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Por: Elso Segura Martínez | Secretario de la Secretaria de Relaciones Laborales-
Cada 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, una fecha impulsada por organismos internacionales para promover la
prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Más allá de
su carácter simbólico, esta conmemoración invita a reflexionar sobre las
condiciones reales en que millones de trabajadores desempeñan sus
funciones. En el caso de la República Dominicana, esta reflexión resulta
particularmente urgente.
El concepto de seguridad y salud en el trabajo no se limita a la ausencia de
accidentes, sino que abarca el bienestar físico, mental y social del trabajador.
Implica condiciones dignas, estabilidad laboral, acceso a servicios de salud,
protección social efectiva y un entorno libre de violencia y acoso. Sin embargo,
en la práctica, estos principios distan mucho de cumplirse plenamente en el
país.
Uno de los problemas más notorios es la precarización del empleo. Una gran
parte de la población laboral dominicana se encuentra en condiciones de
informalidad, con contratos inexistentes o temporales, bajos salarios y sin
acceso adecuado a la seguridad social. Esta realidad coloca a los trabajadores
en una situación de vulnerabilidad constante, donde la pérdida del empleo
puede ocurrir sin garantías ni protección.
A esto se suma la deficiente calidad del sistema de seguridad social. Aunque
formalmente existe una estructura institucional, en la práctica muchos
trabajadores enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud
oportunos, cobertura insuficiente y procesos burocráticos que limitan su
efectividad. La protección frente a riesgos laborales, en muchos casos, resulta
más teórica que real.
Otro aspecto preocupante es el deterioro del entorno psicosocial en los lugares
de trabajo. El acoso laboral, tanto por parte de funcionarios como de gerentes
hacia sus subordinados, se ha convertido en una problemática frecuente pero
poco visibilizada. Estas prácticas generan estrés, ansiedad, desmotivación y
afectan directamente la salud mental de los trabajadores, además de disminuir
la productividad y el clima organizacional.
La inseguridad laboral y sindical también constituye un obstáculo significativo.
Muchos trabajadores temen organizarse o exigir mejores condiciones por
miedo a represalias, despidos o estigmatización. Esta debilidad en la
protección de los derechos colectivos limita la capacidad de los trabajadores
para incidir en la mejora de sus condiciones laborales.
Asimismo, no se puede ignorar el estado de las infraestructuras físicas y viales,
así como la precariedad del transporte público. Estas condiciones no solo
afectan la calidad de vida, sino que también incrementan el riesgo de
accidentes en el trayecto hacia el trabajo, que forma parte integral de la
experiencia laboral. El tiempo excesivo de desplazamiento, el hacinamiento y la
inseguridad vial impactan negativamente en la salud física y mental de los
trabajadores.
En este contexto, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo no
debe limitarse a discursos institucionales, sino que debe convertirse en un
llamado a la acción. Es necesario fortalecer las políticas públicas, mejorar la
supervisión de las condiciones laborales, garantizar el cumplimiento de las
normativas existentes y promover una cultura de respeto a la dignidad del
trabajador.
De igual manera, resulta fundamental fomentar la educación y concienciación
tanto de empleadores como de empleados, así como fortalecer los
mecanismos de denuncia y protección frente a abusos. La construcción de
entornos laborales saludables no es solo una responsabilidad del Estado, sino
también del sector privado y de la sociedad en su conjunto.
En conclusión, la situación actual en la República Dominicana evidencia que
aún queda un largo camino por recorrer para garantizar condiciones laborales
dignas y seguras. La conmemoración de esta fecha debe servir como punto de
partida para impulsar transformaciones reales que coloquen al trabajador en el
centro del desarrollo, reconociendo que no puede haber progreso económico
sostenible sin justicia social y bienestar laboral.
