Por: Yulibelys Wandelpool | La reciente promulgaci\u00f3n de la Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Econ\u00f3mico, Simplificaci\u00f3n Tributaria y Mitigaci\u00f3n de la Crisis Internacional env\u00eda un mensaje claro sobre la necesidad que tiene el gobierno de adoptar acciones que permitan fortalecer la econom\u00eda nacional, preservar la sostenibilidad fiscal y administrar con prudencia los recursos p\u00fablicos ante los desaf\u00edos que plantea el actual escenario internacional.<\/p>\n
En ese mismo contexto, el Poder Ejecutivo ha sometido al Senado de la Rep\u00fablica un proyecto de ley para la creaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Integridad, Transparencia y \u00c9tica Gubernamental (DIGITEG), iniciativa que abre un debate leg\u00edtimo sobre la coherencia entre los objetivos de eficiencia y racionalizaci\u00f3n del gasto p\u00fablico y la creaci\u00f3n de nuevas estructuras administrativas dentro del Estado.<\/p>\n
Debe quedar claro que la transparencia, la integridad y la \u00e9tica p\u00fablica son valores esenciales para el fortalecimiento institucional y la consolidaci\u00f3n democr\u00e1tica. Ninguna sociedad puede desarrollarse plenamente sin mecanismos efectivos de control, prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n y rendici\u00f3n de cuentas. Por tanto, la discusi\u00f3n no se centra en la importancia de estos objetivos, sino en la forma m\u00e1s eficiente de alcanzarlos.<\/p>\n
La creaci\u00f3n de una nueva instituci\u00f3n p\u00fablica siempre supone compromisos financieros para el Estado. M\u00e1s all\u00e1 de su noble prop\u00f3sito, implica la creaci\u00f3n de cargos directivos, personal t\u00e9cnico y administrativo, gastos operativos, infraestructura, equipamiento, sistemas tecnol\u00f3gicos y asignaciones presupuestarias permanentes. En otras palabras, representa una expansi\u00f3n de la estructura estatal que inevitablemente genera un impacto econ\u00f3mico que debe ser cuidadosamente valorado.<\/p>\n
La interrogante resulta a\u00fan m\u00e1s pertinente cuando se observa que el Estado dominicano ya cuenta con organismos cuyas funciones guardan una estrecha relaci\u00f3n con las materias que pretende abordar la DIGITEG. La C\u00e1mara de Cuentas fiscaliza el uso de los recursos p\u00fablicos; la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica ejerce control interno sobre la administraci\u00f3n; la Direcci\u00f3n General de Contrataciones P\u00fablicas supervisa la transparencia en las compras gubernamentales; la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa investiga hechos de corrupci\u00f3n; y la actual Direcci\u00f3n General de \u00c9tica e Integridad Gubernamental coordina pol\u00edticas vinculadas a la transparencia, el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y la promoci\u00f3n de la \u00e9tica en la gesti\u00f3n gubernamental.<\/p>\n
Ante esta realidad, surge una pregunta inevitable: \u00bfqu\u00e9 competencias espec\u00edficas justifican la creaci\u00f3n de la DIGITEG y por qu\u00e9 dichas funciones no pueden ser desarrolladas mediante el fortalecimiento de las instituciones ya existentes? La respuesta a esta interrogante resulta fundamental para determinar si estamos ante una verdadera necesidad institucional o ante una nueva estructura que podr\u00eda generar duplicidades y superposici\u00f3n de funciones.<\/p>\n
La experiencia demuestra que los problemas de la administraci\u00f3n p\u00fablica rara vez se resuelven \u00fanicamente mediante la creaci\u00f3n de nuevas entidades. Con frecuencia, las dificultades responden a problemas de coordinaci\u00f3n, limitaciones operativas, insuficiencia de recursos o debilidades en la aplicaci\u00f3n efectiva de las normas vigentes. Por ello, antes de ampliar el aparato estatal, parece razonable evaluar si el fortalecimiento de las capacidades institucionales existentes podr\u00eda producir resultados m\u00e1s eficientes y sostenibles.<\/p>\n
La discusi\u00f3n adquiere una dimensi\u00f3n a\u00fan m\u00e1s relevante cuando se analiza a la luz de la Ley 30-26. Si el gobierno reconoce la necesidad de adoptar medidas orientadas a mitigar los efectos de la crisis internacional, promover la sostenibilidad fiscal y optimizar el uso de los recursos p\u00fablicos, resulta natural que la ciudadan\u00eda espere una explicaci\u00f3n clara sobre el costo, alcance y justificaci\u00f3n de toda nueva instituci\u00f3n que implique un incremento del gasto estatal.<\/p>\n
No se trata de oponerse a la transparencia ni de cuestionar la importancia de la \u00e9tica p\u00fablica. Se trata de reflexionar sobre la mejor manera de alcanzar esos objetivos en un contexto econ\u00f3mico que demanda eficiencia, prudencia y responsabilidad en el manejo de los recursos colectivos.<\/p>\n
La fortaleza institucional de un pa\u00eds no se mide por la cantidad de organismos que integran su estructura administrativa, sino por la capacidad de estos para cumplir eficazmente sus funciones. M\u00e1s que preguntarnos cu\u00e1ntas instituciones necesita la Rep\u00fablica Dominicana, quiz\u00e1s debamos preguntarnos si estamos aprovechando plenamente las que ya tenemos y si las decisiones que adoptamos hoy responden a una visi\u00f3n coherente de Estado.<\/p>\n
La transparencia y la integridad son indispensables. Pero tambi\u00e9n lo son la eficiencia, la sostenibilidad fiscal y el uso responsable de los recursos p\u00fablicos. El verdadero desaf\u00edo consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre todos esos objetivos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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