Burdas Violaciones a la Ley Electoral

Por: Carlos Manzano | El recién pasado proceso electoral, en donde se disputaron los cargos municipales en toda la geografía nacional los diferentes partidos políticos, estuvieron cargados de un sinnúmero de violaciones a la Ley Electoral, que debe llamar a preocupación seriamente a la sociedad dominicana, sobre todo, a la Junta Central Electoral como órgano rector del sistema.

Lo que pude observar en un recorrido que hiciera el día 18 por algunos recintos electorales de la capital resultó para mí deprimente, y en ocasiones indignante. Prácticas que entendíamos habían sido ya superadas hace años, volvieron a resurgir ese día con el mayor descaro, y ante la indiferencia irresponsable de los funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE) y la policía electoral.

Después de tantos esfuerzos realizados en el país durante años por adecentar estos procesos, resulta penoso decir que según lo que pudimos notar hemos retrocedidos 40 años atrás, en donde era cosa normal hacer proselitismo político en los recintos electorales, así como en cualquier esquina de la ciudad se observaba la compra bochornosa de cédulas y votos.

De conformidad con el Informe de La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), así como el Informe de Participación Ciudadana, las violaciones flagrantes a las leyes electorales durante el proceso sobresalieron casi en toda la geografía nacional, y lo que es peor, con la componenda y cofradía de la policía electoral y los funcionarios de la JCE.
Aquí compartimos algunas acciones señaladas en esos informes y que fueron corroboradas por nosotros ese día, las cuales son consideradas burdas violaciones las normativas que rigen esos procesos, impulsadas en su gran mayoría por el oficialismo.
En el señalado Informe de la misión de observadores de la OEA, se dejó establecido que durante todo el proceso se comprobó la compra de votos y cédulas por parte de fuerzas políticas.

Se hace necesario que la Junta Central Electoral (JCE), de manera enfática, se disponga a crear los mecanismos de lugar para combatir la perniciosa práctica de la compra de voluntades para que ciudadanos los favorezcan con el voto.

Esta práctica no sólo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio, y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral.
Otra práctica que se detectó fue el “abundante proselitismo político” en las inmediaciones de los centros de votación, llegando al extremo de asediar a los votantes; práctica que pensábamos ya había sido superada.

Las modalidades más utilizadas fueron: pancartas, propaganda impresa, gorras, guindalezas, camisetas, t-shirts y botones con identificación de partidos y candidatos.

Lamentablemente, los funcionarios de la JCE y la policía militar electoral jugaron un papel irresponsable en dicho proceso electoral, pues ante ese accionar irregular e ilegal no intervenían para nada, dando muestra, en algunos casos, de apoyo y confabulación con esos comportamientos y delitos electorales que dañan y laceran la democracia.

Otra violación fragrante fue la realización de una caravana de motoconchistas en promoción de la candidatura del candidato a alcalde del PRM en Santo Domingo Este, Dío Astacio.

Participación Ciudadana dijo en su informe, además, que una importante violación observada en varios recintos electorales fue la realización de encuestas a boca de urna, a pesar de que la Junta Central Electoral emitió una resolución que prohíbe la realización de estas encuestas.

La Ley 15-19, Orgánica sobre Régimen Electoral, indica que los que incurran en estos tipos de delitos podrían enfrentar la pena de seis meses a dos años de cárcel, y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público.

La JCE tiene el deber y la responsabilidad de garantizar elecciones libres, justas y transparentes, velando por el cumplimiento de las leyes electorales, por lo que la misma está en la obligación de investigar a fondo todas las denuncias de irregularidades, así como tomar las medidas necesarias para evitar que esos comportamientos delictuales se repitan en futuros procesos electorales.

Confiamos en que, para las próximas elecciones del 19 de mayo, la JCE cumplirá fielmente con su deber de velar por la integridad y diafanidad de nuestras elecciones, brindando a nuestra sociedad garantías de que las situaciones irregulares reportadas en febrero no se repitan en mayo.