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Por: Jhoanna Constanzo | En República Dominicana existen miles de personas que, en algún momento, se registraron en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con el legítimo propósito de emprender o formalizar un pequeño negocio.
Muchos lo hicieron movidos por el entusiasmo de crecer, por una oportunidad laboral o por la exigencia de un contrato que les pedía tener RNC. Sin embargo, el tiempo, las crisis, la falta de educación tributaria y la realidad económica nacional llevaron a que muchos de esos pequeños contribuyentes abandonaran sus actividades, cerraran sus negocios o quedaran atrapados en un laberinto fiscal que hoy los convierte en “muertos tributarios”.
Personas que alguna vez se registraron para emprender con dignidad hoy figuran como deudores del Estado, no por evasión dolosa, sino por desconocimiento o imposibilidad de concluir oportunamente un acuerdo fiscal , cayendo en un interminable ciclo de acumulación de recargos, intereses e intereses sobre intereses durante años, hoy se presentan como pasivos millonarios que resultan impagables.
No hay equidad posible en un sistema que convierte un error administrativo o un olvido en una condena económica perpetua.
Es cierto que la DGII ha implementado en ocasiones programas de amnistía fiscal que reducen intereses o condonan parcialmente deudas, ofreciendo rebajas de hasta un 50% en algunos casos.
Sin embargo, dichas medidas no han tenido un impacto real entre los contribuyentes más pequeños, precisamente porque se basan en la premisa de que existe capacidad de pago. Y la realidad es que una gran parte de esos ciudadanos no tienen capacidad de pago.
El Código Tributario Dominicano, en su artículo 4, consagra el principio de justicia tributaria, estableciendo que el sistema fiscal debe ser equitativo y proporcional según la capacidad contributiva de cada ciudadano.
En ese sentido, mantener en los registros a miles de personas como “deudores inactivos” que no pueden regularizar su situación contradice ese principio esencial. No se trata solo de una cuestión contable; es una falla humana y política que mantiene excluidos a miles de dominicanos de la posibilidad de volver a emprender, obtener créditos o participar en la economía formal.
Por eso, desde la Secretaría de Asuntos Empresariales del PLD, proponemos que la DGII y el Gobierno diseñen un Plan Nacional de Rescate Tributario que vaya más allá de las amnistías tradicionales. Un plan verdaderamente revolucionario que reconozca la realidad de los contribuyentes y los reincorpore al sistema, no mediante descuentos temporales, sino a través de la eliminación o saneamiento definitivo de pasivos irrecuperables generados por causas no dolosas.
Este programa podría incluir la depuración de los registros de contribuyentes inactivos, la evaluación e investigación del origen real de la falta tributaria en cada caso, la creación de un “borrón y cuenta nueva” para negocios cerrados una vez comprobado que la acumulación de la deuda es originada más que por una falta por la acumulación en el tiempo y un componente de educación tributaria comunitaria que evite repetir el ciclo de exclusión.
Un Estado moderno no puede sostenerse sobre la ficción de deudas incobrables, ni sobre la condena permanente de quienes alguna vez emprendieron, intentaron formalizarse pero fracasaron en el intento y sumado a ello el estado los castiga con una deuda creciente e imparable.
El verdadero progreso fiscal no se mide por la persecución de los débiles, sino por la capacidad de integrar nuevamente a los ciudadanos a la economía productiva. No se trata de premiar la evasión, sino de reconocer la diferencia entre el que engañó al fisco y el que simplemente fracasó en su intento y por desconocimiento o dejadez no cerro el debido ciclo.
En tiempos donde la economía dominicana enfrenta grandes retos de informalidad y desigualdad, esta medida no solo sería un acto de justicia fiscal, sino también una política de desarrollo nacional. Porque rescatar a los contribuyentes invisibles en definitiva es rescatar la confianza ciudadana en el Estado y en la justicia tributaria.
