Por: Welkin Cuevas | La consulta interna en los partidos pol\u00edticos constituye una manifestaci\u00f3n directa de democracia. En el ordenamiento jur\u00eddico dominicano, la Ley n\u00fam. 33-18 reconoce expresamente la consulta como mecanismo de participaci\u00f3n (art\u00edculo 27.3) y, en su art\u00edculo 25.7, legitima los acuerdos intrapartidarios -entre ellos, el consenso- como expresiones voluntarias vinculantes, siempre que no vulneren derechos ni transgredan el marco normativo vigente.<\/p>\n
En el caso del Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana (PLD), estos instrumentos encuentran, adem\u00e1s, sustento en sus estatutos (art\u00edculo 6, inciso j) y en precedentes organizativos recientes, reafirmando su capacidad de autorregulaci\u00f3n.<\/p>\n
Bajo esta l\u00f3gica, la consulta no constituye un mecanismo de selecci\u00f3n electoral en sentido estricto, sino uno de medici\u00f3n, participaci\u00f3n y construcci\u00f3n de consenso pol\u00edtico, orientado a articular una propuesta presidencial s\u00f3lida de cara a 2028 mediante la participaci\u00f3n de militantes y ciudadanos no inscritos en otras organizaciones.<\/p>\n
Su fundamento no se agota en la ley. Encuentra sustento directo en la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica: en el art\u00edculo 7, que define al Estado como social y democr\u00e1tico de derecho; en el art\u00edculo 22, que reconoce el derecho a elegir y ser elegible; y, de manera central, en el art\u00edculo 216, que establece como fines esenciales de los partidos garantizar la participaci\u00f3n ciudadana, contribuir a la formaci\u00f3n de la voluntad popular, proponer candidaturas y servir al inter\u00e9s nacional, todo ello bajo el principio de democracia interna.<\/p>\n
En este marco, los partidos pol\u00edticos act\u00faan como canales de articulaci\u00f3n de la voluntad colectiva y como contrapesos democr\u00e1ticos en la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/p>\n
Resulta, adem\u00e1s, imprescindible distinguir entre actividad pol\u00edtica y actividad electoral. La primera es permanente e inherente a la naturaleza de los partidos; la segunda est\u00e1 sujeta a plazos, condiciones y modalidades espec\u00edficas conforme a la Ley n\u00fam. 33-18, la Ley n\u00fam. 20-23 y las disposiciones de la Junta Central Electoral.<\/p>\n
En consecuencia, los procesos de consulta, medici\u00f3n o articulaci\u00f3n program\u00e1tica -en tanto no constituyan formalmente mecanismos de selecci\u00f3n de candidaturas fuera de los plazos legales- se inscriben dentro del \u00e1mbito leg\u00edtimo de la actividad pol\u00edtica.<\/p>\n
Sobre esa base, la consulta adquiere una funci\u00f3n superior: servir como instrumento para la construcci\u00f3n de consensos que permitan articular una candidatura presidencial \u00fanica, leg\u00edtima, cohesionada y competitiva, cuya formalizaci\u00f3n deber\u00e1 producirse dentro de los plazos electorales correspondientes.<\/p>\n
Este enfoque no restringe derechos; los ordena. No excluye participaci\u00f3n; la canaliza. No sustituye la democracia interna; la hace funcional al objetivo pol\u00edtico.<\/p>\n
Por ello, estos mecanismos deben ser valorados conforme a su finalidad democr\u00e1tica y no limitados mediante interpretaciones extensivas de las prohibiciones legales.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la consulta interna en el PLD posee un s\u00f3lido fundamento constitucional, legal y estatutario. Su correcta implementaci\u00f3n no solo fortalece la participaci\u00f3n interna, sino la democracia en s\u00ed misma, al tiempo que permite avanzar hacia un objetivo estrat\u00e9gico superior: la construcci\u00f3n de una propuesta presidencial unificada, viable y competitiva de cara a 2028.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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