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Por: Elso Milcíades Segura Martínez | Cada inicio del año escolar en la República Dominicana despierta expectativas para millones de estudiantes y docentes. Sin embargo, para miles de familias trabajadoras representa también el comienzo de una de las etapas más difíciles del año desde el punto de vista económico. El regreso a las aulas se convierte en una carrera contrarreloj para reunir los recursos necesarios que permitan garantizar el derecho de sus hijos a la educación.
Aunque la Constitución dominicana reconoce la educación como un derecho fundamental y el Estado ha realizado importantes inversiones en infraestructura escolar y programas de apoyo, la realidad cotidiana demuestra que el costo de enviar un hijo a la escuela continúa siendo una pesada carga para numerosos hogares. Esta situación afecta especialmente a quienes perciben ingresos bajos o medios, cuyos salarios apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte y salud.
De acuerdo con cifras oficiales, para el año escolar 2025-2026 el sistema educativo dominicano registró una matrícula de 2,664,028 estudiantes, de los cuales el 77.5 % asistía a centros públicos y el 22.5 % a instituciones privadas. Estos datos reflejan que, aunque la mayoría de los estudiantes se educa en el sistema público, cerca de una cuarta parte de las familias dominicanas asume directamente los costos de la educación privada.
La decisión de matricular a los hijos en colegios privados responde, en muchos casos, a la percepción de que ofrecen mayor estabilidad, continuidad docente o servicios complementarios. Sin embargo, ello implica asumir gastos por concepto de inscripción, mensualidades, uniformes, útiles escolares, transporte y materiales didácticos, comprometiendo una parte importante del presupuesto familiar.
A ello se suma el costo de los libros de texto, cuya renovación anual genera frecuentes cuestionamientos entre padres y educadores. Muchos consideran que, en ocasiones, los cambios entre una edición y otra son mínimos y no justifican el gasto adicional que deben asumir las familias. Este aspecto merece una reflexión profunda sobre la necesidad de promover materiales educativos de mayor durabilidad, calidad pedagógica y accesibilidad económica.
En contraste, las familias cuyos hijos estudian en escuelas públicas reciben un importante apoyo estatal. Para el año escolar 2026-2027, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) proyectó beneficiar a más de 1.8 millones de estudiantes mediante la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, con un ahorro estimado de entre RD$3,864 y RD$5,433 por estudiante. Asimismo, el Ministerio de Educación informó la distribución de millones de libros de texto y cuadernos de trabajo, además de la habilitación de nuevas aulas para el inicio del calendario escolar.
Estas iniciativas constituyen un alivio significativo para las familias de menores ingresos. Sin embargo, no alcanzan a quienes, por distintas razones, optan o se ven obligados a matricular a sus hijos en centros privados, donde el costo total de la educación puede representar varios meses del ingreso de un trabajador.
La situación resulta aún más compleja si se considera que el salario mínimo en la República Dominicana continúa siendo reducido frente al costo de la vida y presenta diferencias entre sectores económicos, lo que limita la capacidad de ahorro de numerosos hogares. En este contexto, muchas familias recurren a préstamos, tarjetas de crédito o adelantos salariales para afrontar los gastos del inicio del año escolar, generando un ciclo de endeudamiento que puede prolongarse durante varios meses.
Frente a esta realidad, el debate no debería centrarse únicamente en cuánto cuesta la canasta escolar, sino en la capacidad real de las familias para asumir ese costo sin comprometer su estabilidad económica. La educación no puede convertirse en un privilegio condicionado por el nivel de ingresos de los padres, sino que debe constituir un derecho garantizado mediante políticas públicas que reduzcan las desigualdades y aseguren igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes.
Resulta necesario continuar fortaleciendo la calidad de la educación pública, ampliar los programas de apoyo a las familias, revisar las políticas relacionadas con la producción y comercialización de libros de texto, promover recursos educativos digitales gratuitos y fomentar mecanismos que reduzcan el impacto económico del regreso a clases. Estas medidas contribuirían a que el inicio del año escolar deje de ser una fuente de angustia para miles de trabajadores dominicanos.
Cada agosto, la educación vuelve a recordarnos que invertir en el futuro de un país no consiste únicamente en construir escuelas o distribuir útiles escolares. También implica garantizar que ninguna familia tenga que escoger entre alimentar a sus hijos o enviarlos a estudiar. Ese sigue siendo uno de los grandes desafíos de la sociedad dominicana del siglo XXI.
