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Por: Héctor Olivo | Son los involucrados en el escandaloso caso de corrupción administrativa del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) quienes han insinuado que los montos involucrados, los que superarían los RD$15,000 millones, habrían sido utilizados para fines político-electorales.
Es decir que con los recursos generados con el fraude se financió la campaña de reelección del presidente Luis Abinader en 2024, una acción espeluznante que se tipifica como un grave crimen electoral.
Naturalmente estas afirmaciones deberán ser debidamente investigadas y probadas en la justicia , aunque su sola mención ha tenido un efecto devastador sobre la credibilidad del gobierno.
En las investigaciones que originó el expediente acusatorio se explica, que el principal acusado, el entonces director del SeNaSa, daba a entender que parte del dinero que robaban iría a parar a fondos para la campaña política del partido oficial.
Conociendo de la gravedad de la afirmación en el PRM se adelantaron a desmentir la especie intentando despejar duda de la vinculación de la maniobra fraudulenta con ese partido y sus campañas electorales, pero son muchos los cabos sueltos.
Entendemos que son esas preocupaciones las que han llevado al gobierno y PRM a cabildear escritos y comentarios que contradicen lo que se ha expresado y que es ya de dominio general.
De confirmarse parcialmente las versiones que ligan el desfalco a la campaña electoral al hoy partido en el gobierno, no se estaría ante un caso convencional de corrupción administrativa, se trataría de la utilización de recursos del sistema de salud pública para la captura y reproducción del poder político, lo que constituye una de las formas más graves de desviación del Estado
Los escritos de defensa del Gobierno y del PRM se adelantan a afirmar que todo va a salir muy claro, cuando el expediente esté completo e instrumentalizado y puesto en manos de los jueces.
Es una versión y la otra es que, tras bastidores muchos de los involucrados y encartados reafirman que los recursos recaudados se utilizarían en la campaña con lo que se confirma que ya el daño está hecho.
La percepción de que fondos destinados a garantizar el derecho a la salud fueron desviados para financiar una campaña electoral desdice el discurso ético del gobierno y coloca el escándalo de SENASA como un punto de inflexión en la confianza ciudadana.
