Por: Carlos Manzano | La nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones P\u00fablicas ha sido
\npresentada por el Gobierno como una revoluci\u00f3n institucional, un antes
\ny un despu\u00e9s en el manejo de los recursos del Estado.
\nEl discurso oficial insiste en que ahora s\u00ed habr\u00e1 transparencia total,
\ntrazabilidad absoluta, digitalizaci\u00f3n completa y sanciones ejemplares
\ncontra la corrupci\u00f3n.
\nSe nos dice que el pa\u00eds entra en una nueva etapa donde cada peso
\np\u00fablico estar\u00e1 protegido por un sistema moderno y blindado.
\nSin embargo, cuando se examina la ley m\u00e1s all\u00e1 de la narrativa
\ngubernamental, surgen interrogantes profundas que no pueden
\ndespacharse con consignas.
\nNo se puede negar que la Ley 47-25 introduce mejoras t\u00e9cnicas
\nimportantes. Incorpora nuevas modalidades de contrataci\u00f3n, obliga al
\nuso de plataformas electr\u00f3nicas, fortalece la planificaci\u00f3n y ampl\u00eda el
\nr\u00e9gimen sancionador.
\nEn el plano formal, el texto parece alinearse con recomendaciones
\npromovidas por organismos internacionales como la Organizaci\u00f3n para
\nla Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE) y el Banco Mundial,
\nque desde hace a\u00f1os impulsan est\u00e1ndares de eficiencia, competencia y
\ncontrol en las compras p\u00fablicas en diferentes pa\u00edses.
\nSobre el papel, la arquitectura luce moderna. Pero el problema no
\nes lo que la ley promete, sino qui\u00e9n controla su aplicaci\u00f3n y bajo cu\u00e1les
\ncontrapesos reales operar\u00e1.
\nEl \u00f3rgano rector del sistema contin\u00faa bajo la \u00f3rbita del Poder
\nEjecutivo, sin que se haya producido una transformaci\u00f3n estructural que
\ngarantice autonom\u00eda financiera y operativa verdaderamente blindada de
\nesa dependencia.
\nSin independencia efectiva, cualquier sistema de compras, por
\nm\u00e1s digitalizado que est\u00e9, puede convertirse en un instrumento de
\nconcentraci\u00f3n de poder.
\nLa experiencia comparada demuestra que la transparencia no
\ndepende exclusivamente de normas sofisticadas o plataformas
\ntecnol\u00f3gicas, sino de la existencia de \u00f3rganos capaces de fiscalizar sin<\/p>\n
subordinaci\u00f3n pol\u00edtica. Cuando los mecanismos de control no gozan de
\nautonom\u00eda real, el riesgo no desaparece, simplemente se vuelve m\u00e1s
\nt\u00e9cnico y menos visible.
\nOtro punto que genera preocupaci\u00f3n es el tratamiento de los
\nconflictos de inter\u00e9s y las inhabilidades para contratar con el Estado. Si
\nlas prohibiciones \u00e9ticas no son lo suficientemente amplias y claras, se
\nabren espacios para relaciones de cercan\u00eda que, aunque formalmente
\nlegales, pueden erosionar la confianza p\u00fablica.
\nEn sistemas con altos est\u00e1ndares de integridad, las restricciones
\nfamiliares y societarias son estrictas precisamente para evitar el
\nclientelismo y el tr\u00e1fico de influencias. La lucha contra la corrupci\u00f3n no
\nse fortalece dejando zonas grises, se fortalece cerrando cualquier puerta
\nque permita que el inter\u00e9s privado contamine la decisi\u00f3n p\u00fablica.
\nEl presidente Luis Abinader ha hecho de la transparencia uno de
\nlos ejes centrales de su narrativa p\u00fablica. Esa bandera le otorg\u00f3
\nlegitimidad y respaldo ciudadano. Pero en democracia, el discurso no
\nbasta. La coherencia se mide en la capacidad de aceptar controles
\nindependientes, en permitir auditor\u00edas sin interferencias y en aplicar
\nsanciones sin distinci\u00f3n de cercan\u00eda pol\u00edtica.
\nUna ley moderna no sustituye la necesidad de instituciones fuertes
\ny aut\u00f3nomas; apenas crea el marco dentro del cual esas instituciones
\ndeber\u00edan operar. La concentraci\u00f3n administrativa bajo la bandera de la
\ntransparencia puede debilitar los contrapesos democr\u00e1ticos si no se
\nacompa\u00f1a de reformas estructurales m\u00e1s profundas.
\nLa Ley 47-25 puede convertirse en una herramienta poderosa para
\nmodernizar el Estado dominicano. Pero tambi\u00e9n puede transformarse en
\nuna sofisticaci\u00f3n normativa que legitime pr\u00e1cticas discrecionales si no se
\ngarantiza independencia real, auditor\u00edas robustas y participaci\u00f3n
\nciudadana activa.
\nLa transparencia no se proclama en discursos ni se agota en
\ndecretos, se demuestra cada d\u00eda en la forma en que se adjudican
\ncontratos, se fiscalizan procesos y se sancionan irregularidades.
\nEl pa\u00eds no necesita \u00fanicamente leyes m\u00e1s extensas o plataformas
\nm\u00e1s modernas. Necesita instituciones que funcionen sin tutelas pol\u00edticas
\ny un compromiso aut\u00e9ntico con la transparencia y la rendici\u00f3n de
\ncuentas.<\/p>\n
La prueba definitiva no ser\u00e1 el texto publicado en la Gaceta
\nOficial, sino la manera en que el Poder administre los recursos que
\npertenecen al pueblo dominicano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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