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Por: Carlos Manzano | En los últimos meses, la opinión pública ha comenzado a expresar una preocupación cada vez más visible: el otorgamiento de “pensiones especiales” desde el Estado sin criterios claros ni justificaciones convincentes.
No se trata ya de comentarios aislados, sino de una inquietud que se repite en distintos espacios, donde ciudadanos y políticos cuestionan el uso indiscriminado de recursos públicos en favores y beneficios que no parecen responder ni a la necesidad social ni al mérito.
Dichas “pensiones especiales” se han constituido ya en una práctica que continúa desarrollándose sin mayor explicación, otorgadas sin criterios transparentes y, en muchos casos, sin una justificación social o legal evidente.
La Ley 379-81 establece un marco específico para las pensiones del Estado dominicano, sustentado en elementos objetivos como el tiempo de servicio, la vinculación con la administración pública y condiciones particulares, como la incapacidad.
Ese marco responde a la necesidad de garantizar que el acceso a recursos públicos esté regido por reglas claras, transparentes, verificables y equitativas.
Sin embargo, lo que se ha venido observando parece apartarse de esos criterios. Se han otorgado pensiones a personas que no han tenido ningún vínculo con el Estado, sin condiciones de vulnerabilidad comprobadas y sin aportes relevantes en ámbitos como el servicio público, la cultura o el deporte.
En lugar de responder a una política social estructurada, estas decisiones proyectan la imagen de un uso discrecional y abusivo de los recursos públicos, más vinculado a cercanías políticas y personales, que a méritos verificables.
La Constitución establece que la administración de los recursos del Estado debe regirse por criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad. No basta con la emisión de decretos para legitimar decisiones que comprometen fondos públicos de manera permanente; es necesario que dichas decisiones estén sustentadas en un interés público claro.
El problema no es únicamente jurídico, sino también ético y político. No se puede exigir sacrificios a la población mientras se mantienen prácticas que reflejan privilegios selectivos. La austeridad, para ser creíble, debe ser coherente. No puede ser rigurosa para la mayoría y flexible para unos pocos.
Cada pensión otorgada sin criterios claros erosiona la confianza ciudadana. Cada beneficio concedido sin justificación debilita la credibilidad institucional. Y cada decisión que aparenta responder a intereses particulares, en lugar del bien común, profundiza la percepción de desigualdad en el ejercicio del poder.
No se trata de negar que existan casos que ameriten pensiones especiales. En toda sociedad hay situaciones excepcionales que requieren una respuesta diferenciada: personas en condiciones de vulnerabilidad extrema o ciudadanos con aportes extraordinarios al país.
Pero precisamente por eso, esas excepciones deben estar reguladas y claramente definidas. De lo contrario, dejan de ser excepciones para convertirse en privilegios.
Además, cada pensión no es un gasto coyuntural y de momento, sino una obligación permanente para el Estado, financiada por los contribuyentes. Administrarlas sin rigor no solo es cuestionable, sino irresponsable desde el punto de vista fiscal y económico.
Al final, este no es solo un debate sobre números o decisiones administrativas. Es un debate sobre el tipo de Estado que se está construyendo.
Porque cuando el sacrificio se exige a muchos, pero los beneficios y privilegios se concentran en pocos, lo que se rompe no es solo el equilibrio del gasto público, sino el principio mismo de justicia.
Y es ahí donde este tema adquiere su verdadera dimensión: tarde o temprano habrá que rendir cuentas. No bastará con alegar costumbres administrativas ni precedentes. Habrá que explicar por qué se dispuso de recursos que pertenecen a todos en favor de unos pocos.
Porque cuando el privilegio se normaliza y la discrecionalidad sustituye a la norma, lo que queda no es una política social, sino un precedente nefasto. Uno que, inevitablemente, la población terminará exigiéndole rendición de cuentas.
