Por: Margarita Cede\u00f1o | Durante d\u00e9cadas, los grandes proyectos de inversi\u00f3n fueron evaluados casi exclusivamente desde la perspectiva de la rentabilidad econ\u00f3mica y la factibilidad t\u00e9cnica. Si un proyecto generaba empleos, aumentaba exportaciones, atra\u00eda capital extranjero o promet\u00eda crecimiento del PIB, se asum\u00eda autom\u00e1ticamente que deb\u00eda ejecutarse. Sin embargo, el siglo XXI ha ido desmontando esa l\u00f3gica, dando paso a la licencia social y reconociendo que es un elemento tan importante como el capital financiero o la ingenier\u00eda.<\/p>\n
A pesar de que la licencia social no es un documento formal emitido por un ministerio ni un permiso administrativo estampado por una instituci\u00f3n p\u00fablica, su importancia define la vida de algunos proyectos, porque resulta de la aceptaci\u00f3n colectiva de una comunidad respecto a un proyecto que impactar\u00e1 su territorio, su entorno y su forma de vida. Es, en t\u00e9rminos simples, la legitimidad social de una inversi\u00f3n.<\/p>\n
Y hay sectores donde esa legitimidad debe incluso preceder la viabilidad econ\u00f3mica. La miner\u00eda es probablemente el caso m\u00e1s evidente.<\/p>\n
La historia de la miner\u00eda moderna est\u00e1 profundamente marcada por conflictos ambientales, desplazamientos humanos, contaminaci\u00f3n de fuentes acu\u00edferas, deterioro de ecosistemas y fracturas sociales. Aun cuando muchas operaciones mineras actuales poseen mejores est\u00e1ndares tecnol\u00f3gicos y regulatorios que hace treinta o cuarenta a\u00f1os, el peso hist\u00f3rico de la actividad sigue generando desconfianza, que no desaparece con una presentaci\u00f3n en PowerPoint ni con una promesa de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n
Ese es precisamente el punto que a muchos gobiernos y empresas se les hace dif\u00edcil calibrar, reconociendo que en actividades de alto impacto, la primera inversi\u00f3n no debe hacerse en maquinaria, sino en legitimidad social.<\/p>\n
Una comunidad que percibe que un proyecto fue impuesto, donde la informaci\u00f3n se ocult\u00f3 o que las autoridades actuaron como promotoras del inversionista en lugar de \u00e1rbitros del inter\u00e9s p\u00fablico, genera conflictos inevitables y din\u00e1micas de confrontaci\u00f3n que ning\u00fan estudio financiero logra rescatar.<\/p>\n
La experiencia reciente de Panam\u00e1 es una prueba contundente de ello. El proyecto de Minera Panam\u00e1, operado por First Quantum Minerals, representaba una de las inversiones extranjeras m\u00e1s importantes de la econom\u00eda paname\u00f1a. Generaba miles de empleos y ten\u00eda un impacto considerable sobre las exportaciones nacionales. Sin embargo, el proyecto termin\u00f3 atrapado en una crisis social y pol\u00edtica de enormes dimensiones. Las protestas masivas, los bloqueos y el rechazo ciudadano crecieron hasta convertirse en una presi\u00f3n nacional que termin\u00f3 provocando la paralizaci\u00f3n de las operaciones tras un fallo de la Corte Suprema.<\/p>\n
El caso paname\u00f1o es interesante por su trascendencia pol\u00edtica y social, que se manifest\u00f3 en una parte importante de la poblaci\u00f3n sent\u00eda que el contrato minero no respond\u00eda al inter\u00e9s nacional, que exist\u00edan riesgos ambientales significativos y que el Estado hab\u00eda perdido capacidad de representar adecuadamente a la ciudadan\u00eda frente a una empresa con enorme poder econ\u00f3mico.<\/p>\n
En Am\u00e9rica Latina, muchos Estados todav\u00eda manejan los proyectos extractivos desde una l\u00f3gica excesivamente centralista. Se dise\u00f1an negociaciones en oficinas gubernamentales alejadas de las comunidades afectadas, se presentan estudios t\u00e9cnicos dif\u00edciles de comprender para la poblaci\u00f3n y luego se espera que la sociedad simplemente acepte decisiones ya tomadas.<\/p>\n
Pero la ciudadan\u00eda contempor\u00e1nea funciona de otra manera. Las comunidades quieren participar, ser escuchadas y entender con claridad cu\u00e1les ser\u00e1n los costos reales del proyecto. Quieren saber qu\u00e9 ocurrir\u00e1 con el agua, con la salud p\u00fablica, con la agricultura, con el desplazamiento poblacional y con la sostenibilidad del territorio despu\u00e9s de que termine la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica. Y tienen raz\u00f3n.<\/p>\n
Porque el problema de muchas actividades extractivas es que los beneficios suelen distribuirse de forma nacional, mientras los costos se concentran territorialmente. El Estado recibe ingresos fiscales, la econom\u00eda recibe divisas y ciertos sectores obtienen dinamismo econ\u00f3mico, pero las comunidades cercanas cargan directamente con el impacto ambiental y social. Esa asimetr\u00eda explica gran parte de los conflictos.<\/p>\n
Por eso la licencia social no puede verse como una campa\u00f1a de relaciones p\u00fablicas. No se trata de contratar publicidad, influencers o propaganda institucional para \u201cconvencer\u201d a la poblaci\u00f3n. Se trata de construir mecanismos reales de participaci\u00f3n y credibilidad.<\/p>\n
En sociedades democr\u00e1ticas, la confianza p\u00fablica es un activo econ\u00f3mico. De hecho, las empresas m\u00e1s inteligentes del mundo ya entendieron esto y eval\u00faan el \u201criesgo social\u201d como un componente cr\u00edtico de sus decisiones. No podemos apostar a la extracci\u00f3n de riqueza del territorio sin que la sociedad perciba que ese proceso genera bienestar colectivo sin destruir su entorno ni comprometer su futuro. Y en sectores de alto impacto, como la miner\u00eda, esa legitimidad debe construirse antes de hablar de rentabilidad. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por: Margarita Cede\u00f1o | Durante d\u00e9cadas, los grandes proyectos de inversi\u00f3n fueron evaluados casi exclusivamente desde la perspectiva de la rentabilidad econ\u00f3mica y la factibilidad t\u00e9cnica. Si un proyecto generaba empleos, aumentaba exportaciones, atra\u00eda capital extranjero o promet\u00eda crecimiento del PIB, se asum\u00eda autom\u00e1ticamente que deb\u00eda ejecutarse. Sin embargo, el siglo XXI ha ido desmontando […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":81197,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88534"}],"collection":[{"href":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=88534"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88534\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":88535,"href":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88534\/revisions\/88535"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/media\/81197"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=88534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=88534"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=88534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}