Los primeros hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que asumieron funciones electivas en la administración pública, con sus buenas gestiones dejaron la impronta del pensamiento de Juan Bosch, sobre lo que corresponde hacer en el manejo del Estado.
La población ha ponderado esas acciones y ha correspondido ratificando con su voto de confianza que el PLD se mantenga en los distintos estamentos de poder, desde los cabildos en numerosas demarcaciones, hasta las más altas instancias de gobierno, como la Presidencia de la República.
Estas aseveraciones devienen de las ponderaciones del regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional Julián Roa, sobre el comportamiento de los peledeístas que entraron a la municipalidad como los primeros regidores y alcaldes del PLD en los años 80.
“Ignacio Ditrén, Alma Fernández, Reinaldo Pared y otros valiosos compañeros, privilegiaron y dieron buen nombre de cómo se comporta un regidor peledeísta; al igual que Toñito Pisel, quien se convirtió en el primer síndico del PLD, en La Romana”, comentó Roa.
En su opinión, desde ese entonces el PLD tenía bien claro a qué iba a los gobiernos locales, y por qué luchaba por alcanzar las riendas del Estado:
“Los compañeros que fueron a la municipalidad en esa primera ola de peledeístas en las funciones públicas, deben sentirse orgullosos de haber cumplido su tarea apegados a las directrices del Partido capitaneado por el profesor Bosch”.
Recordó que en los años 90 cuando el PLD ganó en la mayoría de los municipios los senadores y diputados los alcaldes y regidores, igualmente cumplieron de manera excelente sus funciones, y fueron los que al final dieron las bases de sustentación al Partido en sus territorios.
“Nosotros hicimos un buen ejercicio de buena práctica edilicia–dijo Roa- con algunos errores como los tienen todas las administraciones públicas, pero esas gestiones de los años 90 fueron excelentes en materia de los gobiernos locales que es lo que nos ocupa”.
Puso de relieve que hasta la vigencia de la ley 176-07, los gobiernos locales funcionaron bajo las leyes 34-55 y 34-56 de administración y organización municipal.
“Esas dos leyes fueron elaboradas por Trujillo en el año 1952, pero fueron dos leyes buenas, escuetas, sin muchas pretensiones, pero que si se cumplían al pie de la letra, se hacía una buena gestión municipal,” enfatizó.
Como tercera generación de peledeístas en la administración pública, el regidor capitalino destacó que el PLD asumió prácticamente la mayoría de los gobiernos locales a partir del año 2000.
Y observó que ya en las últimas etapas los funcionarios municipales se han manejado bajo el ámbito de la ley 176-07 “que es un marco legal diferente”, y que compara con un carro Mercedes Benz.
El edil tiene ese concepto, dice, “porque si se le diera cumplimiento, tendríamos una verdadera democracia participativa en todos los gobiernos locales, y se cumpliría esa parte que Don Juan habló de Dictadura con Apoyo Popular, en el sentido de que los gobiernos locales estarían establecidos con la participación social total de los grupos comunitarios”.
Sostiene Roa que no habría una sola decisión que pueda tomar mayoritariamente un ayuntamiento, que no tenga que ser consultada a la población. “De manera que estamos hablando de una ley que permitiría una verdadera democracia participativa”.
Los gobernados mandan
En el ámbito de las actuales leyes y normas que rigen los cabildos, los gobernados tienen el poder de decidir lo que quieren y lo que no quieren, para impedir que sus alcaldes y otros funcionarios edilicios impongan todo lo que se les antoje, a veces por razones espurias.
“si se cumpliera la ley como corresponde, tendríamos una democracia amplia donde las decisiones locales tendrían que ser necesariamente refrendadas, avaladas o conocidas por los gobernados, por esa población a la que se le va a aplicar la decisiones”.
¿Eso no será letra muerta?
“No, no es letra muerta pero en cierto modo algunos compañeros se han dejado llevar del ruido de la oposición de que la ley es mala, pero no es así, es que la población civil no le ha dado la importancia que corresponde”–responde.
Asegura el regidor peledeísta que se han logrado algunos avances en la aplicación de la actual legislación municipal, pero se habría podido avanzar más en sentido general si todos los actores municipales hicieran mayor esfuerzo.
“Fíjate que esta ley tiene siete mecanismos de participación de la población, por cada decisión que se va a tomar”, dice Roa, para de inmediato agregar:
“Si se someten a un escrutinio legal, el 95 por ciento de las decisiones que se han tomado en los gobiernos locales, adolecen de ciertos vicios de ilegalidad, no en el fondo, pero si en la forma”.
El presupuesto
Precisó el regidor Julián Roa, que para aprobar un presupuesto en cualquier ayuntamiento del país tiene necesariamente que consultarse a la población del municipio en cuestión. “O sea, al gobernado hay que decirle que los 100 pesos que se tienen como asignación para el presupuesto, se van a gastar de tal o cual manera”.
“Es que si se va a gastar el dinero en un monumento -prosiguió- quizás la población no lo quiera. Si se va a gastar en una construcción, quizás la población quiera otra prioridad. Esta ley obliga a que se consulte a la población sobre lo que más desea y más le conviene”.
Insistió en que lo expresado no se refiere al Presupuesto Participativo, que se quiere ver como una conquista, y de hecho lo es, sino que lo explicado es obligatorio con el Presupuesto Anual de cualquier ayuntamiento.
Según Roa, la ley que rige los ayuntamientos plantea un mecanismo de participación que se llama Consejo Económico y Social, CES, figura jurídica establecida hasta para el Presupuesto Nacional.
Detalló que ese Consejo Económico y Social tiene representantes de los maestros, de los agrónomos, las juntas de vecinos y otros. Y no es que sólo se vaya a hacer lo que ellos digan, pero sugieren pautas a seguir y la oportunidad de operar sobre lo bien o mal elaborado que esté el presupuesto.
El caso de nagua
Puso como ejemplo que grupos comunitarios de Nagua, en la provincia Sánchez Ramírez, pidieron al alcalde que le entregara el proyecto de presupuesto antes de que fuera conocido por los regidores, y el alcalde se negó argumentando que eso competía sólo a los regidores.
Los comunitarios acudieron al Tribunal Constitucional, y el Tribunal falló ordenando que la entrega del presupuesto a los comunitarios un mes antes de ser conocido por los regidores.
Hay que recordar –dijo a seguidas- que estamos bajo el régimen de una Constitución en la que prima un Régimen Social Democrático y de Derecho, y lo ocurrido en Nagua es jurisprudencia y ley.
“Los alcaldes del PLD deben tener pendiente que tienen que ser participativos. La ley es clara, y establece dar acceso a la población a lo que se va a hacer, pero antes de que se haga”, recalcó el regidor, al tiempo de señalar.
La ley es muy importante, y va a mejorar todos los gobiernos locales y la democracia participativa.
