Por: Osiris Mota | La Rep\u00fablica Dominicana atraviesa una preocupante crisis \u00e9tica en su sistema democr\u00e1tico. La infiltraci\u00f3n del dinero procedente de la corrupci\u00f3n y del narcotr\u00e1fico en las campa\u00f1as electorales ha dejado de ser un rumor para convertirse en una evidencia que debilita la legitimidad del voto y contamina las instituciones p\u00fablicas, como estamos viendo con varios miembros del partido del gobierno. Ante esta realidad, la responsabilidad recae no solo sobre los candidatos que aceptan esos recursos, sino tambi\u00e9n sobre los partidos pol\u00edticos y la Junta Central Electoral (JCE), garantes legales de la pureza del proceso electoral.<\/p>\n
La Ley No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Pol\u00edticos es clara en su Cap VII (Art\u00edculos 61 al 79) al establecer los mecanismos de financiaci\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y rendici\u00f3n de cuentas. En su art\u00edculo 67, proh\u00edbe expresamente la recepci\u00f3n de donaciones provenientes de fuentes il\u00edcitas, incluyendo entidades extranjeras, empresas contratistas del Estado o personas vinculadas a actividades criminales. Del mismo modo, obliga a los partidos a identificar el origen de los fondos y presentar informes financieros peri\u00f3dicos ante la JCE.<\/p>\n
Sin embargo, la pr\u00e1ctica pol\u00edtica ha distorsionado el esp\u00edritu de la ley. Las campa\u00f1as electorales se desarrollan cada vez m\u00e1s bajo el influjo del dinero f\u00e1cil, y muchos partidos se han convertido en puertas abiertas para candidaturas patrocinadas por capitales de dudosa procedencia. La responsabilidad de esta degeneraci\u00f3n no es exclusiva de los actores pol\u00edticos: la JCE, amparada en la Ley Org\u00e1nica del R\u00e9gimen Electoral No. 20-23, tiene el mandato de supervisar, auditar y fiscalizar el uso de los recursos econ\u00f3micos durante los procesos electorales (Art\u00edculos 224). Su inacci\u00f3n o d\u00e9bil fiscalizaci\u00f3n equivale a complicidad institucional.<\/p>\n
Cuando personas ligadas al narcotr\u00e1fico, corrupci\u00f3n administrativas, redes criminales acceden al poder mediante elecciones financiadas con dinero sucio, no solo compran votos: compran impunidad. Desde los gobiernos locales hasta el Congreso, se van tejiendo estructuras que protegen sus intereses, manipulan el presupuesto y bloquean cualquier intento de reforma o justicia. As\u00ed, el narcotr\u00e1fico y la corrupci\u00f3n logran lo que las armas no pudieron: controlar al Estado desde dentro.<\/p>\n
El deber de la Junta Central Electoral no se limita a organizar elecciones, sino a garantizar que estas sean libres, limpias y leg\u00edtimas. La salud del proceso electoral implica no solo un conteo transparente, sino tambi\u00e9n una vigilancia moral y financiera que preserve la integridad de la democracia. Si la JCE no ejerce su rol de supervisi\u00f3n, y los partidos contin\u00faan priorizando el dinero sobre la \u00e9tica, el sistema pol\u00edtico dominicano seguir\u00e1 siendo reh\u00e9n del crimen organizado.<\/p>\n
El pa\u00eds necesita un cambio de paradigma. La fiscalizaci\u00f3n real del financiamiento pol\u00edtico debe convertirse en prioridad nacional. Solo as\u00ed podremos impedir que el voto del pueblo siga siendo utilizado como mecanismo de lavado de dinero y que las instituciones p\u00fablicas terminen al servicio de intereses il\u00edcitos.<\/p>\n
La democracia no se defiende solo con votos, sino con transparencia, valent\u00eda institucional y responsabilidad \u00e9tica. Y en ese deber, la JCE y los partidos pol\u00edticos no pueden seguir mirando hacia otro lado. Pero tambi\u00e9n les toca al liderazgo social, a la sociedad en conjunto, velar por la salud de los procesos y de los derechos fundamentales. Ojala lo entiendan, porque la patria lo necesita. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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