Por: Margarita Cede\u00f1o | El voto obtenido leg\u00edtimamente en las urnas otorga la autoridad jur\u00eddica y pol\u00edtica para gobernar. Concede el mandato para tomar decisiones, administrar los recursos p\u00fablicos y orientar la acci\u00f3n del Estado. Sin embargo, ganar unas elecciones no equivale a recibir una autorizaci\u00f3n ilimitada ni convierte autom\u00e1ticamente cada decisi\u00f3n gubernamental en una decisi\u00f3n socialmente leg\u00edtima.<\/p>\n
La legitimidad pol\u00edtica se renueva cada d\u00eda mediante la escucha, la explicaci\u00f3n, la transparencia y la capacidad de incorporar a la sociedad en los asuntos que la afectan. Gobernar democr\u00e1ticamente no consiste \u00fanicamente en ejercer el poder, sino tambi\u00e9n en explicar c\u00f3mo se ejerce, para qui\u00e9n se ejerce y bajo cu\u00e1les criterios se adoptan las decisiones.<\/p>\n
Esa exigencia resulta especialmente importante en sociedades diversas, desiguales y atravesadas por intereses que no siempre coinciden. Empresarios, trabajadores, profesionales, iglesias, organizaciones comunitarias, movimientos sociales, acad\u00e9micos, comunicadores y grupos territoriales pueden tener perspectivas distintas sobre un mismo problema. Todas pueden ser leg\u00edtimas, aunque sean incompatibles entre s\u00ed.<\/p>\n
Con frecuencia se habla de construir consenso como si gobernar consistiera en lograr que todos est\u00e9n de acuerdo. Esa expectativa es poco realista y, en algunos casos, antidemocr\u00e1tica. Una sociedad en la que nadie discrepa no necesariamente es una sociedad cohesionada; puede ser una sociedad silenciada, indiferente o excluida.<\/p>\n
En una democracia viva existen diferencias, intereses contrapuestos y conflictos que deben ser reconocidos. La funci\u00f3n del gobernante no es borrar esas diferencias ni simular una unanimidad inexistente. Su responsabilidad es crear un procedimiento confiable para procesarlas.<\/p>\n
El consenso democr\u00e1tico no significa que todos obtengan exactamente lo que desean. Significa que los sectores involucrados sean escuchados, que conozcan las reglas del proceso, que sus posiciones sean consideradas y que la decisi\u00f3n final pueda ser explicada mediante razones p\u00fablicas. Incluso quienes pierden una discusi\u00f3n deben poder reconocer que participaron en un proceso razonablemente justo.<\/p>\n
La representatividad no puede medirse \u00fanicamente por la capacidad de presi\u00f3n, la cercan\u00eda con el poder, el n\u00famero de seguidores o la frecuencia con la que una persona aparece en los medios. Tampoco debe confundirse notoriedad con legitimidad.<\/p>\n
Representar supone alg\u00fan v\u00ednculo verificable con aquellos en cuyo nombre se habla. Ese v\u00ednculo puede derivarse de elecciones internas, afiliaci\u00f3n, membres\u00eda, presencia territorial, trayectoria, conocimiento t\u00e9cnico, trabajo comunitario o reconocimiento social. Pero debe ser identificable.<\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, quien participa en una consulta p\u00fablica deber\u00eda poder explicar a qui\u00e9n representa, c\u00f3mo fue escogido, qu\u00e9 mecanismos utiliz\u00f3 para construir su posici\u00f3n y cu\u00e1les son los l\u00edmites de su mandato. Esa rendici\u00f3n de cuentas no busca descalificar a los grupos sociales, sino fortalecer su legitimidad.<\/p>\n
Tambi\u00e9n corresponde al Gobierno preguntarse qui\u00e9nes no est\u00e1n presentes. Una consulta puede ser formalmente abierta y, aun as\u00ed, profundamente desigual. Si solo participan quienes tienen acceso, tiempo, recursos o influencia, el proceso puede reproducir las mismas asimetr\u00edas que deber\u00eda corregir.<\/p>\n
Por eso, construir consenso exige algo m\u00e1s que abrir las puertas del despacho presidencial o recibir a los sectores que solicitan audiencia. Requiere identificar activamente a quienes ser\u00e1n afectados por una decisi\u00f3n, especialmente cuando carecen de representaci\u00f3n organizada.<\/p>\n
El Estado no puede aceptar sin examen la idea de que la demanda de un sector beneficia autom\u00e1ticamente a toda la sociedad. Debe evaluar sus costos, sus consecuencias distributivas, su impacto sobre otros grupos y su compatibilidad con la Constituci\u00f3n, los derechos fundamentales y las posibilidades reales del pa\u00eds.<\/p>\n
La explicaci\u00f3n p\u00fablica es tan importante como la decisi\u00f3n misma. No basta con anunciar qu\u00e9 se har\u00e1. Es necesario exponer por qu\u00e9 se escogi\u00f3 una opci\u00f3n, cu\u00e1les intereses fueron ponderados, qu\u00e9 riesgos fueron identificados y c\u00f3mo se enfrentar\u00e1n sus efectos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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