Auditorias que Llegan Tarde

Por: Carlos Manzano | El anuncio del Gobierno de comenzar a publicar las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República merece ser recibido con responsabilidad, pero, sobre todo, con sentido crítico.
La transparencia será siempre bienvenida, pero publicar auditorías no puede convertirse, por sí mismo, en una prueba de transparencia y eficiencia institucional. En determinados casos, podría terminar siendo, precisamente, todo lo contrario: la evidencia de que los controles internos fallaron cuando más se necesitaban.

El debate no debería centrarse únicamente en si las auditorías se publican o no. La pregunta verdaderamente importante es cuándo se realizaron, qué detectaron, y qué ocurre después de que se identifican las irregularidades.
El control interno del Estado no puede ser visto como una herramienta para mirar hacia atrás. Su razón de ser es, fundamentalmente, prevenir, advertir y corregir oportunamente aquellas actuaciones que puedan comprometer los recursos públicos o vulnerar los procedimientos administrativos.
Por eso, cuando una auditoría identifica irregularidades dos, tres o incluso cuatro años después de ocurridos los hechos, surge una pregunta inevitable: ¿dónde estaban los controles cuando esas irregularidades estaban ocurriendo?
Una auditoría tardía puede documentar un problema, pero difícilmente puede impedir un daño que ya se consumó. El dinero que fue gastado irregularmente ya salió de las arcas públicas; el procedimiento que fue violentado ya produjo sus consecuencias y la decisión administrativa cuestionada ya surtió sus efectos.

En ese contexto, la publicación posterior de un informe de auditoria no debe confundirse con una respuesta a tiempo y eficaz del Estado. La transparencia no puede reducirse a publicar el diagnóstico de una irregularidad cuando el daño ya está hecho. También debe existir capacidad institucional para detectar las señales de alerta y actuar antes de que el problema se convierta en una pérdida para el patrimonio público.

Cuando una irregularidad aparece años después, corresponde preguntar por qué no fue detectada antes, qué mecanismos de control estaban vigentes, quién tenía la responsabilidad de supervisar, si existieron advertencias previas y qué medidas fueron adoptadas para evitar que la situación continuara.
También es necesario conocer qué consecuencias tuvieron esos hallazgos. Porque una auditoría que identifica irregularidades, pero no genera correcciones, responsabilidades ni recuperación de recursos cuando corresponda, corre el riesgo de convertirse en un simple documento administrativo archivado después de haber cumplido su función formal.

La ciudadanía necesita conocer la historia completa: cuándo ocurrieron los hechos, cuándo fueron detectados, cuánto tiempo transcurrió hasta la auditoría, cuánto dinero estuvo comprometido, qué daños causó, qué medidas correctivas se adoptaron y qué consecuencias enfrentaron los responsables, si las hubo. Ese es el verdadero estándar de transparencia.

No basta con mostrar lo que salió mal. Un Estado eficiente debe demostrar también que tiene la capacidad de impedir que los errores, abusos o irregularidades se repitan, y hacer las correcciones de lugar, oportunamente.
Porque existe una contradicción evidente en presentar como éxito institucional el descubrimiento tardío de irregularidades que los propios mecanismos de control debieron detectar y, cuando fuera posible, impedir.
Las auditorías son indispensables. Nadie cuestiona su importancia. Pero una auditoría realizada demasiado tarde puede terminar siendo apenas una fotografía administrativa de un daño ya consumado.
El Gobierno debe entender que el control interno no significa solamente auditar después. Significa, ante todo, prevenir antes.

La eficacia de los controles públicos no debería medirse únicamente por la cantidad de irregularidades que logran descubrir años después, sino también —y principalmente— por su capacidad para evitar que esas irregularidades ocurran.
El país no necesita controles que lleguen tarde. Necesita instituciones que actúen a tiempo.

Y si las auditorías llegan cuando el daño ya está hecho, en lugar de convertirse en una vitrina del éxito de transparencia y control interno, podrían terminar demostrando exactamente lo contrario: que el sistema de prevención falló y que el Gobierno no fue capaz de evitar aquello que tenía el deber de controlar.