos 11 a 14: Marco legal<\/p>\n
El decreto fuerza los art\u00edculos de la ley para legitimar lo injustificable. Ninguno de los hechos encuadra en la definici\u00f3n de emergencia real, lo que convierte este decreto en una peligrosa extralimitaci\u00f3n.
\nPara los fines, recomiendo el art\u00edculo escrito por la experta legal Yulibelys Wandelpool, publicado en Diario Libre: Emergencia el\u00e9ctrica: el l\u00edmite jur\u00eddico de los procesos de excepci\u00f3n en compras p\u00fablicas. La delgada l\u00ednea entre urgencia y falta de previsi\u00f3n en el sistema el\u00e9ctrico.
\nConclusi\u00f3n
\nEl Decreto 517-25 no es una soluci\u00f3n leg\u00edtima ni sostenible. Se trata de un intento de normalizar la improvisaci\u00f3n y convertir la ineficiencia en pol\u00edtica p\u00fablica, disfrazando con la figura de emergencia lo que es, en realidad, la consecuencia de la falta de planificaci\u00f3n.
\nEl pa\u00eds necesita una estrategia seria de expansi\u00f3n de generaci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n de redes y reducci\u00f3n de p\u00e9rdidas, no un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n que abre la puerta a discrecionalidad, sobrecostos y corrupci\u00f3n. Por eso, la cura propuesta por el gobierno resulta peor que la enfermedad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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