Es Ilegitimo el Paquete Fiscal

Por: Carlos Manzano | Por décadas, las reformas fiscales han sido uno de los temas más sensibles en la vida económica y política de la República Dominicana. No solo porque afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas, sino, también, porque ponen a prueba la relación de confianza entre el Estado y la sociedad.

Precisamente por esto último, toda reforma tributaria debe estar sustentada en principios de legitimidad, transparencia, participación y rendición de cuentas. Sin embargo, la propuesta de paquete fiscal, convertida en Ley ya por el Congreso Nacional, no cumple con ninguno de esos requisitos fundamentales.

Por el contrario, se trata de una iniciativa que nace con un serio déficit de legitimidad social y política, al concentrarse casi exclusivamente en la creación de nuevos impuestos y en el incremento de las cargas tributarias, sin abordar los problemas estructurales que afectan las finanzas públicas, y de manera especial, la calidad del gasto público.

El primer elemento que cuestiona la legitimidad de esta propuesta es su enfoque unilateral. El proyecto está diseñado, mayormente, para aumentar los ingresos del Estado, pero guarda silencio sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
No contiene compromisos concretos para reducir el gasto improductivo, eliminar duplicidades institucionales, combatir el despilfarro o mejorar la calidad de los servicios públicos. En otras palabras, se les pide más sacrificios a los contribuyentes sin ofrecer garantías de una mejor administración de los recursos.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuáles proyectos fueron financiados con los cuantiosos recursos que recibe el Estado, a través de impuestos y préstamos contratados durante los últimos años, cuáles resultados se obtuvieron y qué beneficios concretos recibió el país como consecuencia del manejo de esos recursos.

La rendición de cuentas no es una concesión del poder, es una obligación inherente al ejercicio de la función pública. Ninguna administración puede pretender aumentar la presión fiscal sin antes demostrar que ha administrado de manera eficiente, responsable y transparente los recursos que ya ha recibido.

Sin embargo, el problema de legitimidad del paquete fiscal no se limita a su contenido. También alcanza el proceso mediante el cual fue concebido y presentado al país.
Las grandes reformas nacionales requieren diálogo, concertación y construcción de consensos. La experiencia internacional demuestra que las transformaciones fiscales más exitosas son aquellas que surgen de amplios procesos de consulta con los sectores económicos, sociales, académicos y profesionales. Esa práctica fortalece la confianza pública, mejora la calidad de las propuestas y facilita su implementación.
Nada de eso ocurrió en esta ocasión.

El Gobierno elaboró y sometió la propuesta sin un proceso previo de discusión con los principales sectores de la vida nacional. Empresarios, trabajadores, profesionales, organizaciones comunitarias y representantes de la sociedad civil fueron excluidos de una conversación que afecta directamente sus intereses y sus condiciones de vida.

La falta de participación tampoco fue corregida durante el trámite legislativo. El conocimiento de la iniciativa en el Congreso Nacional no estuvo acompañado de un proceso amplio y transparente de vistas públicas que permitiera escuchar las distintas voces de la sociedad dominicana.
Una reforma que está llamada a impactar a millones de ciudadanos no puede ser discutida entre paredes institucionales cerradas ni bajo procedimientos acelerados que limiten el debate democrático.
Cuando una reforma fiscal carece de consulta, de consenso y de participación ciudadana, pierde una parte esencial de su legitimidad. Y cuando, además, omite discutir la calidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas, esa falta de legitimidad se profundiza aún más.
La legitimidad de una reforma tributaria descansa sobre cuatro pilares inseparables: la necesidad de ingresos públicos, la calidad del gasto, la transparencia en la gestión de los recursos y la participación de la sociedad en la toma de decisiones. Si uno de esos pilares falta, la reforma se debilita; si faltan varios, la reforma pierde sustento social.

Por eso, el debate que necesita la República Dominicana no es únicamente cuánto recaudar, sino cómo gastar mejor, cómo fortalecer los mecanismos de control, cómo transparentar el uso de los fondos públicos y cómo garantizar una verdadera rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El país necesita una reforma fiscal integral, equilibrada y socialmente legítima. Una reforma que no vea a los contribuyentes únicamente como una fuente de ingresos, sino como ciudadanos con derecho a exigir eficiencia, transparencia y responsabilidad de quienes administran los recursos públicos.

Antes de imponer nuevos impuestos, el Gobierno debe responder preguntas fundamentales: ¿qué se ha hecho con los recursos obtenidos mediante el endeudamiento?, ¿qué medidas se adoptarán para mejorar la calidad del gasto?, ¿qué compromisos concretos existen en materia de transparencia?, ¿por qué no se consultó a la sociedad antes de presentar una propuesta de tanta trascendencia?

Mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta, resulta difícil sostener que el paquete fiscal recién aprobado por el Congreso posee la legitimidad social, política e institucional que una reforma de esta naturaleza exige.