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Por: Luis Fernández | Para hablar de las luchas de los trabajadores
dominicanos por sus legítimos derechos,
debemos recordar las luchas de Mauricio
Baez y el liderazgo obrero de la época, cuya
heroica resistencia detonó con la gran
huelga azucarera de 1946, que paralizó la
producción de caña de azúcar en los
ingenios de San Pedro de Macoris y la
Romana, exigiendo el cumplimiento estricto
de la jornada de 8 horas diarias y un
aumento salarial justo.
Pasada la tormenta de la huelga y reanudada la producción de azúcar,
la dictadura desató una sangrienta cacería selectiva contra los
cabecillas del movimiento. Notables dirigentes sindicales como Ángel
Dickson (Blanquita) y Porfirio Quezada (Negrito) fueron ejecutados de
forma extrajudicial, para salvar su vida Mauricio Báez se vio forzado a
asilarse en la embajada de México y salir al exilio hacia Cuba, donde
el 8 de diciembre de 1950, fue secuestrado y desaparecido por
agentes trujillistas.
Aunque el movimiento sindical fue descabezado mediante el terror, la
histórica movilización de 1946 demostró que la dictadura no era
invencible, lo que obligó al régimen Trujillista a promulgar
regulaciones legales para contener el descontento social latente,
como la ley 637 sobre prestaciones laborales, La Ley No. 1896 de
Seguros Sociales y El Código Trujillo de Trabajo (1951).
Después de caída la dictadura y luego de una histórica elección en
1962, llega al poder un hombre con la firme convicción de que la
democracia política era inviable sin justicia social y dignidad
económica para la clase obrera, Juan Bosch inició una nueva era para
la República Dominicana, promulgando una de las constituciones más
progresistas de la historia dominicana.
En esta histórica constitución se consagraron formalmente el derecho
a la huelga, la libertad sindical, la participación de los trabajadores en
las utilidades de las empresas y una protección estricta contra los
despidos injustificados, además estableció que la vivienda de un
trabajador humilde no podía ser embargada por deudas, protegiendo
el techo de su familia, con estos derechos las bases de la dignidad
laboral y la conciencia de clase quedaron sembradas en la población.
Hay un hecho que relata de forma clara la actitud del gobierno de
Juan Bosch en 1963, frente a los trabajadores y fue la situación
originada cuando los trabajadores del central azucarero de La
Romana (South Puerto Rico Sugar Company), la empresa privada
más grande del país en ese momento, organizaron una huelga masiva
exigiendo aumentos salariales justificables por los altos precios
internacionales del azúcar.
A esta huelga los sectores conservadores le exigían al gobierno enviar
al ejército para reprimir la huelga y desalojar a los obreros, Juan
Bosch se negó rotundamente a usar las armas del Estado contra los
trabajadores. En su lugar, el gobierno medió de forma justa, logrando
que la empresa multinacional cediera gran parte de sus ganancias en
beneficios directos para los jornaleros dominicanos.
La lucha de los trabajadores continuó ya que después del golpe de
estado de 1963, el país entro en un claro proceso de retroceso que se
profundizó, con el gobierno de los 12 años de Balaguer, donde
destacados dirigentes sindicales como Francisco Antonio Santos, Julio
de Peña Valdez, Barbarin Mojica, Miguel Soto, Nelsida Marmolejos
Fernando de la Rosa, Eugenio Pérez Cepeda, Carlos Tomás Fernández
y otros muchos dirigentes, de las organizaciones de trabajadores,
libraron una dura lucha contra un régimen marcado por la
confrontación política y la resistencia popular.
Luego de numerosas huelgas y conflictos llegamos al año 1992,
donde nace como fruto de un histórico consenso alcanzado en un
diálogo tripartito entre el Gobierno, los sindicatos de trabajadores y el
sector empresarial, el Código de Trabajo de la República Dominicana
(Ley No. 16-92).El código aprobado en 1992 fija oficialmente la
jornada de trabajo en 44 horas semanales y 8 horas diarias,
establece la escala obligatoria de indemnización por desahucio, obliga
al pago del salario 13 libre de impuestos, retenciones o embargos y
obliga a las empresas a distribuir el 10% de sus utilidades netas
anuales entre sus trabajadores,
34 años después de su promulgación, el Código de 1992 se encuentra
bajo un intenso debate de modificación en el Congreso Nacional, en la
modificación del actual código de trabajo el tema mas importante y
sensible es la cesantía laboral, lo que ha generado intensos debates
por la oposición del sector empresarial a reconocer esta conquista de
los trabajadores, la que pretender limitar, reducirla o transformarla
con esquemas que en la práctica debilitan su esencia, haciendo que el
trabajador dominicano quede desprotegido.
En escritos anteriores alerté al movimiento sindical y a la sociedad,
del peligro que habia de caer en una contrareforma laboral, si no se
era firme en la defensa de los intereses de los trabajadores
dominicanos, los que a traves de sus organizaciones se han opuesto a
las pretensiones del sector patronal, de poner topes o modificar el
cálculo del auxilio de cesantía , indicando que la cesantía es
innegociable ya que esto seria profundizar la desigualdad y crear más
incertidumbre para el trabajador.
Los trabajadores dominicanos han logrado algunos avances despues
de la caida de la dictadura trujillista, pero estos que han sido frutos
de mucha lucha, represion, persecucion y muertes, no pueden ser
erradicados ni mucho menos distorsionar conquistas históricas, por un
sector patronal que muchas veces se resiste a redistribuir mejor la
riqueza y frente a Estados que solo priorizan un crecimiento
económico que favorece a unos pocos y solo produce más pobreza y
desigualdad.
El bajo nivel de los salarios en la República Dominicana, el alto costo
de la vida, la reducción de la informalidad laboral, equidad, justicia
social, distribución justa de las riquezas del pais y una auténtica
libertad sindical, son parte de los desafíos actuales de los
trabajadores dominicanos, en su lucha permanente por sus derechos,
que hoy se enfrentan a un sistema que les exige todo y en cambio les
devuelve muy poco.
