Por: Luis Garc\u00eda | Luego de los efectos provocados por la tormenta tropical Melissa en una parte del territorio nacional, se sab\u00eda que el escenario, como si se tratara de una obra de teatro, estaba montado para que el Gobierno volviera a apelar a la declaratoria de emergencia para compras y contrataciones p\u00fablicas.<\/p>\n
Desde que tom\u00f3 posesi\u00f3n la administraci\u00f3n del presidente Luis Abinader, el 16 de agosto del a\u00f1o 2020, ha acudido con una frecuencia nunca vista en la historia de Rep\u00fablica Dominicana a este mecanismo constitucional que, aunque revestido de legalidad, debe ser justificado. Como en algunos otros casos, esta vez tampoco parec\u00eda necesario, debido a que la emergencia no era de la magnificaci\u00f3n presentada en esferas oficiales.<\/p>\n
Los oficialistas no hicieron caso a las advertencias de la oposici\u00f3n pol\u00edtica en el sentido de que la activaci\u00f3n de un estado de emergencia, sin una necesidad justificada y evidente, se aprovechar\u00eda para hacer negociaciones estatales que den paso a actos de corrupci\u00f3n. En una sociedad que exhibe la debilidad institucional que la nuestra, se aprovechan la oportunidad de las compras de emergencia para introducir productos y servicios colocados al margen de una situaci\u00f3n de excepcionalidad.<\/p>\n
Encuestas recientes han vuelto a colocar el tema de la corrupci\u00f3n administrativa como uno de los principales problemas nacionales; el Gobierno ha sacado de su agenda la intensidad de la lucha contra el flagelo que enarbolaba a\u00f1os atr\u00e1s. La prevalencia de intereses particulares y grupales sobre los colectivos siguen constituyendo trabas en el espinoso camino de construcci\u00f3n de una sociedad dominicana m\u00e1s desarrollada, justa y solidaria, tal como so\u00f1aron los fundadores de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
Existen numerosas evidencias de casos en que estamentos pol\u00edticos y de \u00e9lites econ\u00f3micas se han asociado para imponer sus intereses, sin importar que con ello arrasen derechos fundamentales o de otras categor\u00edas consignados en normas nacionales o internacionales; situaciones que ocurren ante la mirada irresponsable de las m\u00e1ximas autoridades del pa\u00eds.<\/p>\n
En el contexto anterior, est\u00e1n en vigencia los Decretos 626-25 y 627-25, a trav\u00e9s de los cuales se declar\u00f3 en estado de emergencia a 14 provincias y otras localidades del territorio nacional, tras el paso de la tormenta tropical Melissa, con el prop\u00f3sito de facilitar las compras y contrataciones necesarias destinadas a atender la situaci\u00f3n. Las provincias que abarca esta clasificaci\u00f3n son Barahona, San Crist\u00f3bal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Jos\u00e9 de Ocoa, San Pedro de Macor\u00eds, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, La Vega y Monse\u00f1or Nouel, en adici\u00f3n a otras localidades en el territorio nacional.<\/p>\n
Asimismo, las instituciones habilitadas a trav\u00e9s de la excepci\u00f3n de emergencia nacional son el Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social, el de Educaci\u00f3n, el de Agricultura, el de Interior y Polic\u00eda, el de Obras P\u00fablicas y Comunicaciones, el de Vivienda, H\u00e1bitat y Edificaciones, el Administrativo de la Presidencia, el de Turismo y el Servicio Nacional de Salud.<\/p>\n
La Constituci\u00f3n dominicana contempla la declaratoria de emergencia como un tipo de estado de excepci\u00f3n, que debe ser autorizado por el Congreso Nacional, seg\u00fan el art\u00edculo 262. El Poder Ejecutivo puede declararlo cuando hechos graves perturben el orden econ\u00f3mico, social o medioambiental, o en casos de calamidad p\u00fablica, como desastres naturales. Esta declaratoria permite tomar medidas extraordinarias, como agilizar compras y contrataciones para atender la crisis, pero los derechos constitucionales s\u00f3lo se pueden suspender de forma limitada y temporal.<\/p>\n
Resulta lamentable que mecanismos de avances democr\u00e1ticos, como los introducidos en la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica del a\u00f1o 2010, hoy se pretenda banalizarlos para responder a intereses econ\u00f3micos y pol\u00edticos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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