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Por: Carlos Manzano | La inmigración irregular se ha convertido en uno de los desafíos más complejos que enfrenta la República Dominicana hoy día. No se trata únicamente de un asunto de seguridad fronteriza o de control migratorio, sino de un problema que impacta los servicios públicos, el mercado laboral, la salud, la educación y la percepción de seguridad de la población.
Sin embargo, en medio de este panorama, surge una pregunta que cada día cobra mayor fuerza: ¿quiénes se están beneficiando económicamente de esta situación?
Prácticamente a diario, las autoridades presentan ante los medios de comunicación amplios operativos migratorios, informan sobre miles de detenciones y deportaciones, y destacan los esfuerzos que realiza el gobierno para controlar el ingreso irregular de extranjeros.
No obstante, la realidad que perciben muchos ciudadanos parece contradecir esos anuncios. Mientras se presentan resultados de operativos de detención y deportación, continúa observándose un flujo constante de inmigrantes irregulares que ingresan con relativa facilidad y permanecen en distintas regiones del país.
Esa contradicción no puede pasar inadvertida. Si los operativos son permanentes y los controles fronterizos funcionan con la eficacia que se anuncia, resulta legítimo preguntarse por qué el problema persiste y por qué la inmigración irregular sigue creciendo.
Los resultados de una política pública efectiva de migración no deben medirse por la cantidad de ruedas de prensa o por el número de personas detenidas en un día, sino por su capacidad para reducir de manera sostenida el fenómeno que pretende combatir.
Esta realidad obliga a mirar más allá de las deportaciones. El verdadero desafío consiste en identificar y desmantelar las estructuras que hacen posible la inmigración irregular. Ningún flujo migratorio de esta magnitud se sostiene por sí solo.
Cuando un problema permanece en el tiempo, pese a la realización constante de operativos, es razonable exigir investigaciones sobre las posibles redes de tráfico ilícito de migrantes, los intermediarios que obtienen beneficios económicos y cualquier manifestación de corrupción que facilite el ingreso o la permanencia irregular de personas en el territorio nacional.
Mientras esas estructuras permanezcan intactas, el país seguirá enfrentando las consecuencias sin atacar las causas. Perseguir únicamente a quienes ingresan irregularmente, sin investigar a quienes organizan, financian o facilitan esos movimientos, difícilmente permitirá alcanzar una solución duradera.
La República Dominicana necesita una política migratoria seria, coherente y transparente, sustentada en el respeto a la ley y en la protección de la soberanía nacional.
Esa política debe incluir controles fronterizos eficaces, procesos administrativos eficientes, cooperación internacional y, sobre todo, un firme compromiso para investigar y sancionar cualquier acto de corrupción relacionado con la gestión migratoria.
La ciudadanía merece respuestas claras. Merece conocer si los recursos invertidos en el control migratorio están produciendo los resultados esperados y qué acciones concretas se están adoptando para combatir las redes delictivas que puedan lucrarse de la inmigración irregular.
La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para fortalecer la confianza pública.
El país no necesita más anuncios espectaculares ni operativos que generen titulares por un día. Necesita resultados verificables, políticas sostenibles y acciones dirigidas a la raíz del problema.
Si existen intereses económicos que alimentan la inmigración irregular, deben ser identificados mediante investigaciones rigurosas y enfrentados con todo el peso de la ley, respetando el debido proceso.
Solo cuando se combatan de manera efectiva las causas que sostienen este fenómeno, y no únicamente sus consecuencias, la República Dominicana podrá avanzar hacia un sistema migratorio ordenado, seguro y respetuoso del Estado de derecho.
Ese debe ser el verdadero objetivo nacional: desmontar cualquier estructura que se beneficie de la inmigración irregular y garantizar que la política migratoria responda al interés público y no a intereses particulares.
