Por: Yulibelys Wandelpool | La lentitud institucional, el silencio administrativo y la falta de respuesta oportuna no son simples fallas de gesti\u00f3n: constituyen vulneraciones a derechos fundamentales que impactan directamente en la vida de los ciudadanos.<\/p>\n
En la Rep\u00fablica Dominicana, la ineficiencia del Estado no siempre aparece en los titulares, pero se manifiesta de forma constante en la vida cotidiana de la gente. Se expresa en filas interminables, en expedientes que se acumulan sin decisi\u00f3n, en solicitudes que no reciben respuesta y en procesos administrativos que se prolongan m\u00e1s all\u00e1 de lo razonable.<\/p>\n
En los \u00faltimos meses, distintos reportes period\u00edsticos han puesto en evidencia esta realidad: irregularidades, dilaciones y anulaci\u00f3n de procesos de compras en m\u00faltiples instituciones; congesti\u00f3n en servicios esenciales y respuestas tard\u00edas \u2014cuando llegan\u2014 a solicitudes ciudadanas. Estos hechos no son aislados; configuran un patr\u00f3n que revela debilidades estructurales en la gesti\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Lo m\u00e1s preocupante es que esta ineficiencia no es neutra. Tiene consecuencias concretas. Y esas consecuencias recaen directamente sobre los ciudadanos.<\/p>\n
Cada tr\u00e1mite que no avanza afecta a un emprendedor que no puede formalizar su negocio, a una empresa que no recibe pagos a tiempo, a un ciudadano que no logra acceder a un servicio b\u00e1sico. La burocracia excesiva y la inacci\u00f3n administrativa se convierten, en la pr\u00e1ctica, en obst\u00e1culos al desarrollo y a la igualdad de oportunidades.<\/p>\n
Desde el punto de vista constitucional, la administraci\u00f3n p\u00fablica est\u00e1 sujeta a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y servicio al inter\u00e9s general. As\u00ed lo consagra la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, que no establece estos principios como aspiraciones, sino como mandatos vinculantes.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, la Ley n\u00fam. 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administraci\u00f3n P\u00fablica, refuerza este mandato al reconocer el derecho de los ciudadanos a una buena administraci\u00f3n. Esto implica recibir respuestas dentro de plazos razonables, obtener decisiones debidamente motivadas y ser tratados con respeto y diligencia. Sin embargo, en la pr\u00e1ctica, estos principios muchas veces se diluyen.<\/p>\n
El silencio administrativo, la dilaci\u00f3n injustificada y la falta de ejecuci\u00f3n de decisiones constituyen formas de actuaci\u00f3n contrarias al ordenamiento jur\u00eddico. Y aqu\u00ed es donde el debate debe elevarse: la ineficiencia del Estado no es solo un problema de gesti\u00f3n; es una cuesti\u00f3n de legalidad.<\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, la Ley de Funci\u00f3n P\u00fablica establece deberes claros para los servidores p\u00fablicos, entre ellos el cumplimiento eficiente de sus funciones y la responsabilidad en el ejercicio del cargo. El incumplimiento de estos deberes no deber\u00eda quedar sin consecuencias, especialmente cuando afecta derechos de terceros.<\/p>\n
En un Estado social y democr\u00e1tico de derecho, la administraci\u00f3n no puede actuar con indiferencia frente a los efectos de su inacci\u00f3n. Cuando el Estado act\u00faa tarde, act\u00faa mal, de forma ineficiente o simplemente no act\u00faa, genera da\u00f1os. Y esos da\u00f1os, conforme a nuestro ordenamiento jur\u00eddico, deben ser reparados. La responsabilidad patrimonial del Estado no es una figura te\u00f3rica; es una garant\u00eda para los ciudadanos frente a la inacci\u00f3n o el mal funcionamiento de la administraci\u00f3n.<\/p>\n
Pero m\u00e1s all\u00e1 del marco legal, hay una dimensi\u00f3n que no podemos ignorar: la humana.<\/p>\n
La ineficiencia institucional desgasta, frustra y deslegitima. Erosiona la confianza en las instituciones y alimenta una percepci\u00f3n cada vez m\u00e1s extendida de desconexi\u00f3n entre el Estado y la ciudadan\u00eda. Y cuando la ciudadan\u00eda deja de creer en el Estado, el problema deja de ser administrativo y se convierte en un desaf\u00edo democr\u00e1tico.<\/p>\n
Por eso, este no es un tema menor.<\/p>\n
Hablar de eficiencia p\u00fablica es hablar de dignidad, de oportunidades y de desarrollo. Es reconocer que detr\u00e1s de cada expediente hay una historia, una necesidad, una expectativa. El pa\u00eds ha avanzado en marcos normativos, en digitalizaci\u00f3n y en modernizaci\u00f3n institucional. Pero a\u00fan persiste una brecha entre la norma y la pr\u00e1ctica.<\/p>\n
Cerrar esa brecha no es solo una tarea t\u00e9cnica; es una decisi\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n
Un Estado que no responde a tiempo, en realidad, est\u00e1 negando derechos. Y eso, en una democracia, no es ineficiente: es inaceptable.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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