Por: Carlos Manzano | Por d\u00e9cadas, las reformas fiscales han sido uno de los temas m\u00e1s sensibles en la vida econ\u00f3mica y pol\u00edtica de la Rep\u00fablica Dominicana. No solo porque afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas, sino, tambi\u00e9n, porque ponen a prueba la relaci\u00f3n de confianza entre el Estado y la sociedad.<\/p>\n
Precisamente por esto \u00faltimo, toda reforma tributaria debe estar sustentada en principios de legitimidad, transparencia, participaci\u00f3n y rendici\u00f3n de cuentas. Sin embargo, la propuesta de paquete fiscal, convertida en Ley ya por el Congreso Nacional, no cumple con ninguno de esos requisitos fundamentales.<\/p>\n
Por el contrario, se trata de una iniciativa que nace con un serio d\u00e9ficit de legitimidad social y pol\u00edtica, al concentrarse casi exclusivamente en la creaci\u00f3n de nuevos impuestos y en el incremento de las cargas tributarias, sin abordar los problemas estructurales que afectan las finanzas p\u00fablicas, y de manera especial, la calidad del gasto p\u00fablico.<\/p>\n
El primer elemento que cuestiona la legitimidad de esta propuesta es su enfoque unilateral. El proyecto est\u00e1 dise\u00f1ado, mayormente, para aumentar los ingresos del Estado, pero guarda silencio sobre la eficiencia en el uso de los recursos p\u00fablicos.
\nNo contiene compromisos concretos para reducir el gasto improductivo, eliminar duplicidades institucionales, combatir el despilfarro o mejorar la calidad de los servicios p\u00fablicos. En otras palabras, se les pide m\u00e1s sacrificios a los contribuyentes sin ofrecer garant\u00edas de una mejor administraci\u00f3n de los recursos.<\/p>\n
Los ciudadanos tienen derecho a conocer cu\u00e1les proyectos fueron financiados con los cuantiosos recursos que recibe el Estado, a trav\u00e9s de impuestos y pr\u00e9stamos contratados durante los \u00faltimos a\u00f1os, cu\u00e1les resultados se obtuvieron y qu\u00e9 beneficios concretos recibi\u00f3 el pa\u00eds como consecuencia del manejo de esos recursos.<\/p>\n
La rendici\u00f3n de cuentas no es una concesi\u00f3n del poder, es una obligaci\u00f3n inherente al ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica. Ninguna administraci\u00f3n puede pretender aumentar la presi\u00f3n fiscal sin antes demostrar que ha administrado de manera eficiente, responsable y transparente los recursos que ya ha recibido.<\/p>\n
Sin embargo, el problema de legitimidad del paquete fiscal no se limita a su contenido. Tambi\u00e9n alcanza el proceso mediante el cual fue concebido y presentado al pa\u00eds.
\nLas grandes reformas nacionales requieren di\u00e1logo, concertaci\u00f3n y construcci\u00f3n de consensos. La experiencia internacional demuestra que las transformaciones fiscales m\u00e1s exitosas son aquellas que surgen de amplios procesos de consulta con los sectores econ\u00f3micos, sociales, acad\u00e9micos y profesionales. Esa pr\u00e1ctica fortalece la confianza p\u00fablica, mejora la calidad de las propuestas y facilita su implementaci\u00f3n.
\nNada de eso ocurri\u00f3 en esta ocasi\u00f3n.<\/p>\n
El Gobierno elabor\u00f3 y someti\u00f3 la propuesta sin un proceso previo de discusi\u00f3n con los principales sectores de la vida nacional. Empresarios, trabajadores, profesionales, organizaciones comunitarias y representantes de la sociedad civil fueron excluidos de una conversaci\u00f3n que afecta directamente sus intereses y sus condiciones de vida.<\/p>\n
La falta de participaci\u00f3n tampoco fue corregida durante el tr\u00e1mite legislativo. El conocimiento de la iniciativa en el Congreso Nacional no estuvo acompa\u00f1ado de un proceso amplio y transparente de vistas p\u00fablicas que permitiera escuchar las distintas voces de la sociedad dominicana.
\nUna reforma que est\u00e1 llamada a impactar a millones de ciudadanos no puede ser discutida entre paredes institucionales cerradas ni bajo procedimientos acelerados que limiten el debate democr\u00e1tico.
\nCuando una reforma fiscal carece de consulta, de consenso y de participaci\u00f3n ciudadana, pierde una parte esencial de su legitimidad. Y cuando, adem\u00e1s, omite discutir la calidad del gasto, la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas, esa falta de legitimidad se profundiza a\u00fan m\u00e1s.
\nLa legitimidad de una reforma tributaria descansa sobre cuatro pilares inseparables: la necesidad de ingresos p\u00fablicos, la calidad del gasto, la transparencia en la gesti\u00f3n de los recursos y la participaci\u00f3n de la sociedad en la toma de decisiones. Si uno de esos pilares falta, la reforma se debilita; si faltan varios, la reforma pierde sustento social.<\/p>\n
Por eso, el debate que necesita la Rep\u00fablica Dominicana no es \u00fanicamente cu\u00e1nto recaudar, sino c\u00f3mo gastar mejor, c\u00f3mo fortalecer los mecanismos de control, c\u00f3mo transparentar el uso de los fondos p\u00fablicos y c\u00f3mo garantizar una verdadera rendici\u00f3n de cuentas ante la ciudadan\u00eda.
\nEl pa\u00eds necesita una reforma fiscal integral, equilibrada y socialmente leg\u00edtima. Una reforma que no vea a los contribuyentes \u00fanicamente como una fuente de ingresos, sino como ciudadanos con derecho a exigir eficiencia, transparencia y responsabilidad de quienes administran los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n
Antes de imponer nuevos impuestos, el Gobierno debe responder preguntas fundamentales: \u00bfqu\u00e9 se ha hecho con los recursos obtenidos mediante el endeudamiento?, \u00bfqu\u00e9 medidas se adoptar\u00e1n para mejorar la calidad del gasto?, \u00bfqu\u00e9 compromisos concretos existen en materia de transparencia?, \u00bfpor qu\u00e9 no se consult\u00f3 a la sociedad antes de presentar una propuesta de tanta trascendencia?<\/p>\n
Mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta, resulta dif\u00edcil sostener que el paquete fiscal reci\u00e9n aprobado por el Congreso posee la legitimidad social, pol\u00edtica e institucional que una reforma de esta naturaleza exige.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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