Por: Jos\u00e9 Alexander Suero | En toda democracia aut\u00e9ntica, la independencia del Poder Judicial constituye uno de los pilares esenciales del Estado social y democr\u00e1tico de derecho. Los jueces no administran justicia en nombre de intereses partidarios ni de gobiernos circunstanciales; la ejercen en nombre de la Constituci\u00f3n y de la naci\u00f3n. Por ello, cuando los jueces reclaman mejores condiciones presupuestarias, garant\u00edas institucionales o el fortalecimiento del sistema judicial, no est\u00e1n defendiendo privilegios personales, sino reclamando las condiciones m\u00ednimas necesarias para ejercer una justicia verdaderamente independiente.<\/p>\n
La discusi\u00f3n sobre las prerrogativas y necesidades del Poder Judicial no debe ser interpretada como una confrontaci\u00f3n entre jueces y gobierno, sino como un debate nacional sobre la salud institucional de la Rep\u00fablica Dominicana y la preservaci\u00f3n del equilibrio entre los poderes p\u00fablicos.<\/p>\n
El gran peligro surge cuando las reivindicaciones leg\u00edtimas del Poder Judicial son asumidas exclusivamente por el Poder Ejecutivo, particularmente a trav\u00e9s del Ministerio de Hacienda, y no mediante una soluci\u00f3n institucional discutida y aprobada por el Congreso Nacional mediante una enmienda presupuestaria o una reforma estructural que garantice autonom\u00eda financiera real al sistema judicial.<\/p>\n
Si el fortalecimiento presupuestario de los jueces depende de la discrecionalidad del gobierno de turno, el Poder Judicial corre el riesgo de quedar pol\u00edtica y moralmente condicionado frente al Ejecutivo. La independencia judicial no solo debe existir, sino tambi\u00e9n parecer existente ante la sociedad. La percepci\u00f3n p\u00fablica de imparcialidad resulta tan importante como la imparcialidad misma.<\/p>\n
En el contexto actual, si el gobierno encabezado por Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumieran unilateralmente las demandas de los jueces, podr\u00eda generarse una peligrosa relaci\u00f3n de dependencia o gratitud institucional. Esa situaci\u00f3n podr\u00eda afectar la confianza ciudadana en la objetividad de futuras decisiones judiciales, especialmente en casos donde deban investigarse o juzgarse figuras vinculadas al oficialismo.<\/p>\n
Un juez que deba decidir sobre procesos relacionados con funcionarios, dirigentes pol\u00edticos o intereses del partido gobernante no puede estar sometido, ni siquiera indirectamente, a presiones derivadas de favores presupuestarios concedidos por el mismo poder pol\u00edtico cuyos miembros podr\u00edan eventualmente ser juzgados. Aunque los magistrados act\u00faen con honestidad y apego a la ley, la sola sospecha de influencia pol\u00edtica debilita la legitimidad del sistema democr\u00e1tico.<\/p>\n
La Constituci\u00f3n dominicana consagra el principio de separaci\u00f3n e independencia de los poderes p\u00fablicos precisamente para evitar que un poder controle o condicione a otro. Cuando el Poder Judicial depende financieramente de la voluntad pol\u00edtica del Ejecutivo, se erosiona el equilibrio institucional y se afecta uno de los fundamentos esenciales de la democracia constitucional.<\/p>\n
Por eso, la soluci\u00f3n a las demandas del Poder Judicial debe surgir de una pol\u00edtica de Estado asumida por el liderazgo nacional y canalizada institucionalmente por el Congreso Nacional, \u00f3rgano representativo de la soberan\u00eda popular. Solo una asignaci\u00f3n presupuestaria estable, suficiente y constitucionalmente garantizada puede asegurar que los jueces ejerzan sus funciones sin compromisos pol\u00edticos ni dependencias coyunturales.<\/p>\n
La independencia judicial no puede ser una concesi\u00f3n graciosa del gobierno de turno; debe ser una garant\u00eda permanente de la Rep\u00fablica. Cuando la justicia pierde autonom\u00eda, pierde fuerza el Estado de derecho, se debilita la democracia y se pone en peligro la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.<\/p>\n
Defender la independencia presupuestaria del Poder Judicial no significa proteger intereses corporativos de los jueces; significa proteg<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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