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Por: Yulibelys Wandelpool | Imaginemos a una persona adulta mayor que necesita solicitar una pensión, a una madre que procura acceder a un programa de asistencia social o a un pequeño empresario que debe completar un trámite ante una institución pública. Ahora imaginemos que todos esos servicios pasan a realizarse mediante plataformas digitales y que estas personas no cuentan con los conocimientos necesarios para utilizarlas. ¿Estamos facilitándoles la vida o colocándoles una nueva barrera para ejercer sus derechos?

Esta reflexión cobra especial relevancia tras la aprobación del Decreto núm. 787-26, que establece el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana. Una iniciativa que valoramos positivamente, porque la modernización del Estado es necesaria y la tecnología puede contribuir a mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, su implementación nos obliga a mirar una realidad que no podemos ignorar: no todas las personas están preparadas para relacionarse con una administración pública cada vez más digital.

Modernizar también implica educar: En distintos espacios he sostenido que toda política pública de modernización debe estar acompañada de un proceso de educación y orientación dirigido a quienes tendrán que utilizar las nuevas herramientas. No basta con transformar los procedimientos, incorporar plataformas o utilizar inteligencia artificial. También debemos preparar a las personas para aprovechar esos avances.

En República Dominicana todavía enfrentamos desafíos importantes en materia de alfabetización digital. Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2022), entre las personas que no habían utilizado internet durante los tres meses anteriores a la encuesta, el 44.5 % manifestó que no sabía utilizarlo. Este dato merece nuestra atención, porque nos recuerda que detrás de los avances tecnológicos existe una población con diferentes niveles de conocimiento, acceso y oportunidades.

Pensemos en nuestros adultos mayores, en las personas que residen en comunidades rurales, en quienes tienen alguna discapacidad o en aquellos que, aun teniendo un teléfono celular, desconocen cómo completar un formulario, cargar un documento o dar seguimiento a una solicitud por internet. Tener acceso a un dispositivo no significa necesariamente contar con las competencias para utilizar los servicios públicos digitales. Y esa diferencia debe ser considerada al momento de diseñar e implementar cualquier política de transformación tecnológica.

La tecnología no puede limitar derechos: Desde el punto de vista jurídico, la digitalización de los servicios públicos debe desarrollarse respetando las garantías que reconoce nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 147 de la Constitución dominicana establece que los servicios públicos deben responder, entre otros, a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, continuidad y calidad. Por su parte, el artículo 4 de la Ley núm. 107-13 reconoce el derecho de las personas a una buena administración pública, incluyendo el acceso a los servicios públicos, la respuesta oportuna y la motivación de las actuaciones administrativas.

Estas garantías no desaparecen porque un procedimiento deje de realizarse presencialmente y pase a desarrollarse mediante una plataforma digital. Tampoco pueden quedar condicionadas a que una persona tenga determinados conocimientos tecnológicos.

El nuevo Código de Ética incorpora principios de inclusión, no discriminación, transparencia y supervisión humana. Además, reconoce garantías frente a las decisiones administrativas apoyadas por inteligencia artificial, incluyendo la posibilidad de solicitar explicaciones y revisión humana. Pero existe una diferencia entre reconocer estos principios en una disposición normativa y garantizar que sean efectivos en la práctica.

Una administración pública no puede considerarse verdaderamente moderna si, mientras simplifica sus procedimientos para unos, dificulta el acceso a los servicios para otros.

Una transformación digital que incluya a todos: La modernización debe acompañarse de programas permanentes de alfabetización digital, jornadas de orientación comunitaria, capacitación para adultos mayores y mecanismos de asistencia en las propias instituciones públicas. También resulta necesario desarrollar plataformas sencillas, con instrucciones comprensibles, accesibles para personas con discapacidad y adaptadas a las condiciones reales de nuestra población. La tecnología debe facilitar los trámites, no exigir que cada persona se convierta en especialista para poder realizarlos.

Asimismo, durante los procesos de transición deben mantenerse alternativas de atención y asistencia para quienes todavía no pueden utilizar los canales digitales de manera autónoma. No podemos permitir que desconocer el funcionamiento de una plataforma termine convirtiéndose en una causa de exclusión. Este compromiso también alcanza a los servidores públicos, quienes necesitan formación para orientar adecuadamente a las personas, comprender las herramientas que utilizan y asumir las responsabilidades que les corresponden.

La inteligencia artificial puede ayudar a reducir tiempos, organizar información y mejorar la toma de decisiones. Pero no debe sustituir el trato humano cuando este resulte necesario, ni convertirse en un obstáculo para presentar una reclamación, recibir una explicación o ejercer un derecho. El verdadero desafío consiste en lograr que la innovación tecnológica y la inclusión social avancen juntas. Por eso, considero que la alfabetización digital debe asumirse como parte esencial de la política pública de transformación del Estado, con objetivos concretos, recursos suficientes y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.

Aprobar un marco normativo es importante. Implementarlo respetando las realidades y necesidades de las personas es lo que permitirá determinar su verdadero alcance. No estamos en contra de la modernización. Por el contrario, estamos convencidos de su necesidad. Pero el progreso debe servir a las personas y no exigir que sean ellas quienes enfrenten solas las dificultades de adaptarse a él.

Porque un Estado verdaderamente moderno no es solamente aquel que incorpora nuevas tecnologías, sino el que garantiza que todas las personas puedan beneficiarse de ellas, sin perder sus derechos en el camino.