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Por: Osiris Mota | La Seguridad Social dominicana fue concebida como un gran pacto nacional. Con la creación del Seguro Familiar de Salud, bajo el marco del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), el país dio un paso histórico hacia la protección universal. Sin embargo, más de dos décadas después, surge una pregunta incómoda, y después del desfalco a SENASA: ¿está el Seguro Básico de Salud protegiendo realmente a nuestros trabajadores frente al alto costo de la salud?
El trabajador formal cotiza cada mes con la expectativa de que, ante una enfermedad, el sistema lo respalde sin comprometer su estabilidad económica. Pero la realidad es otra. Los costos médicos en la República Dominicana han crecido por encima de la inflación general, impulsados por tecnología, medicamentos innovadores y una medicina privada que fija precios de mercado cada vez más elevados. Mientras tanto, el plan básico avanza con lentitud normativa y restricciones presupuestarias.
El resultado es preocupante: el afiliado asegurado termina pagando de su bolsillo diferencias por honorarios médicos, excedentes en estudios diagnósticos, medicamentos fuera del catálogo y copagos inesperados en internamientos. La protección financiera, que es el corazón de cualquier sistema de seguridad social, se debilita cuando el asegurado debe endeudarse o utilizar sus ahorros para completar un tratamiento.
No se trata únicamente de cuestionar a las Administradoras de Riesgos de Salud. El modelo dominicano —supervisado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)— responde a un diseño estructural donde los ingresos del sistema dependen casi exclusivamente del salario formal. En un país con alta informalidad laboral, la base contributiva es estrecha, mientras el gasto médico crece sostenidamente. La ecuación es simple: si el costo sube más rápido que las cotizaciones, el plan pierde capacidad de cobertura real.
Además, el catálogo de servicios no siempre se actualiza al ritmo de la innovación médica. La brecha entre la medicina disponible y la medicina cubierta genera tensiones, judicialización de casos y, sobre todo, desigualdad. Quien puede pagar la diferencia accede al mejor tratamiento; quien no puede, depende estrictamente de los límites del plan. Esa no fue la filosofía original del sistema.
Otra debilidad estructural es el débil enfoque preventivo. La carga creciente de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y los problemas cardiovasculares no puede enfrentarse solo desde la atención curativa. Sin políticas agresivas de prevención y educación sanitaria, el gasto futuro será insostenible. La Seguridad Social no puede limitarse a pagar facturas médicas; debe reducir el riesgo antes de que la enfermedad aparezca.
Estamos ante un punto de inflexión. El Seguro Básico de Salud no puede convertirse en una cobertura nominal que tranquiliza estadísticas pero no protege patrimonios familiares. La sostenibilidad financiera debe ir acompañada de suficiencia en beneficios. De lo contrario, el trabajador formal seguirá siendo el principal financiador de un sistema que no siempre le responde con la misma proporcionalidad.
El debate que el país necesita no es POLÍTICO, sino técnico y responsable: ¿cómo ampliar la base contributiva?, ¿cómo contener la inflación médica?, ¿cómo fortalecer la prevención?, ¿cómo garantizar que el plan básico sea verdaderamente suficiente? Evadir estas preguntas solo trasladará el problema a las próximas generaciones.
La Seguridad Social fue una conquista social trascendental. Pero toda conquista debe actualizarse para no convertirse en una promesa debilitada. El trabajador dominicano merece algo más que estar asegurado en el papel; merece estar protegido en la realidad.
