Por: Jos\u00e9 Dar\u00edo Cepeda Medina | En los \u00faltimos d\u00edas, el Senado de la Rep\u00fablica ha aprobado de urgencia un proyecto de ley que elimina las sanciones penales contra los funcionarios municipales que incumplan la ejecuci\u00f3n del presupuesto de los ayuntamientos. Como municipalista, exalcalde y dirigente pol\u00edtico, no puedo guardar silencio frente a una iniciativa que, lejos de fortalecer la autonom\u00eda municipal, desmantela el r\u00e9gimen de responsabilidad que debe acompa\u00f1ar todo ejercicio del poder p\u00fablico.<\/p>\n
La autonom\u00eda municipal no puede confundirse con ausencia de controles. Gobernar un ayuntamiento implica administrar recursos p\u00fablicos escasos, bajo presiones pol\u00edticas constantes y con demandas sociales urgentes. Precisamente por eso, los l\u00edmites legales no son un obst\u00e1culo, sino una garant\u00eda: protegen al funcionario honesto, resguardan los fondos municipales y aseguran que la inversi\u00f3n llegue a obras y servicios que mejoran la vida de la gente.<\/p>\n
Eliminar la prisi\u00f3n, las multas y la inhabilitaci\u00f3n para ejercer funciones p\u00fablicas no es una modernizaci\u00f3n del sistema sancionador. Es, en la pr\u00e1ctica, una licencia para violar la ley sin consecuencias reales. En un pa\u00eds donde los \u00f3rganos de control municipal han sido hist\u00f3ricamente d\u00e9biles y selectivos, sustituir sanciones penales por simples faltas administrativas equivale a institucionalizar la impunidad.<\/p>\n
Quien ha sido alcalde sabe que administrar con controles no es una carga, es una responsabilidad inherente al cargo. Quitar esos controles no empodera al buen gestor; por el contrario, protege al irresponsable, al improvisado y al que concibe el presupuesto municipal como un bot\u00edn pol\u00edtico.<\/p>\n
Particularmente grave resulta la pretensi\u00f3n de limitar la facultad de la C\u00e1mara de Cuentas para someter a la justicia a funcionarios municipales que, tras auditor\u00edas, resulten responsables de violaciones a la ley. Debilitar el control externo del gasto p\u00fablico no es descentralizaci\u00f3n; es blindaje pol\u00edtico y una amenaza directa al principio de legalidad.<\/p>\n
Asimismo, eliminar la segregaci\u00f3n obligatoria del gasto entre personal y funcionamiento, dejando estos recursos a la discrecionalidad absoluta del alcalde, abre la puerta al crecimiento desmedido de la n\u00f3mina municipal, al uso clientelar del empleo p\u00fablico y al sacrificio de la inversi\u00f3n en infraestructura, servicios b\u00e1sicos y desarrollo local. Esa no es la ruta hacia municipios fuertes y sostenibles.<\/p>\n
Llama la atenci\u00f3n que esta iniciativa haya contado con el respaldo de senadores de Fuerza del Pueblo, lo que evidencia una coincidencia preocupante con una visi\u00f3n que prioriza la protecci\u00f3n pol\u00edtica de las autoridades locales por encima del inter\u00e9s general y del derecho de las comunidades a una gesti\u00f3n transparente y eficiente.<\/p>\n
Reconozco como positiva la delimitaci\u00f3n del uso de los fondos provenientes de la Ley 98-25 de Gesti\u00f3n y Coprocesamiento de Residuos S\u00f3lidos, pero esta disposici\u00f3n resulta claramente insuficiente frente al desmontaje integral del r\u00e9gimen de control presupuestario que promueve el proyecto aprobado.<\/p>\n
No hay verdadera autonom\u00eda municipal sin responsabilidad, ni descentralizaci\u00f3n posible sin controles firmes. Convertir el presupuesto municipal en un cheque en blanco para los alcaldes no fortalece a los ayuntamientos; los debilita y erosiona la confianza ciudadana en el gobierno local.<\/p>\n
Defender el presupuesto municipal es defender la dignidad de las comunidades, la calidad de los servicios p\u00fablicos y el futuro de la gesti\u00f3n local. Esa es una causa que trasciende partidos y coyunturas pol\u00edticas, y en la que, como municipalista y exalcalde, seguir\u00e9 siendo firme y coherente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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