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Por: Carlos Manzano | El acto celebrado el pasado 10 de noviembre, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, con motivo de la apertura de un programa de capacitación en ética para los servidores públicos, merece una reflexión especial.
Resulta contradictorio que se promueva la ética y, al mismo tiempo, se presente como un logro propio de este gobierno una iniciativa que tiene su origen en gobiernos anteriores.
La formación ética de los servidores públicos no comenzó con esta administración. Sus antecedentes se remontan al primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en 1997, cuando se diseñaron las herramientas metodológicas, se elaboraron los contenidos y se estructuraron los programas de capacitación para los servidores públicos.
Y puedo dar fe de ello, porque fui yo mismo quien lidereó, durante el período 1997-2000, el proceso de concepción, diseño e implementación de esos programas, así como la organización e impartición de los cursos de ética para servidores públicos en todo el territorio nacional.
Conozco de primera mano cómo surgió la iniciativa y cómo se desarrolló su ejecución en las distintas instituciones del Estado. No hablo de referencias ajenas, sino de una experiencia que viví y cuya conducción estuvo directamente bajo mi responsabilidad.
Por eso puedo afirmar que no estamos ante una iniciativa novedosa de este gobierno, sino ante una política institucional que tiene casi tres décadas de historia.
Es justo y racional que cada administración dé continuidad a las buenas iniciativas de sus antecesores, lo que no resulta aceptable es desconocer su origen y presentar como propio lo que fue concebido e impulsado por otros.
Aquí surge una contradicción fundamental: ¿cómo se puede predicar ética mientras se incurre en una práctica que contradice uno de sus principios esenciales? ¿Cómo hablar de honestidad, integridad y transparencia sin comenzar por reconocer los méritos ajenos?
Atribuirse méritos ajenos es contrario a la honestidad y al respeto por la verdad, siendo, precisamente esos, algunos de los valores que se pretende enseñar a los servidores públicos en los programas de ética.
La ética tampoco puede reducirse a seminarios, conferencias y cursos de capacitación. Estas actividades son necesarias, pero la verdadera integridad se demuestra con hechos: transparencia, rendición de cuentas, manejo honesto de los recursos públicos y coherencia entre el discurso y la actuación.
El Estado no comienza con cada gobierno. Las instituciones y las políticas públicas deben tener continuidad. Reconocer los aportes de quienes precedieron no resta méritos a quienes gobiernan hoy; por el contrario, demuestra madurez y responsabilidad institucional.
No reclamamos exclusividad sobre las buenas iniciativas. Reclamamos respeto por la historia, reconocimiento de la autoría y honestidad al presentar los logros de la gestión pública. Hay una diferencia entre continuar una iniciativa y apropiarse de ella.
La mejor manera de promover la ética es predicando con el ejemplo. Los ciudadanos necesitan gobernantes que no solamente organicen cursos y entreguen certificados, sino que practiquen los valores que proclaman.
La ética no tiene partido político, pero tampoco puede tener doble discurso. Quien pretende enseñar ética debe comenzar por practicarla. Porque atribuirse méritos ajenos no es ético, y predicar una cosa mientras se hace otra constituye una contradicción que ningún discurso puede justificar.
