Por: Luis Henriquez | La deuda p\u00fablica en el centro del debate<\/p>\n
En los \u00faltimos d\u00edas, el tema de la deuda p\u00fablica ha vuelto con fuerza al debate nacional. El presidente Luis Abinader, as\u00ed como los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fern\u00e1ndez, han emitido declaraciones en torno al nivel de endeudamiento del Estado, generando una discusi\u00f3n p\u00fablica sobre qui\u00e9nes son responsables del crecimiento de la deuda y cu\u00e1l ha sido su destino.<\/p>\n
Lo cierto es que este debate ha trascendido los c\u00edrculos pol\u00edticos y t\u00e9cnicos, convirti\u00e9ndose en tema de conversaci\u00f3n ciudadana, medi\u00e1tica y social. Economistas, comunicadores y analistas han expresado sus valoraciones, mientras la poblaci\u00f3n observa con preocupaci\u00f3n el incremento sostenido del endeudamiento del pa\u00eds.<\/p>\n
Mi experiencia legislativa frente al endeudamiento<\/p>\n
En mi calidad de legislador de oposici\u00f3n, me correspondi\u00f3 ejercer un rol de fiscalizaci\u00f3n activa frente a cada solicitud de pr\u00e9stamo sometida al Congreso Nacional. En una ocasi\u00f3n recurrimos incluso a la protesta simb\u00f3lica con pancartas, enumerando el n\u00famero de cada pr\u00e9stamo que se presentaba para aprobaci\u00f3n, como una forma de llamar la atenci\u00f3n sobre la magnitud del problema.<\/p>\n
En m\u00faltiples oportunidades, cuestionamos la naturaleza de esos pr\u00e9stamos. Observamos c\u00f3mo, bajo conceptos aparentemente t\u00e9cnicos o de inversi\u00f3n, se ocultaban operaciones destinadas al financiamiento de gasto corriente, lo cual constituye una violaci\u00f3n a la Ley de Cr\u00e9dito P\u00fablico (Ley 6-06).<\/p>\n
Esta pr\u00e1ctica se justifica a trav\u00e9s de interpretaciones distorsionadas del t\u00e9rmino \u201cgastos operativos\u201d, incluido en la normativa, pero que en la pr\u00e1ctica se utiliza para cubrir d\u00e9ficits presupuestarios o compromisos administrativos que no deber\u00edan financiarse con deuda.<\/p>\n
Todo esto ocurre bajo el amparo de una mayor\u00eda legislativa disciplinada al Poder Ejecutivo, que aprueba sin mayor cuestionamiento los proyectos de endeudamiento, muchas veces sin la debida ponderaci\u00f3n del impacto econ\u00f3mico ni de la sostenibilidad fiscal a largo plazo.<\/p>\n
El riesgo de continuar sin control<\/p>\n
La recientemente aprobada Ley de Responsabilidad Fiscal establece metas para la reducci\u00f3n gradual de la deuda p\u00fablica, con el objetivo de llevarla al 40 % del PIB para el a\u00f1o 2035. Sin embargo, esa meta ya parece lejana: cada a\u00f1o el endeudamiento aumenta en proporci\u00f3n al PIB, y si la tendencia contin\u00faa, en una d\u00e9cada la deuda podr\u00eda superar el 60 % del PIB, comprometiendo la estabilidad fiscal del pa\u00eds.<\/p>\n
Resulta evidente que, aunque las leyes ordinarias intentan imponer disciplina, \u00e9stas son f\u00e1cilmente modificables o ignoradas. Hoy, basta una mayor\u00eda simple de 60 votos en la C\u00e1mara de Diputados para autorizar pr\u00e9stamos que comprometen las finanzas de futuras generaciones.<\/p>\n
Por eso, se hace imprescindible elevar el control del endeudamiento al nivel constitucional, estableciendo un candado que no pueda abrirse sin consenso nacional ni justificaci\u00f3n t\u00e9cnica real.<\/p>\n
Un candado constitucional necesario<\/p>\n
Nuestra Constituci\u00f3n s\u00f3lo enuncia principios generales en materia de cr\u00e9dito p\u00fablico (art\u00edculo 234), pero no establece l\u00edmites num\u00e9ricos ni reglas de sostenibilidad. Es tiempo de fortalecer ese marco constitucional, estableciendo una disposici\u00f3n concreta que impida el sobreendeudamiento irresponsable.<\/p>\n
Este candado constitucional puede lograrse agregando un p\u00e1rrafo al art\u00edculo 234 de la Constituci\u00f3n, que disponga lo siguiente:<\/p>\n
\u201cLa deuda p\u00fablica consolidada del sector p\u00fablico no financiero no podr\u00e1 exceder el cuarenta por ciento (40 %) del Producto Interno Bruto (PIB), salvo en casos excepcionales de emergencia nacional, crisis econ\u00f3mica o desastre natural, debidamente declarados conforme a la Constituci\u00f3n y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de cada c\u00e1mara. Toda operaci\u00f3n de cr\u00e9dito que supere este l\u00edmite sin dicha aprobaci\u00f3n ser\u00e1 nula de pleno derecho y generar\u00e1 responsabilidad administrativa, civil y penal para los funcionarios involucrados\u201d.<\/p>\n
Una propuesta de pa\u00eds<\/p>\n
Esta reforma no debe ser vista como un capricho pol\u00edtico, sino como una pol\u00edtica de Estado a favor del equilibrio y la sostenibilidad fiscal. El objetivo no es limitar la acci\u00f3n del gobierno, sino garantizar que el endeudamiento responda a proyectos productivos, transparentes y sostenibles, y no a compromisos clientelares o gasto corriente.<\/p>\n
La Rep\u00fablica Dominicana necesita dar este paso hacia la madurez institucional. El candado constitucional no es una traba, sino una puerta a la estabilidad, la responsabilidad y el consenso. Es el mecanismo que puede garantizar que el crecimiento econ\u00f3mico no se construya sobre la deuda del futuro.<\/p>\n
CERREMOS EL CANDADO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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