{"id":92385,"date":"2026-10-20T09:40:06","date_gmt":"2026-10-20T13:40:06","guid":{"rendered":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/?p=92385"},"modified":"2026-10-20T09:40:06","modified_gmt":"2026-10-20T13:40:06","slug":"facturacion-electronica-los-desafios-para-las-mipymes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pldaldia.com\/portada\/facturacion-electronica-los-desafios-para-las-mipymes\/","title":{"rendered":"Facturaci\u00f3n electr\u00f3nica: Los desaf\u00edos para las mipymes"},"content":{"rendered":"<p>Por: Yulibelys Wandelpool | La modernizaci\u00f3n del sistema tributario dominicano es necesaria y la implementaci\u00f3n de la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica constituye un avance importante en materia de transparencia, control fiscal y eficiencia administrativa. Sin embargo, no todas las empresas tienen las mismas condiciones para asumir las transformaciones que exige el Estado. Mientras las grandes empresas cuentan con estructuras tecnol\u00f3gicas, departamentos de contabilidad y personal especializado, muchas micro y peque\u00f1as empresas operan con recursos limitados y procesos administrativos que todav\u00eda dependen de mecanismos tradicionales. Esta realidad obliga a reflexionar sobre los desaf\u00edos que supone la implementaci\u00f3n de la Ley n\u00fam. 32-23, sobre Facturaci\u00f3n Electr\u00f3nica, particularmente para las mipymes.<\/p>\n<p>La Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) otorg\u00f3 una pr\u00f3rroga generalizada de seis meses a los contribuyentes clasificados como peque\u00f1os, micro y no clasificados, trasladando hasta el 15 de noviembre de 2026 el plazo para completar su incorporaci\u00f3n al sistema. Esta decisi\u00f3n reconoce, en cierta medida, las dificultades que enfrenta una parte importante del sector empresarial para cumplir con las nuevas exigencias. Sin embargo, ampliar un plazo no resuelve necesariamente los problemas de fondo. La verdadera discusi\u00f3n debe centrarse en determinar si las condiciones tecnol\u00f3gicas, econ\u00f3micas y administrativas de estas empresas les permiten cumplir adecuadamente con la obligaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para una gran empresa, implementar un sistema de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica puede representar una actualizaci\u00f3n de sus procesos internos. Para una microempresa, en cambio, puede significar adquirir equipos, disponer de conexi\u00f3n estable a internet, capacitar al personal, contratar asistencia t\u00e9cnica o modificar por completo la manera en que registra sus operaciones. Aunque la DGII dispone de un facturador gratuito, su utilizaci\u00f3n tambi\u00e9n requiere conocimientos b\u00e1sicos, acceso a herramientas digitales y capacidad para gestionar correctamente las obligaciones tributarias. La gratuidad de una plataforma no significa necesariamente que su implementaci\u00f3n est\u00e9 libre de costos para quienes deben utilizarla.<\/p>\n<p>La facturaci\u00f3n electr\u00f3nica ofrece beneficios que no deben desconocerse. Permite mejorar la trazabilidad de las operaciones, reducir el uso de documentos f\u00edsicos, facilitar los controles y fortalecer la transparencia tributaria. Pero estos objetivos deben alcanzarse sin perder de vista un principio fundamental de la buena administraci\u00f3n: las actuaciones del Estado deben ser razonables y proporcionales a las circunstancias de sus destinatarios. No resulta adecuado exigir el mismo nivel de adaptaci\u00f3n tecnol\u00f3gica a una empresa con cientos de empleados que a un peque\u00f1o negocio familiar que apenas dispone de personal para atender sus operaciones cotidianas.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n debemos prestar atenci\u00f3n a las consecuencias del incumplimiento. La Ley n\u00fam. 32-23 contempla infracciones y sanciones relacionadas con las obligaciones de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica. Frente a esta realidad, la Administraci\u00f3n tributaria tiene el desaf\u00edo de procurar que el r\u00e9gimen sancionador no termine convirti\u00e9ndose en una dificultad adicional para la sostenibilidad de los peque\u00f1os negocios. La fiscalizaci\u00f3n es una facultad leg\u00edtima del Estado, pero debe ejercerse acompa\u00f1ada de orientaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y mecanismos efectivos que faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones.<\/p>\n<p>El desaf\u00edo de la DGII no debe limitarse a lograr que m\u00e1s contribuyentes emitan comprobantes fiscales electr\u00f3nicos. Tambi\u00e9n debe procurar que las mipymes comprendan el sistema, puedan utilizarlo correctamente y encuentren en esta transformaci\u00f3n una oportunidad para organizar y fortalecer sus negocios. Esto requiere capacitaci\u00f3n accesible, asistencia t\u00e9cnica oportuna, informaci\u00f3n clara y una evaluaci\u00f3n permanente de las dificultades que enfrenta cada segmento empresarial. Una pol\u00edtica p\u00fablica no puede considerarse plenamente exitosa \u00fanicamente porque alcance sus metas administrativas; tambi\u00e9n debe valorarse por sus efectos sobre las personas y las actividades econ\u00f3micas a las que est\u00e1 dirigida.<\/p>\n<p>La Rep\u00fablica Dominicana necesita avanzar hacia una administraci\u00f3n tributaria m\u00e1s moderna, eficiente y transparente. Pero tambi\u00e9n necesita proteger y fortalecer a las mipymes, que desempe\u00f1an un papel fundamental en la generaci\u00f3n de empleos y en la actividad econ\u00f3mica nacional. La facturaci\u00f3n electr\u00f3nica debe ser una herramienta para facilitar la formalizaci\u00f3n y mejorar la gesti\u00f3n empresarial, no una raz\u00f3n adicional para que peque\u00f1os negocios encuentren dificultades para mantenerse operando. Modernizar el Estado tambi\u00e9n implica comprender la realidad de quienes est\u00e1n llamados a cumplir sus decisiones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: Yulibelys Wandelpool | La modernizaci\u00f3n del sistema tributario dominicano es necesaria y la implementaci\u00f3n de la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica constituye un avance importante en materia de transparencia, control fiscal y eficiencia administrativa. Sin embargo, no todas las empresas tienen las mismas condiciones para asumir las transformaciones que exige el Estado. 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