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Por: Domingo Batista | Tres años separan el impacto directo del huracán Fiona en septiembre de 2022 del paso prolongado de la tormenta tropical Melissa en octubre de 2025.
Sin embargo, la distancia entre ambos eventos no parece haber sido suficiente para que la República Dominicana aprenda a gestionar desastres sin caer en la tentación de la declaración automática de emergencia.
Mientras el gobierno declara la situación de emergencia la oposición con el secretario general del PLD, Johnny Pujols, a la cabeza advierte con razón: “no podemos abusar del Estado de Emergencia”.
Fiona fue un huracán que tocó tierra con vientos destructivos y lluvias intensas concentradas en el este y noreste del país.
Dejó más de 8,000 viviendas dañadas, 2,600 completamente destruidas, un millón de personas sin agua potable y 400,000 sin electricidad.
Los daños económicos directos superaron los US$375 millones. En respuesta, el gobierno declaró Estado de Emergencia en varias provincias, movilizó recursos y obtuvo préstamos internacionales. Fue una medida justificada por la magnitud del desastre.
Melissa, en cambio, no tocó tierra como huracán. Se mantuvo estacionaria sobre el Caribe, descargando lluvias persistentes durante días.
Los reportes iniciales del Ministerio de Agricultura hablaban de efectos “moderados” y hasta “favorables” en algunas zonas. Solo en Peravia y San José de Ocoa se reportaron comunidades aisladas por crecidas de ríos. En San Juan, Barahona y Pedernales, no había afectaciones relevantes.
Pero tres días después, el mismo Ministerio elevó la cifra de daños agrícolas a RD$1,340 millones, afectando 36,700 tareas, principalmente de plátano, café, yuca y hortalizas.
El PLD cuestionó la credibilidad del informe, señalando que minimizaba los daños en el sur donde la alerta roja fue más prolongada y exageraba los del norte.
Adriano Sánchez Roa, titular de Asuntos Agropecuarios del PLD, habló de posibles “fines politiqueros” en la distribución geográfica de las pérdidas.
Y aquí radica el primer problema: la inconsistencia oficial. Un informe preliminar que celebra lluvias benéficas se transforma en uno catastrófico en cuestión de días. ¿Es esto un ajuste técnico o una narrativa construida para justificar una declaratoria de emergencia?
El segundo problema es la suspicacia que genera la administración opaca del PRM que basa su gestión en propaganda.
El PLD teme que se use como pretexto para compras directas sin control del congreso, licitaciones exprés y asignaciones discrecionales.
Legisladores: “Se manejó bien sin emergencia la semana pasada”, dijo Charlie Mariotti (PLD). “Abriría puertas a intereses particulares”, advirtió Ramón Raposo (PRD).
El secretario general Johnny Pujols lo resume con claridad: “No hay necesidad de utilizarlo en extremo”. Y tiene razón. Durante Melissa, se suspendieron docencia y labores, se activaron alertas, se limpiaron canales de riego, se evacuaron zonas de riesgo.
El PLD, incluso, puso su militancia al servicio de las comunidades. El país sí respondió. Pero lo hizo sin necesidad de saltarse los mecanismos de transparencia.
Fiona enseñó que un estado de emergencia es útil cuando hay destrucción masiva, colapso de servicios básicos y necesidad urgente de reconstrucción.
Melissa, hasta ahora, muestra inundaciones localizadas, daños agrícolas significativos pero manejables, y comunidades aisladas, pero no un colapso nacional.
Declarar emergencia por cada fenómeno atmosférico debilita la institucionalidad, normaliza la excepción y alimenta la sospecha de oportunismo.
El presidente Abinader dice que esperará los reportes definitivos de Obras Públicas y otros ministerios. Bien.
Pero la decisión no debe basarse solo en la magnitud de los daños, sino en si el Estado puede responder sin suspender las reglas de contratación pública.
Porque cada vez que se declara emergencia sin necesidad real, se erosiona la confianza ciudadana y se fortalece el argumento de que estos mecanismos son herramientas de poder, no de servicio.
Tres años después de Fiona, la lección pendiente no es cómo reconstruir más rápido, sino cómo prevenir la tentación de gobernar por excepción. Melissa no necesita un estado de emergencia.
Necesita un gobierno que actúe con transparencia, que compense justamente a los agricultores afectados especialmente en el sur, históricamente postergado y que demuestre que puede asistir sin evadir controles.
Como dijo Johnny Pujols: “No podemos abusar del Estado de Emergencia”. No es solo una frase de oposición. Es un principio de gobernanza responsable. Ojalá esta vez se escuche.
