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Por: José Alexander Suero | En toda democracia auténtica, la independencia del Poder Judicial constituye uno de los pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho. Los jueces no administran justicia en nombre de intereses partidarios ni de gobiernos circunstanciales; la ejercen en nombre de la Constitución y de la nación. Por ello, cuando los jueces reclaman mejores condiciones presupuestarias, garantías institucionales o el fortalecimiento del sistema judicial, no están defendiendo privilegios personales, sino reclamando las condiciones mínimas necesarias para ejercer una justicia verdaderamente independiente.
La discusión sobre las prerrogativas y necesidades del Poder Judicial no debe ser interpretada como una confrontación entre jueces y gobierno, sino como un debate nacional sobre la salud institucional de la República Dominicana y la preservación del equilibrio entre los poderes públicos.
El gran peligro surge cuando las reivindicaciones legítimas del Poder Judicial son asumidas exclusivamente por el Poder Ejecutivo, particularmente a través del Ministerio de Hacienda, y no mediante una solución institucional discutida y aprobada por el Congreso Nacional mediante una enmienda presupuestaria o una reforma estructural que garantice autonomía financiera real al sistema judicial.
Si el fortalecimiento presupuestario de los jueces depende de la discrecionalidad del gobierno de turno, el Poder Judicial corre el riesgo de quedar política y moralmente condicionado frente al Ejecutivo. La independencia judicial no solo debe existir, sino también parecer existente ante la sociedad. La percepción pública de imparcialidad resulta tan importante como la imparcialidad misma.
En el contexto actual, si el gobierno encabezado por Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumieran unilateralmente las demandas de los jueces, podría generarse una peligrosa relación de dependencia o gratitud institucional. Esa situación podría afectar la confianza ciudadana en la objetividad de futuras decisiones judiciales, especialmente en casos donde deban investigarse o juzgarse figuras vinculadas al oficialismo.
Un juez que deba decidir sobre procesos relacionados con funcionarios, dirigentes políticos o intereses del partido gobernante no puede estar sometido, ni siquiera indirectamente, a presiones derivadas de favores presupuestarios concedidos por el mismo poder político cuyos miembros podrían eventualmente ser juzgados. Aunque los magistrados actúen con honestidad y apego a la ley, la sola sospecha de influencia política debilita la legitimidad del sistema democrático.
La Constitución dominicana consagra el principio de separación e independencia de los poderes públicos precisamente para evitar que un poder controle o condicione a otro. Cuando el Poder Judicial depende financieramente de la voluntad política del Ejecutivo, se erosiona el equilibrio institucional y se afecta uno de los fundamentos esenciales de la democracia constitucional.
Por eso, la solución a las demandas del Poder Judicial debe surgir de una política de Estado asumida por el liderazgo nacional y canalizada institucionalmente por el Congreso Nacional, órgano representativo de la soberanía popular. Solo una asignación presupuestaria estable, suficiente y constitucionalmente garantizada puede asegurar que los jueces ejerzan sus funciones sin compromisos políticos ni dependencias coyunturales.
La independencia judicial no puede ser una concesión graciosa del gobierno de turno; debe ser una garantía permanente de la República. Cuando la justicia pierde autonomía, pierde fuerza el Estado de derecho, se debilita la democracia y se pone en peligro la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Defender la independencia presupuestaria del Poder Judicial no significa proteger intereses corporativos de los jueces; significa proteg
