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Por: Yulibelys Wandelpool | La Suprema Corte de Justicia desempeña una función esencial en la interpretación y aplicación del derecho, la construcción de criterios jurisprudenciales y la seguridad jurídica.
La decisión de varios magistrados de la Suprema Corte de Justicia de no someterse nuevamente al proceso de evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura abre una discusión que debe ser observada más allá de los nombres: cómo renovar una institución fundamental sin perder la experiencia y el conocimiento acumulados durante años.
La renovación es necesaria. Permite incorporar nuevas generaciones, perspectivas y capacidades. Pero, cuando hablamos de justicia, renovar también exige preservar aquello que ha contribuido a la estabilidad y calidad del sistema.
Algunos de los magistrados que han decidido no continuar cuentan con una extensa trayectoria en la administración de justicia y, en varios casos, han desarrollado buena parte de su vida profesional dentro de la carrera judicial. Su experiencia no pertenece únicamente a sus hojas de vida; constituye también conocimiento acumulado dentro del Poder Judicial. Esto coloca al Consejo Nacional de la Magistratura frente a un reto importante.
La Suprema Corte de Justicia desempeña una función esencial en la interpretación y aplicación del derecho, la construcción de criterios jurisprudenciales y la seguridad jurídica. Por eso, la selección de sus integrantes no puede analizarse únicamente como la sustitución de unos jueces por otros.
Debe ser un ejercicio de continuidad institucional. Esto tampoco significa que quienes sean seleccionados deban provenir exclusivamente de la carrera judicial. La administración de justicia puede enriquecerse con juristas provenientes de la academia, los espacios de formación jurídica y el ejercicio profesional. La diversidad de experiencias puede ser una fortaleza.
Lo determinante debe ser el mérito. Capacidad jurídica, experiencia, integridad, independencia y trayectoria deben constituir los principales criterios para ocupar una posición de tanta responsabilidad.
El Consejo Nacional de la Magistratura tiene una composición constitucional en la que participan actores provenientes de distintos poderes del Estado y de la actividad política. Esa configuración forma parte de nuestro diseño institucional. Sin embargo, al momento de seleccionar jueces, cualquier proximidad o vinculación política debe ceder frente al mérito y la independencia.
No se trata de cuestionar anticipadamente las decisiones del Consejo, sino de reconocer la trascendencia de la responsabilidad que tiene frente al país.
República Dominicana ha dedicado décadas a profesionalizar y fortalecer su sistema judicial. Preservar esos avances también debe formar parte de cualquier proceso de renovación.
Las instituciones necesitan nuevas generaciones, pero también memoria. Necesitan nuevas perspectivas, pero también experiencia.
Renovar la Suprema no significa comenzar de cero. Significa construir sobre lo avanzado y garantizar que, más allá de los nombres, permanezcan el mérito, la independencia y la calidad de la justicia.
