Por: Zoraima Cuello | La historia pol\u00edtica de las naciones es, en gran medida, la historia de los l\u00edmites que las sociedades han sido capaces de imponer al poder. Las democracias modernas no surgieron \u00fanicamente para elegir gobernantes; surgieron para garantizar que ninguna autoridad, por leg\u00edtimo que fuera su origen, pudiera acumular facultades suficientes para situarse por encima del escrutinio ciudadano.<\/p>\n
De ah\u00ed nacieron los contrapesos institucionales, la libertad de expresi\u00f3n y la obligaci\u00f3n permanente de rendir cuentas. No porque se desconfiara de toda persona que ejerce autoridad, sino porque la experiencia hist\u00f3rica ense\u00f1a que, cuando el poder carece de l\u00edmites efectivos, tiende a expandirse m\u00e1s all\u00e1 de los espacios que una sociedad libre est\u00e1 dispuesta a concederle.<\/p>\n
Es desde esa perspectiva que conviene examinar tres decisiones recientes que, aunque pertenecen a \u00e1mbitos distintos de la acci\u00f3n p\u00fablica, convergen en una misma reflexi\u00f3n sobre la calidad de nuestra democracia: la propuesta fiscal presentada por el Gobierno bajo la denominaci\u00f3n de Plan Anticrisis, el crecimiento sostenido del gasto en publicidad estatal y las disposiciones del nuevo C\u00f3digo Penal relativas a la difamaci\u00f3n, la injuria y el ultraje a funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n
Ninguna de estas decisiones puede evaluarse \u00fanicamente por sus objetivos declarados. En una democracia, tan importante como aquello que una medida procura alcanzar est\u00e1 el efecto que produce sobre el delicado equilibrio entre autoridad, libertad y control ciudadano.<\/p>\n
La propuesta fiscal se presenta como una respuesta a los desaf\u00edos econ\u00f3micos de un entorno internacional complejo, pero tambi\u00e9n refleja una realidad interna: el crecimiento sostenido de los gastos del Estado y la necesidad de generar nuevos ingresos para financiarlos. La publicidad oficial ampl\u00eda la capacidad gubernamental para comunicar sus acciones e influir en la formaci\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica. Y las disposiciones m\u00e1s debatidas del nuevo C\u00f3digo Penal han abierto una discusi\u00f3n sobre el delicado equilibrio entre la protecci\u00f3n de derechos y la libertad de cr\u00edtica.<\/p>\n
Analizadas por separado, estas decisiones pertenecen a \u00e1mbitos distintos de la acci\u00f3n p\u00fablica. Observadas en conjunto, sin embargo, remiten a una misma pregunta: c\u00f3mo fortalecer las capacidades del Estado sin debilitar, al mismo tiempo, los mecanismos de transparencia, control ciudadano y deliberaci\u00f3n democr\u00e1tica que les dan legitimidad.<\/p>\n
La reflexi\u00f3n adquiere mayor relevancia cuando se observan las prioridades que acompa\u00f1an estas decisiones. Mientras el Gobierno plantea la necesidad de recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, el presupuesto destinado a publicidad estatal alcanza niveles hist\u00f3ricos. En 2025 fueron ejecutados RD$9,798 millones en publicidad oficial, equivalentes a casi RD$27 millones diarios. Para 2026 se aprobaron en el presupuesto RD$11,025 millones, m\u00e1s de RD$30 millones por d\u00eda y alrededor de RD$1.26 millones por hora, que se ha dicho se disminuir\u00e1n, sin a\u00fan verse dichas reducciones, y se desconoce el nivel en el que se mantendr\u00e1.<\/p>\n
La relevancia de estas cifras trasciende el \u00e1mbito presupuestario. En una democracia, la comunicaci\u00f3n no es \u00fanicamente una herramienta para informar; tambi\u00e9n influye en la forma en que los ciudadanos interpretan la realidad p\u00fablica. Por ello, mientras m\u00e1s capacidad tiene el Estado para proyectar su voz, m\u00e1s necesario resulta preservar un espacio donde otras voces puedan contrastarla, enriquecerla o cuestionarla. Despu\u00e9s de todo, la calidad del debate p\u00fablico no depende de que exista una sola narrativa, sino de la posibilidad de confrontarla con otras miradas de la realidad.<\/p>\n
Hannah Arendt observ\u00f3 que la libertad pol\u00edtica solo puede florecer all\u00ed donde existe un espacio p\u00fablico abierto al contraste de ideas y al examen permanente de quienes ejercen autoridad. Por ello, la calidad de una democracia no depende \u00fanicamente de la eficacia de sus instituciones, sino tambi\u00e9n de la amplitud de los m\u00e1rgenes que preserva para la deliberaci\u00f3n, la cr\u00edtica y el disenso.<\/p>\n
Bajo esa luz adquiere relevancia la discusi\u00f3n sobre determinados art\u00edculos del nuevo C\u00f3digo Penal. M\u00e1s all\u00e1 de su dimensi\u00f3n jur\u00eddica, el debate plantea una pregunta de naturaleza democr\u00e1tica: c\u00f3mo proteger derechos fundamentales sin debilitar uno de los principales mecanismos de control ciudadano sobre el poder: la libertad de cuestionarlo. Por eso, m\u00e1s all\u00e1 de las medidas espec\u00edficas que hoy ocupan la discusi\u00f3n p\u00fablica, la cuesti\u00f3n esencial no es \u00fanicamente cu\u00e1nto m\u00e1s puede recaudar el Estado, sino qu\u00e9 tan eficientemente administra los recursos que ya posee y qu\u00e9 tan dispuesto est\u00e1 a someter sus decisiones al escrutinio ciudadano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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