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Por: Carlos Manzano | Hay declaraciones de funcionarios públicos que, más allá de la intención de quien las pronuncia, terminan revelando las debilidades e incongruencia en la aplicación de políticas públicas.
Los recientes pronunciamientos del presidente Luis Abinader sobre la persecución del delito y la imposibilidad de rehabilitar a quienes acumulan múltiples fichas policiales permiten examinar críticamente los resultados de una reforma policial, de la que tanto se ufana el presente gobierno.
Cuando el mandatario afirma que una persona con diez fichas policiales tiene pocas posibilidades de reintegrarse a la sociedad, sus palabras parecen expresar algo más que preocupación por la delincuencia: dejan entrever la frustración del propio Gobierno ante las dificultades para alcanzar los resultados prometidos.
La pregunta es inevitable: ¿qué ha hecho el Estado para evitar que quienes acumulan numerosos registros policiales continúen delinquiendo? ¿Dónde están las fallas en la prevención, la investigación y la persecución penal?
Tras tantos anuncios de transformación institucional, la persistencia de estos problemas obliga a cuestionar la eficacia de las estrategias aplicadas.
Una reforma policial no puede medirse únicamente por la adquisición de equipos, el remozamiento de destacamentos o la capacitación de agentes, y mucho menos, por la cantidad de delincuentes muertos.
Su verdadero éxito debe reflejarse en la prevención del delito, la reducción de la impunidad y una mayor seguridad para la población, empleando mecanismos modernos y tecnología de punta.
Cuando el discurso presidencial pasa de anunciar transformaciones a reconocer las dificultades para controlar la reincidencia, surge una contradicción evidente: la frustración ante una reforma cuyos resultados todavía deben demostrarse con hechos concretos.
Esto no significa desconocer la complejidad del fenómeno criminal ni minimizar el peligro de quienes reinciden. Significa evaluar también la responsabilidad de las instituciones encargadas de prevenir, investigar, perseguir los delitos, y reinsertar al delincuente a la sociedad.
Debe recordarse, además, que una ficha policial no equivale a una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal debe establecerse ante los tribunales, con pruebas y respeto al debido proceso.
Asimismo, reconocer las dificultades de rehabilitación no justifica que el Estado renuncie a la reinserción social. La rehabilitación no es impunidad, así como la firmeza frente al delito no exige abandonar toda posibilidad de recuperación.
Tampoco basta con endurecer las penas. La seguridad ciudadana requiere investigaciones eficaces, coordinación entre la Policía y el Ministerio Público, y cumplimiento de las decisiones judiciales.
Si el propio presidente expresa frustración ante las dificultades para controlar la delincuencia, el país tiene derecho a preguntarse si la reforma policial está cumpliendo los objetivos para los cuales fue concebida.
No basta con lamentar que existan personas difíciles de rehabilitar; corresponde demostrar que el Estado dispone de instituciones capaces de prevenir, investigar y perseguir eficazmente los delitos.
Cuando las palabras del gobernante dejan entrever frustración ante una realidad que prometió transformar, queda expuesta la distancia entre las expectativas creadas y los resultados alcanzados.
La seguridad ciudadana no se demuestra con la dureza de los discursos, sino con instituciones eficaces, menos impunidad y protección real de la vida de los dominicanos. Sobre esos resultados, y no sobre los anuncios oficiales, debe medirse la verdadera dimensión de la reforma policial.
