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Por: Lic Ruddy Pérez | La República Dominicana atraviesa un momento complejo que combina tensiones económicas con debilidades estructurales.
En el discurso oficial, parte de estas dificultades se atribuyen a factores externos como el conflicto entre Israel y Estados Unidos con Irán, así como la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, aunque estos eventos inciden en la economía global, no explican por sí solos la magnitud de los desafíos que enfrenta hoy el país.
La realidad económica nacional evidencia un deterioro perceptible en la calidad de vida de la población. El aumento sostenido en los precios de la canasta familiar, la pérdida del poder adquisitivo y la presión inflacionaria han colocado a amplios sectores en una situación de vulnerabilidad. A esto se suma un incremento significativo del endeudamiento público, que supera los 60 mil millones de dólares en el período reciente, sin que dicho nivel de financiamiento se traduzca en una transformación visible de la infraestructura nacional. La ausencia de obras de gran impacto, proporcionales al volumen de recursos comprometidos, genera cuestionamientos legítimos sobre la eficiencia, la planificación y la transparencia en el uso de esos fondos.
En el plano institucional, persisten fallas estructurales que limitan la capacidad de respuesta del Estado. Muchas instituciones no están cumpliendo con las expectativas ciudadanas ni con los estándares de eficiencia requeridos para sostener un modelo de desarrollo moderno. Esta debilidad institucional se refleja también en la ejecución de obras públicas, caracterizadas en múltiples casos por retrasos, deficiencias de calidad y falta de supervisión efectiva.
El contraste se vuelve aún más evidente al analizar el comportamiento del sector turístico, principal generador de divisas del país. Si bien la industria ha mostrado un crecimiento sostenido en términos de llegada de visitantes y expansión de la oferta, impulsada en gran medida por la inversión privada, este crecimiento no ha sido acompañado por una adecuada planificación territorial ni por el fortalecimiento de la infraestructura pública en las zonas de mayor desarrollo. El empresariado ha asumido un rol protagónico, levantando complejos hoteleros y proyectos inmobiliarios de alto nivel, pero el entorno que los rodea no refleja el mismo estándar.
Un caso emblemático es Bávaro Punta Cana, donde el dinamismo contrasta con evidentes signos de deterioro urbano, desorden territorial y deficiencias en servicios básicos. La falta de intervención oportuna por parte de las autoridades competentes ha generado una brecha entre el crecimiento del sector y la calidad del entorno que lo sustenta. Esta realidad impacta tanto a los residentes como a los turistas, afectando la percepción del destino y comprometiendo su sostenibilidad a largo plazo.
El país enfrenta, por tanto, una paradoja: crecimiento en determinados sectores de la economía, pero estancamiento y retroceso en aspectos fundamentales del desarrollo estructural. Esta desconexión pone en evidencia la necesidad de replantear prioridades, fortalecer la institucionalidad y garantizar que el endeudamiento público se traduzca en mejoras tangibles para la población.
Más allá de las explicaciones externas, el desafío es interno. La gestión pública debe enfocarse en resultados concretos, en la ejecución eficiente de obras, en la transparencia y en la construcción de un modelo de desarrollo equilibrado que integre crecimiento con bienestar social. La coyuntura actual exige decisiones firmes, planificación estratégica y un compromiso real con las transformaciones que el país demanda y el bienestar de su gente.
