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Por: Margarita Cedeño | América Latina ha avanzado de manera notable en la participación política de las mujeres. Hoy, cerca del 37 % de los escaños parlamentarios de la región están ocupados por mujeres, una de las proporciones más altas del mundo. Sin embargo, detrás de ese dato alentador persiste la incómoda preguntad de si estamos avanzando realmente hacia una distribución igualitaria del poder o simplemente hemos mejorado la presencia de mujeres dentro de estructuras que continúan funcionando con reglas diseñadas y controladas históricamente por y para los hombres.
La República Dominicana refleja con claridad esa contradicción. Las elecciones de 2024 produjeron un avance importante en la Cámara de Diputados, donde las mujeres pasaron de 53 a 70 representantes, alcanzando el 36.8 %. Pero en el Senado permanecieron solo cuatro mujeres entre 32 integrantes, apenas un 12.5 %. Es decir, mientras más concentrado está el poder político, menor continúa siendo la presencia femenina.
Esto es muestra de que la cuota abre la puerta, pero no garantiza el poder. La legislación dominicana establece que las candidaturas a diputaciones, regidurías y vocalías deben respetar una proporción de género de no menos del 40 % ni más del 60%, aplicada por demarcación territorial. El Tribunal Constitucional ha establecido, además, que no basta cumplir matemáticamente la cuota, sino que las mujeres deben ser colocadas en posiciones realmente competitivas. Ese principio es fundamental porque existe una enorme diferencia entre estar en una boleta y tener posibilidades reales de ser electa Y de marcar la diferencia.
Sin embargo, las barreras aparecen desde antes de las elecciones, se manifiestan en la selección interna de candidaturas, en el acceso al financiamiento, en las estructuras partidarias, en la distribución territorial de las postulaciones y en la definición de quiénes reciben respaldo político, recursos y visibilidad. Por eso debemos comenzar a discutir más sobre las condiciones reales para competir.
Competir tiene un costo, uno de los problemas de la democracia del que hablamos poco. Las mujeres suelen acceder a las campañas con menores redes económicas y políticas, mientras continúan soportando una parte desproporcionada de las responsabilidades familiares y de cuidado. ONU Mujeres ha advertido precisamente sobre la necesidad de democratizar el financiamiento de partidos y campañas electorales en América Latina.
Si queremos igualdad política, debemos introducir mecanismos transparentes que permitan conocer cuánto financiamiento reciben las candidatas y los candidatos, establecer incentivos para los partidos que promuevan efectivamente mujeres en posiciones competitivas y fortalecer los sistemas de capacitación y acompañamiento para nuevos liderazgos. La igualdad electoral también necesita igualdad de oportunidades para financiar la competencia de forma ética, honesta y transparente.
Pero, además, a las barreras tradicionales se suma otra mucho más reciente, que es la violencia política digital. Una mujer que participa en política puede ser cuestionada por sus ideas, como cualquier dirigente. Eso forma parte de la democracia. Lo que no puede normalizarse es que sea atacada por su apariencia, edad, maternidad, vida familiar o condición de mujer.
La CEPAL advierte que la violencia de género facilitada por las tecnologías perjudica la democracia y obstaculiza la plena participación de las mujeres en los ecosistemas digitales. En América Latina, nueve países ya han adoptado legislación específica contra la violencia hacia las mujeres en política. República Dominicana necesita avanzar también en esa dirección, estableciendo mecanismos claros para identificar, denunciar y sancionar la violencia política de género, incluyendo aquella ejercida mediante plataformas digitales.
El próximo salto de la democracia dominicana no debe consistir simplemente en aumentar candidaturas femeninas. Necesitamos garantizar posiciones competitivas; transparentar el financiamiento electoral por sexo; promover mayor equilibrio en las candidaturas uninominales y en los principales espacios de dirección partidaria; establecer mecanismos eficaces contra la violencia política de género; y crear escuelas permanentes de liderazgo político para mujeres jóvenes, dirigentes comunitarias y liderazgos emergentes.
Los partidos deberían medir y publicar periódicamente cuántas mujeres participan en sus organismos de decisión, cuántas encabezan candidaturas competitivas, cuánto financiamiento reciben y cuántas llegan finalmente a posiciones de poder.
Esto así, porque la región está entrando en una nueva etapa. El Compromiso de Tlatelolco, aprobado en 2025 por los países de América Latina y el Caribe, planteó una década de acción para acelerar la igualdad sustantiva de género. República Dominicana tiene condiciones para asumir ese desafío.
No necesitamos mujeres en política únicamente para completar porcentajes. Las necesitamos participando en las decisiones económicas, sociales, territoriales e institucionales que definirán nuestro futuro. La igualdad política no consiste simplemente en permitir que las mujeres entren donde se toman las decisiones, sino en garantizar que también puedan tomarlas.
