Antropófagos y libertad de expresión

Por: Luis García | Solía escuchar con cierta frecuencia al extinto periodista Rafael Molina Morillo, primer director de EL DÍA, decir, cada vez que nubarrones de censura amenazaban la libertad de expresión y difusión del pensamiento en República Dominicana, que el primer ‘antropófago’ comenzó engullendo sus propias uñas.

Varios acontecimientos deben llamar la atención a una sociedad cuya Constitución política establece que somos un Estado social y democrático de derecho, fundamentado en la dignidad de las personas, los cuales han girado en torno a críticas contra el Gobierno o amenazas al presidente Luis Abinader a través de redes sociales.

Destacan dos hechos ocurridos recientemente. Uno, el que involucra a las principales figuras de la plataforma digital Somos Pueblo, Ricardo Ripoll y Eduardo Sánchez, quienes denunciaron que cuando regresaban de un viaje de la zona fronteriza fueron sometidos a una requisa inusualmente minuciosa en un puesto de control militar; y otro, el referente a la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva en San Cristóbal contra el ciudadano Stalin Silvestre Corporán por amenazas y ofensas al mandatario.

En el caso de Ripoll y de Sánchez, se caracterizan por su postura crítica frente a determinadas actuaciones de autoridades del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), de la misma manera en que hicieron a la administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de Danilo Medina; mientras que Silvestre Corporán era un desconocido para la opinión pública hasta que el Ministerio Público informó de la acusación.

Los referidos hechos merecen la atención de las autoridades, no solamente por las circunstancias que se han producido, sino en vista de las implicaciones que podría tener para el ejercicio de las libertades públicas. Hay que observar que estos no son los únicos casos de esa naturaleza. Otras personas han sido detenidas, investigadas o sometidas a la justicia en los últimos años por amenazas contra el mandatario, en episodios que tuvieron como escenarios redes sociales o plataformas digitales.

A modo de ilustración, citamos algunos. En 2022 se produjo el apresamiento de Roberto Antonio Soto Mejía, acusado de emitir amenazas públicas, y en mayo de 2023 fue arrestada en Bonao, Yrene Sosa Tavárez, por mensajes en TikTok, y liberada tras el pago de una garantía económica de RD$50,000. En diciembre de 2025, las autoridades detuvieron en El Seibo a Héctor Julio Mercedes Rodríguez, debido a la publicación de un video con amenazas contra el jefe del Estado y sus familiares. Quedó en libertad bajo garantía económica y con seguimiento psiquiátrico.

Una mirada holística deja dudas en torno a si la reacción oficial ante ese tipo de expresiones se puede interpretar como una especie de intimidación de parte de esferas del poder político. La respuesta parece difícil y compleja.

Teóricamente, a partir de la promulgación de la Constitución del año 2010, República Dominicana pasó de un Estado de derecho a un Estado social y democrático de derecho, que tiene como fundamento la dignidad de las personas.

Su función esencial consiste en la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

En las sociedades verdaderamente democráticas, los derechos fundamentales cuentan con una protección judicial reforzada y, por lo tanto, ningún poder emanado de las urnas puede dar señales de intimidación.
Esperemos que nuestros “antropófagos” modernos no terminen fulminando la libertad de expresión.