Por: Carlos Manzano | En los \u00faltimos meses, la opini\u00f3n p\u00fablica ha comenzado a expresar una preocupaci\u00f3n cada vez m\u00e1s visible: el otorgamiento de \u201cpensiones especiales\u201d desde el Estado sin criterios claros ni justificaciones convincentes.
\nNo se trata ya de comentarios aislados, sino de una inquietud que se repite en distintos espacios, donde ciudadanos y pol\u00edticos cuestionan el uso indiscriminado de recursos p\u00fablicos en favores y beneficios que no parecen responder ni a la necesidad social ni al m\u00e9rito.
\nDichas \u201cpensiones especiales\u201d se han constituido ya en una pr\u00e1ctica que contin\u00faa desarroll\u00e1ndose sin mayor explicaci\u00f3n, otorgadas sin criterios transparentes y, en muchos casos, sin una justificaci\u00f3n social o legal evidente.
\nLa Ley 379-81 establece un marco espec\u00edfico para las pensiones del Estado dominicano, sustentado en elementos objetivos como el tiempo de servicio, la vinculaci\u00f3n con la administraci\u00f3n p\u00fablica y condiciones particulares, como la incapacidad.
\nEse marco responde a la necesidad de garantizar que el acceso a recursos p\u00fablicos est\u00e9 regido por reglas claras, transparentes, verificables y equitativas.
\nSin embargo, lo que se ha venido observando parece apartarse de esos criterios. Se han otorgado pensiones a personas que no han tenido ning\u00fan v\u00ednculo con el Estado, sin condiciones de vulnerabilidad comprobadas y sin aportes relevantes en \u00e1mbitos como el servicio p\u00fablico, la cultura o el deporte.
\nEn lugar de responder a una pol\u00edtica social estructurada, estas decisiones proyectan la imagen de un uso discrecional y abusivo de los recursos p\u00fablicos, m\u00e1s vinculado a cercan\u00edas pol\u00edticas y personales, que a m\u00e9ritos verificables.
\nLa Constituci\u00f3n establece que la administraci\u00f3n de los recursos del Estado debe regirse por criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad. No basta con la emisi\u00f3n de decretos para legitimar decisiones que comprometen fondos p\u00fablicos de manera permanente; es necesario que dichas decisiones est\u00e9n sustentadas en un inter\u00e9s p\u00fablico claro.
\nEl problema no es \u00fanicamente jur\u00eddico, sino tambi\u00e9n \u00e9tico y pol\u00edtico. No se puede exigir sacrificios a la poblaci\u00f3n mientras se mantienen pr\u00e1cticas que reflejan privilegios selectivos. La austeridad, para ser cre\u00edble, debe ser coherente. No puede ser rigurosa para la mayor\u00eda y flexible para unos pocos.
\nCada pensi\u00f3n otorgada sin criterios claros erosiona la confianza ciudadana. Cada beneficio concedido sin justificaci\u00f3n debilita la credibilidad institucional. Y cada decisi\u00f3n que aparenta responder a intereses particulares, en lugar del bien com\u00fan, profundiza la percepci\u00f3n de desigualdad en el ejercicio del poder.
\nNo se trata de negar que existan casos que ameriten pensiones especiales. En toda sociedad hay situaciones excepcionales que requieren una respuesta diferenciada: personas en condiciones de vulnerabilidad extrema o ciudadanos con aportes extraordinarios al pa\u00eds.
\nPero precisamente por eso, esas excepciones deben estar reguladas y claramente definidas. De lo contrario, dejan de ser excepciones para convertirse en privilegios.
\nAdem\u00e1s, cada pensi\u00f3n no es un gasto coyuntural y de momento, sino una obligaci\u00f3n permanente para el Estado, financiada por los contribuyentes. Administrarlas sin rigor no solo es cuestionable, sino irresponsable desde el punto de vista fiscal y econ\u00f3mico.
\nAl final, este no es solo un debate sobre n\u00fameros o decisiones administrativas. Es un debate sobre el tipo de Estado que se est\u00e1 construyendo.
\nPorque cuando el sacrificio se exige a muchos, pero los beneficios y privilegios se concentran en pocos, lo que se rompe no es solo el equilibrio del gasto p\u00fablico, sino el principio mismo de justicia.
\nY es ah\u00ed donde este tema adquiere su verdadera dimensi\u00f3n: tarde o temprano habr\u00e1 que rendir cuentas. No bastar\u00e1 con alegar costumbres administrativas ni precedentes. Habr\u00e1 que explicar por qu\u00e9 se dispuso de recursos que pertenecen a todos en favor de unos pocos.
\nPorque cuando el privilegio se normaliza y la discrecionalidad sustituye a la norma, lo que queda no es una pol\u00edtica social, sino un precedente nefasto. Uno que, inevitablemente, la poblaci\u00f3n terminar\u00e1 exigi\u00e9ndole rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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