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Por: Carlos Manzano | En uno de los documentos encontrados en la Secretaría
particular de Luis Echeverría Álvarez —cuando éste era presidente de
México— sobresale el siguiente texto: “por la acción de la propaganda
política podemos concebir un mundo dominado por una tiranía
invisible que adopta la forma de un gobierno democrático”.
Tomando en consideración el contenido de esa tan acertada
expresión, podemos deducir que la propaganda política, vestida de
publicidad oficial, ha llegado a convertirse en muchos países de la
región en una herramienta eficaz de control de la opinión pública.
Miles de millones de pesos se derrochan inmisericordemente
para mantener una cultura de maquinación y engaño a la población a
través de la compra de espacios en medios de comunicación y de
expresiones de diversos periodistas, con la intención de ensalzar y
halagar al gobierno o a figuras del gobierno de turno.
Lamentablemente, el uso perverso de la publicidad oficial se ha
venido convirtiendo, a través del tiempo, en un vulgar mecanismo de
censura, conduciendo cada día más hacia el deterioro al maltrecho
sistema democrático.
Si bien en la República Dominicana puede destacarse la
asignación indiscriminada de recursos para estos efectos, esta
constituye una práctica común en casi todos los gobiernos que nos
han sucedido.
El actual gobierno —a su tercer año de administración— tiene
previsto ejecutar la suma astronómica de alrededor de dieciocho mil
millones de pesos (RD$18,000,000,000.00), superando ya con creces
lo gastado por el anterior gobierno durante el mismo periodo.
El uso de publicidad oficial como mecanismo de censura
indirecta es un problema público que aqueja a buena parte de la
región latinoamericana, y a pesar de los muchos intentos para
enfrentar este flagelo, hasta hoy no existe un solo país que lo haya
resuelto.
La imperiosa necesidad de que la publicidad que promueve el
Estado sea empleada, única y exclusivamente, para informar sobre
temas de interés público, y que existan criterios claros, objetivos y
transparentes para su asignación sigue siendo aún parte de la agenda
pendiente.
Al principio de su gobierno, el presidente Luis Abinader anunció
que dentro del proyecto de fortalecimiento institucional de su
gobierno impulsaría la aprobación de una «Ley de Publicidad Estatal»
para establecer criterios transparentes y objetivos en el uso de los
recursos públicos.
A los tres años de su gestión, el tema luce olvidado y son
continuas y ascendentes las prácticas clientelares y la difusión
abusiva de mensajes publicitarios, utilizando recursos estatales, que
promueven acciones y promesas de este gobierno que nada tienen
que ver con el interés nacional.
Por mucho tiempo ha prevalecido en nuestro país la odiosa
práctica de “premiar” o “castigar” a los medios de comunicación y a
los periodistas con la publicidad oficial, ya sea que estos hagan o no
causa común con los intereses mezquinos del gobierno.
Esos mecanismos de censura indirecta suelen solaparse tras
potestades discrecionales, pero en el fondo de lo que se trata es de
un ejercicio arbitrario del poder público que afecta la libertad de
expresión y el derecho a la información.
Se hace necesario fijar ya criterios objetivos que eviten la
distribución discrecional y arbitraria en los presupuestos de las
instituciones públicas para promover intereses personales
y partidistas.
La falta de un marco regulatorio apropiado hace que se
produzcan abusos en las pautas publicitarias oficiales, fomentando la
irracionalidad, la discriminación y la corrupción en la asignación de los
presupuestos gubernamentales; así también, como la utilización de
publicidad oficial como subsidio encubierto para beneficiar, directa o
indirectamente, a comunicadores, medios de comunicación social o a
cualquier agente que forme parte de la cadena de su asignación o
colocación.
Urge la aprobación de una ley que regule y establezca criterios
claros sobre la forma de llevar a cabo y promover la publicidad oficial
en nuestro país, como forma de reducir el alto nivel de
discrecionalidad en la asignación presupuestaria para tales fines,
procurando evitar el despilfarro de fondos públicos, la corrupción y la
discriminación, lo cual viene afectando seriamente la libre expresión
del pensamiento en nuestro país, y con ello, al sistema democrático.
