Por: Domingo Batista | La democracia dominicana atraviesa un momento cr\u00edtico donde la ret\u00f3rica de la austeridad parece pesar m\u00e1s que el cumplimiento estricto de la ley. Bajo el argumento de una crisis econ\u00f3mica global, alimentada por la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz y el consecuente encarecimiento del petr\u00f3leo, el Gobierno de Luis Abinader ha planteado un recorte sustancial a los fondos de los partidos pol\u00edticos para el a\u00f1o 2026.<\/p>\n
Esta medida, presentada como un sacrificio necesario para enfrentar un d\u00e9ficit de 40,000 millones de pesos, ha encendido las alarmas de 24 organizaciones pol\u00edticas y de la propia Junta Central Electoral (JCE), que ven en este movimiento un zarpazo directo a la institucionalidad y a la seguridad jur\u00eddica de la naci\u00f3n.<\/p>\n
El nudo del conflicto radica en la violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Ley n\u00fam. 20-23, Org\u00e1nica del R\u00e9gimen Electoral, que establece de forma clara que en a\u00f1os no electorales el Estado debe asignar el 0.25% de los ingresos nacionales a las agrupaciones pol\u00edticas. Sin embargo, la realidad presupuestaria muestra un panorama muy distinto: para 2026 ya se hab\u00eda consignado apenas un 0.12%, y la nueva intenci\u00f3n del Ejecutivo es reducir esa cifra a la mitad, lo que dejar\u00eda a los partidos con apenas una cuarta parte de lo que legalmente les corresponde.<\/p>\n
Esta \u00abreincidencia\u00bb en el recorte no es solo un ajuste contable, sino un precedente peligroso que permite al Ejecutivo ignorar leyes vigentes mediante la Ley de Presupuesto, debilitando el equilibrio de poderes.Resulta parad\u00f3jico que el Gobierno predique austeridad mientras el gasto en publicidad y propaganda estatal se mantiene en niveles cuestionables. Seg\u00fan datos presentados por la oposici\u00f3n, los 1,620 millones de pesos destinados originalmente a los partidos para 2026 representan apenas el 15% de lo que el Gobierno proyecta gastar en publicidad oficial.<\/p>\n
Una reducci\u00f3n m\u00ednima del 8% en la pauta publicitaria del Estado bastar\u00eda para cubrir el monto que se pretende arrebatar a las organizaciones pol\u00edticas. Esto sugiere que el ajuste no busca eficiencia fiscal, sino silenciar las voces cr\u00edticas y limitar la capacidad operativa de quienes deben ejercer el contrapeso democr\u00e1tico. El impacto pol\u00edtico de esta medida es profundo y amenaza con viciar de origen el proceso electoral de 2028. Al asfixiar econ\u00f3micamente a los partidos de oposici\u00f3n, el partido oficialista se garantiza una ventaja competitiva desproporcionada, utilizando las estructuras estatales y la n\u00f3mina p\u00fablica que ha crecido significativamente en el \u00faltimo a\u00f1o para movilizar apoyo pol\u00edtico.<\/p>\n
La JCE ha advertido que esta falta de equidad vulnera los principios de libertad y transparencia en el uso del financiamiento, elementos que son la columna vertebral de cualquier sistema pol\u00edtico que se pretenda llamar democr\u00e1tico.<\/p>\n
Quiz\u00e1s el peligro m\u00e1s latente y corrosivo de este recorte sea el incentivo involuntario a la corrupci\u00f3n y la penetraci\u00f3n de capitales il\u00edcitos en la pol\u00edtica. Cuando el financiamiento p\u00fablico se debilita, los partidos quedan a merced de sectores privados o, peor a\u00fan, de \u00absectores oscuros\u00bb como el narcotr\u00e1fico, que ven en la debilidad financiera de los pol\u00edticos una oportunidad para comprar voluntades.<\/p>\n
Permitir que el capital privado secuestre las decisiones de Estado pone en riesgo no solo la transparencia de los procesos electorales, sino la soberan\u00eda misma del Gobierno frente a quienes financian las campa\u00f1as para luego cobrar favores en la toma de decisiones p\u00fablicas. En definitiva, la defensa del financiamiento partidario no debe verse como un privilegio corporativo, sino como una protecci\u00f3n del equilibrio democr\u00e1tico y la paz social.<\/p>\n
Como bien ha se\u00f1alado la JCE, la Constituci\u00f3n obliga al Estado a garantizar la estabilidad del sistema de partidos y la equidad en la contienda. Un sistema de partidos debilitado es la antesala del autoritarismo; por tanto, el respeto a la ley y la asignaci\u00f3n justa de los fondos no son opcionales, sino una inversi\u00f3n necesaria para que la Rep\u00fablica Dominicana siga siendo un Estado de Derecho s\u00f3lido y previsible.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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