Por: Zoraima Cuello | \u00bfQu\u00e9 ocurre cuando una persona descubre que el Estado ha utilizado su identidad y sus datos personales sin solicitar autorizaci\u00f3n ni notificaci\u00f3n previa?<\/p>\n
La pregunta no surge de una conjetura pol\u00edtica, sino de hechos verificables en los registros oficiales. Al revisar la informaci\u00f3n disponible en plataformas gubernamentales, y luego de escuchar varias alertas nacionales e internacionales, constat\u00e9 que figuro afiliada al Seguro Nacional de Salud (SENASA), espec\u00edficamente en el r\u00e9gimen subsidiado, pese a contar con un seguro m\u00e9dico privado vigente.<\/p>\n
La situaci\u00f3n no se limita a un caso individual. En los mismos registros aparecen personas extranjeras y otras sin residencia en el pa\u00eds ni v\u00ednculo con el sistema p\u00fablico de salud, algunas con coberturas privadas o internacionales, que verifiqu\u00e9 personalmente. Estos hallazgos confirman que el problema no es personal ni aislado, sino estructural, asociado a la gesti\u00f3n de datos y padrones administrativos que afectan a amplios sectores de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
La pol\u00edtica social s\u00f3lo cumple su prop\u00f3sito cuando se ejerce con precisi\u00f3n, rigor y respeto por la dignidad de las personas, garantizando una asignaci\u00f3n justa de los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n
El punto central es c\u00f3mo el Estado administra y utiliza los datos personales y la identidad ciudadana sin informaci\u00f3n clara ni autorizaci\u00f3n expresa, y c\u00f3mo, a partir de esos registros, se realizan asignaciones que, en muchos casos, no llegan ni benefician a las personas a cuyo nombre figuran. Estas pr\u00e1cticas impactan directamente en la confianza p\u00fablica y en la legitimidad de la acci\u00f3n estatal.<\/p>\n
La normativa dominicana establece que el r\u00e9gimen subsidiado est\u00e1 dirigido a personas en situaci\u00f3n de pobreza o vulnerabilidad, identificadas mediante instrumentos oficiales de focalizaci\u00f3n social. No es un r\u00e9gimen universal ni autom\u00e1tico; su aplicaci\u00f3n exige validaci\u00f3n peri\u00f3dica y actualizaci\u00f3n constante de la informaci\u00f3n.<\/p>\n
Cuando personas que no cumplen estos criterios aparecen registradas, se evidencia una debilidad en los mecanismos de cruce, depuraci\u00f3n y control de datos, m\u00e1s all\u00e1 de las denuncias por presuntas irregularidades administrativas presentadas por el Ministerio P\u00fablico. Lo que queda en evidencia son fallas de seguridad y la supervisi\u00f3n que requieren revisi\u00f3n t\u00e9cnica y fortalecimiento institucional.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n no es exclusiva del \u00e1mbito de la salud. En 2024 tambi\u00e9n figur\u00e9 como beneficiaria de los bonos navide\u00f1os, un programa para hogares en situaci\u00f3n de vulnerabilidad o de bajos ingresos. Posteriormente, las entidades responsables alegaron fallas en la plataforma, sin ofrecer informaci\u00f3n p\u00fablica detallada que permitiera identificar con claridad a los 3 millones de personas beneficiarias que fueron anunciadas.<\/p>\n
Cuando una misma persona aparece registrada en m\u00e1s de un programa sin solicitud ni verificaci\u00f3n efectiva, se emite una alerta por un patr\u00f3n que amerita una evaluaci\u00f3n gubernamental, debido a su impacto en la equidad y en la focalizaci\u00f3n del gasto social.<\/p>\n
El aspecto m\u00e1s delicado no es solo el monto de los beneficios ni los programas espec\u00edficos. Levanto la mirada ante el uso de la identidad y de los datos personales sin consentimiento informado, lo que deriva en asignaciones basadas en informaci\u00f3n no depurada, controles cruzados insuficientes y ausencia de mecanismos claros de notificaci\u00f3n y correcci\u00f3n.<\/p>\n
Cada registro incorrecto no solo afecta derechos individuales, sino que tambi\u00e9n distorsiona la eficiencia del gasto social y desv\u00eda recursos que deber\u00edan llegar a quienes realmente los necesitan.<\/p>\n
La aparici\u00f3n en el r\u00e9gimen subsidiado y en los bonos navide\u00f1os es apenas un s\u00edntoma. El problema de fondo es m\u00e1s amplio: millones de dominicanas y dominicanos cuyos datos personales pueden ser utilizados sin informaci\u00f3n clara ni consentimiento efectivo; sistemas p\u00fablicos con controles d\u00e9biles; y una institucionalidad que a\u00fan no garantiza consecuencias proporcionales cuando se vulnera la confianza ciudadana.<\/p>\n
La Rep\u00fablica Dominicana merece instituciones que protejan a las personas, no que las utilicen y expongan. Merece un Estado que rinda cuentas con hechos verificables, no solo con discursos. Y merece liderazgos que comprendan que la informaci\u00f3n personal de cada dominicana y cada dominicano no es un recurso administrativo disponible, sino un derecho fundamental que debe tratarse con responsabilidad y respeto.<\/p>\n
Un Estado moderno no puede operar as\u00ed. La transparencia, la trazabilidad de la informaci\u00f3n y el respeto al uso de la identidad son pilares de la legitimidad institucional.<\/p>\n
Esta reflexi\u00f3n tiene como prop\u00f3sito contribuir a una conversaci\u00f3n seria sobre c\u00f3mo fortalecer los sistemas p\u00fablicos, mejorar los controles y proteger los derechos, desde una mirada responsable y propositiva.<\/p>\n
Como advirti\u00f3 Norberto Bobbio, \u201cel problema fundamental de la democracia no es qui\u00e9n gobierna, sino c\u00f3mo se gobierna\u201d. Gobernar bien implica tambi\u00e9n proteger el uso de los datos personales y de la identidad de las personas y, con ello, la confianza p\u00fablica<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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