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El economista Richard Medina, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, calificó como alarmante la rapidez con la que se aprobó la nueva modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), sin un proceso amplio de consulta técnica y sectorial.
«Hace apenas un año que se hizo la reforma anterior mediante una ley; la modificación actual reconoce que la ley de 2025 necesitaba correcciones, y ahora se repite el mismo patrón: falta de diálogo con los sectores productivos», declaró Medina.
Recordó que distintos gremios han cuestionado que el proyecto avanzara sin la participación técnica de las instituciones vinculadas al tema de gestión de residuos sólidos, y sin un estudio de impacto regulatorio que justifique el monto de la contribución especial propuesta.
El también secretario general de la Circunscripción 1 del PLD en el Distrito Nacional plantea que el tamaño de la contribución es una carga adicional a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), lo que complica hacer negocios y emprender.
“Un emprendedor, dueño de MIPYME de servicios o comercial, está pagando una contribución, sin necesariamente estar generando residuos sólidos que justifique dicho pago, y lo hace cuando ya paga el servicio de recogida de basura al Ayuntamiento mensualmente”, explicó Medina.
Aunque reconoció la necesidad de recursos que tienen los Ayuntamientos y que República Dominicana debe gestionar mejor la basura, el economista destacó que las empresas que generan más residuos sólidos son las que más deben pagar, “es decir, quien más contamina debe aportar más”.
Exhortó al Congreso Nacional a escuchar a los sectores impactados y las instituciones técnicas del gobierno vinculadas con la gestión de residuos sólidos cuando se presenten nuevas oportunidades de revisión de la ley de residuos sólidos.
