LEY DE PRONTO PAGO: Compromiso del PLD

Por: Osiris Mota | Durante la administración del presidente Danilo Medina (2012-2020), se implementaron programas que fortalecieron la clase media y promovieron la inclusión social. Uno de los más relevantes fue la creación del Banco Solidario, dirigido por Maira Jiménez, el cual facilitó el acceso al crédito a pequeños emprendedores. Además, a través de las Visitas Sorpresa, se impulsaron miles de proyectos agroindustriales en comunidades y municipios, incentivando la producción agrícola y la generación de bienes de consumo para el sector turístico, definido como la «máquina del desarrollo». (Porque los pobres son buena paga, repetía Danilo)

En esta misma línea, la Banca Solidaria y Promipyme se consolidaron como pilares fundamentales para el crecimiento de los productores y suplidores de bienes destinados al sistema educativo, incluyendo las tandas extendidas y el desayuno escolar. Con tasas de interés competitivas y plazos accesibles, estos programas evitaron que los emprendedores y pequeños empresarios enfrentaran la quiebra por falta de financiamiento.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) desempeñan un papel crucial en la evolución económica de la República Dominicana y de toda América Latina. Su influencia se extiende más allá de la generación de empleos, contribuyendo activamente a la erradicación de la pobreza y al fortalecimiento del tejido productivo nacional.

Según datos oficiales, el 99.5% de las empresas formales en Latinoamérica son MIPYMES, de las cuales el 88.4% corresponden a microempresas. Estas generan aproximadamente el 61% del empleo formal en la región, lo que evidencia su importancia en la estabilidad económica y social.

Las MIPYMES son un catalizador del desarrollo nacional al fortalecer la cadena de valor y fomentar mercados competitivos. Por ello, en la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, el tercer eje contempla iniciativas dirigidas al fomento de la cultura emprendedora, la participación de la mujer en sectores no tradicionales, y el incremento de la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las MIPYMES.

Hacia una Ley de Pronto Pago para las MIPYMES (compromiso del PLD)

Los legisladores del PLD, Las asociaciones y grupos de emprendedores deben abogar por una Ley de Pronto Pago, que garantice condiciones justas en el cobro de sus productos y servicios. Es inaceptable que muchas pequeñas empresas tengan que esperar más de 45 días para recibir el pago por sus bienes, especialmente considerando las altas tasas de interés del financiamiento en la República Dominicana. En muchos casos, los emprendedores recurren al factoring, sacrificando parte de sus beneficios para obtener liquidez inmediata.

Los políticos comprometidos con el desarrollo económico deben asumir la responsabilidad de impulsar esta legislación como una prioridad en la agenda de políticas públicas. La estabilidad y crecimiento de la clase media dependen, en gran medida, de condiciones económicas justas y equitativas para los pequeños empresarios.

2025: Año Internacional del Cooperativismo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el 2025 como el Año Internacional del Cooperativismo, destacando su potencial para la inclusión social y la reducción de la pobreza. En este contexto, el movimiento cooperativo tiene la oportunidad de liderar iniciativas como la Ley de Pronto Pago, que beneficiaría tanto a sus socios como al desarrollo económico en general.

Asimismo, el Banco Central y el Banco de Reservas (BanReservas) deben asumir su responsabilidad en el apoyo a políticas financieras que impulsen el crecimiento y la estabilidad de las MIPYMES. Una economía más equitativa y sostenible solo será posible si se fortalecen los mecanismos de financiamiento accesible y se garantiza un entorno de negocios más justo para los pequeños empresarios.

Conclusión

Las MIPYMES no solo son el motor económico de la República Dominicana y de América Latina, sino también un pilar fundamental para la inclusión social y la estabilidad política. Es imperativo que el Estado, las instituciones financieras y el sector cooperativo trabajen de manera conjunta para garantizar condiciones equitativas que permitan su crecimiento y consolidación. La implementación de una Ley de Pronto Pago y el acceso a financiamiento accesible son pasos esenciales para seguir fortaleciendo el tejido empresarial y promoviendo un desarrollo sostenible e inclusivo.