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El abogado Luis Yépez Suncar advirtió que, frente a la creciente preocupación por los hechos delictivos, violentos y de sangre que se han registrado en el país, la sociedad no puede permitir que la legítima necesidad de combatir la delincuencia derive en el uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza por parte de los agentes policiales.
Yépez Suncar, en su análisis semanal, señaló que, luego de los últimos acontecimientos delictivos, un amplio segmento de la sociedad, de manera comprensible ante el clima de inseguridad existente, ha llegado a considerar que a los delincuentes debe enfrentárseles “con su propia medicina”, sin contemplaciones ni límites.
Considera que ese sentimiento también ha encontrado eco en la actuación de las autoridades, que han asumido una política de mayor firmeza frente a quienes infringen las normas penales, registrándose casos en los que presuntos delincuentes han muerto durante actuaciones policiales calificadas como intercambios de disparos.
El jurista, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) explicó que, ante esta realidad, diversas entidades y organismos defensores de los derechos humanos han reclamado el respeto de la Constitución y de las garantías fundamentales, mientras que otro sector de la sociedad cuestiona esas posiciones y plantea quién defiende los derechos y la vida de las personas trabajadoras que se convierten en víctimas de los delincuentes.
Detalla en su exposición que el verdadero dilema no consiste en defender los derechos de los delincuentes, sino en impedir que se otorgue a la Policía una licencia abierta para quitar la vida a personas consideradas, de manera real o supuesta, criminales, sin observar los límites constitucionales y legales que regulan el uso de la fuerza.
“Todos estamos expuestos a perder la vida si se permite que la fuerza policial sea utilizada sin los controles necesarios, aun cuando no hayamos cometido ningún delito”, sostuvo el abogado al referirse a los riesgos que puede generar una actuación policial desproporcionada.
Como ejemplo de las consecuencias que puede tener una confusión durante una persecución policial, recordó el caso ocurrido en Villa Altagracia en 2021, cuando una pareja de esposos evangélicos murió a manos de agentes policiales después de ser confundida con personas que eran perseguidas por las autoridades.
Finalmente, sostuvo que la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales no deben ser presentados como objetivos incompatibles, pues precisamente el Estado de derecho exige que quienes tienen la responsabilidad de combatir el crimen lo hagan con eficacia, pero también dentro de límites que eviten el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza.
“Debemos condenar el uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza policial, para prevenir que mueran inocentes que no han infringido la ley”, afirmó.
