Por: Yulibelys Wandelpool | Abogada, especialista en Derecho Administrativo y Compras P\u00fablicas<\/p>\n
La publicidad oficial es una herramienta de comunicaci\u00f3n gubernamental destinada a informar, educar y rendir cuentas. Su prop\u00f3sito es garantizar el derecho constitucional de acceso a la informaci\u00f3n, fortalecer la transparencia y fomentar la participaci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n
Los principios rectores de la Ley 340-06 y ahora de la Ley 47-25 exigen que las campa\u00f1as estatales se rijan por transparencia, eficiencia, imparcialidad y responsabilidad institucional. El Decreto 1-24 refuerza esta obligaci\u00f3n al prohibir expresamente el uso de recursos con fines proselitistas y la inclusi\u00f3n de nombres, voces o im\u00e1genes de funcionarios en campa\u00f1as de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n
El Gobierno ha ampliado de forma sustancial el presupuesto de publicidad para 2025, sumando RD$ 1,595.4 millones adicionales a la partida originalmente aprobada y elevando el monto total a RD$ 10,252.3 millones. Hasta agosto ya se hab\u00edan devengado RD$ 5,604.6 millones, confirmando que la comunicaci\u00f3n oficial es un rengl\u00f3n prioritario del gasto p\u00fablico. Este nivel de inversi\u00f3n plantea una pregunta inevitable: \u00bfestamos frente a campa\u00f1as de informaci\u00f3n leg\u00edtimas o ante un aparato de propaganda financiado con fondos de todos los contribuyentes?<\/p>\n
En 2024 el gasto en publicidad alcanz\u00f3 un r\u00e9cord hist\u00f3rico de RD$ 11,292.4 millones, superando los RD$ 8,774.6 millones de 2023. Las instituciones l\u00edderes en desembolsos \u2014Turismo, Industria y Comercio, Sup\u00e9rate, INDOTEL y la C\u00e1mara de Diputados\u2014 concentran buena parte del presupuesto. Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre la falta de criterios p\u00fablicos para seleccionar medios, definir objetivos de las campa\u00f1as y medir resultados.<\/p>\n
La excepci\u00f3n para publicidad en la Ley 47-25<\/p>\n
La nueva Ley 47-25, en su Art\u00edculo 78, ordinal 7, reconoce la contrataci\u00f3n de publicidad como un procedimiento de excepci\u00f3n:<\/p>\n
\u201cLa contrataci\u00f3n de publicidad a trav\u00e9s de medios o plataformas de comunicaci\u00f3n social y digital, siempre y cuando la instituci\u00f3n contratante realice la contrataci\u00f3n directamente con los medios o plataformas sin hacer uso de intermediarios.\u201d<\/p>\n
Esta disposici\u00f3n busca cerrar brechas hist\u00f3ricas que permit\u00edan intermediaciones opacas y sobrecostos, pero exige que las instituciones justifiquen y publiquen las resoluciones que autorizan dichas contrataciones, para evitar que la excepci\u00f3n se convierta en regla y se debilite la competencia.<\/p>\n
Brecha entre norma y pr\u00e1ctica<\/p>\n
Aunque el marco legal es robusto, en la pr\u00e1ctica se observan desaf\u00edos:<\/p>\n
– Contratos adjudicados por excepci\u00f3n sin justificaciones p\u00fablicas suficientes.<\/p>\n
– Informaci\u00f3n incompleta sobre los medios contratados y la distribuci\u00f3n de montos.<\/p>\n
– Percepci\u00f3n creciente de uso pol\u00edtico de la comunicaci\u00f3n institucional, incluso fuera de per\u00edodos electorales.<\/p>\n
Si no se controlan estos aspectos, el gasto publicitario puede convertirse en un terreno f\u00e9rtil para el clientelismo medi\u00e1tico y la erosi\u00f3n de la confianza en las instituciones.<\/p>\n
El desaf\u00edo de gobernanza<\/p>\n
La publicidad estatal es leg\u00edtima si est\u00e1 orientada al inter\u00e9s p\u00fablico. Para lograrlo se requiere:<\/p>\n
– Transparencia activa: publicaci\u00f3n en l\u00ednea de todos los contratos, campa\u00f1as, medios y m\u00e9tricas de impacto.<\/p>\n
– Auditor\u00edas de alto impacto: revisi\u00f3n obligatoria de la C\u00e1mara de Cuentas en campa\u00f1as de gran presupuesto.<\/p>\n
– Reglas especiales en a\u00f1os electorales: que garanticen equidad y eviten ventajas indebidas.<\/p>\n
– Sanciones efectivas: para funcionarios que incumplan la Ley 47-25 o el Decreto 1-24.<\/p>\n
La publicidad oficial debe informar, no influenciar; rendir cuentas, no posicionar gobiernos. La Ley 47-25 es una oportunidad para ordenar y transparentar este sector, pero su eficacia depender\u00e1 de que las autoridades apliquen la norma con rigor y de que la ciudadan\u00eda exija explicaciones claras sobre cada contrato y cada campa\u00f1a.<\/p>\n
La verdadera transparencia implica abrir las cifras, las resoluciones y los resultados. Solo as\u00ed dejaremos de hablar de propaganda y podremos hablar de comunicaci\u00f3n p\u00fablica al servicio de todos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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